El fin de una era en Uruguay: qué dejaron 15 años del Frente Amplio y los cambios que vienen

El Frente Amplio (FA) se convirtió el 31 de octubre de 2004 en la primera coalición de izquierda en llegar al poder en la historia de Uruguay. El triunfo de Tabaré Vázquez en primera vuelta, con el 50,45% de los votos, significó el ascenso de una alianza que, además de fuerzas moderadas como el Partido Socialista que él lideraba, incluía al Partido Comunista y al Movimiento de Participación Popular (MPP), heredero de los Tupamaros.

Esa victoria abrió una era, que se ratificaría en 2010, cuando José Mujica sucedió a Tabaré, y en 2015, cuando este volvió a la presidencia. Fueron 15 años consecutivos de gobierno, con éxitos muy claros al comienzo y también con fracasos, que se hicieron notorios en la etapa final.

El ciclo frenteamplista coincidió con el giro a la izquierda que marcó la primera década y media del siglo XXI en América Latina. La victoria de Luis Lacalle Pou en las elecciones del domingo pasado, que implica el retorno de un dirigente del Partido Nacional a la presidencia después de 25 años, también sigue a una tendencia regional: los gobiernos de izquierda perdieron la hegemonía.

Lo que no es tan evidente es si se abrirá ahora una nueva era de presidentes de derecha en Uruguay y en el resto de la región. La derrota de Mauricio Macri ante Alberto Fernández y Cristina Kirchner en Argentina es la prueba más contundente de que lo que se viene es incierto.

Del despegue económico al estancamiento

El mayor mérito del Frente Amplio en materia económica fue haber mantenido los equilibrios macroeconómicos con los que venía Uruguay, aprovechando el alza de precios de los commodities, para tener un crecimiento más acelerado y promover un reparto más equitativo de los ingresos. La economía uruguaya creció 67% a precios constantes entre 2005 y 2018, según cifras de la Cepal. Fue la sexta que más avanzó en el período.

En 2005 tenía el cuarto PIB per cápita de América Latina, 9.069 dólares. En 2018 subió a 14.535 y se ubicó segundo detrás de Chile, superando a Brasil y México, que antes estaban por encima.

Gracias al crecimiento económico y a una serie de políticas sociales dirigidas a los sectores de menores recursos, la pobreza cayó de forma sostenida. En 2007 era 19,3%, la proporción más baja de la región, y en 2017 se ubicó en apenas 2,7%, el mínimo latinoamericano por mucho margen.

La desigualdad también bajó mucho. El coeficiente de Gini pasó de 0,468 en 2007 a 0,390 en 2017, también el mínimo en América Latina. La diferencia de ingresos entre el 10% que más gana y el 10% más pobre pasó de 21 a 12 veces. En Brasil, por dar un ejemplo extremo, los ricos ganan 43 veces más que el decil de menores ingresos.

“Los gobiernos del FA fueron exitosos en varios frentes. En primer lugar, en la agenda social y en la agenda de derechos. El Estado de Bienestar uruguayo, ya consolidado, se expandió aún más y se profundizó. Dentro de las reformas más importantes se destacan la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, que extendió la cobertura a casi la totalidad de la población, el Sistema Nacional de Cuidados y la ampliación de las Asignaciones Familiares. En el ámbito de las políticas laborales, se reinstaló la negociación colectiva y se promovió la formalidad de amplios sectores de asalariados, entre ellos las trabajadoras domésticas y los trabajadores rurales”, dijo a Infobae Verónica Pérez, profesora del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República.

Vázquez, médico de profesión, puso especial énfasis en la política sanitaria durante su primer gobierno. En 2008 impulsó la reforma de salud, que buscó bajar los costos y mejorar la calidad de atención. También ejecutó un plan antitabaco que fue reconocido internacionalmente, sobre todo por las fuertes restricciones para fumar en lugares públicos y la prohibición de las publicidades de cigarrillos.

No obstante, los resultados de la gestión fueron decrecientes, especialmente en la economía. La desaceleración de China y la consecuente baja de los commodities afectó tanto a Uruguay como a sus vecinos. La expansión cayó en los últimos años a un promedio de 2% anual y en 2018 fue de apenas 1,6 por ciento. Si bien la pobreza siguió bajando, se estancó la reducción de la desigualdad, que está en torno a 0,390 desde 2012.

“Se pueden evidenciar logros muy estimables en temas económicos y sociales, como crecimiento ininterrumpido, bajas pronunciadas de la pobreza y de la indigencia, y un aumento de salarios del 55% en términos reales. Pero en el último bienio la situación se ha empantanado. El crecimiento se estancó, cayó la inversión, se incrementó fuertemente el déficit fiscal, que alcanza actualmente casi un 5% del PIB, el país se encareció y aumentó la desocupación. Todo esto impactó especialmente en el sector agropecuario y en el interior urbano, lo que se tradujo en la segunda vuelta: el oficialismo ganó solo en Montevideo y Canelones, pero perdió en los otros 17 departamentos”, explicó el historiador y politólogo Gerardo Caetano, profesor de la Universidad de la República, consultado por Infobae.

El encarecimiento de la vida cotidiana es uno de los problemas que deja el FA. Es una consecuencia de que subió la presión impositiva y de que el gobierno tuvo dificultades para controlar la inflación. Uruguay terminó 2018 con la cuarta más alta de la región, 8 por ciento. Si bien está lejos de la hiperinflación venezolana y del 47,1% de Argentina, excluyendo esos casos extremos, la media regional es 2,6 por ciento.

“El FA perdió una buena cantidad de votos entre el triunfo cómodo en primera vuelta en 2004 y ahora. Un orden de motivos tiene que ver con la evaluación retrospectiva de su desempeño en los últimos años. El FA fue bajando escalones. El primer gobierno fue muy exitoso, el de Mujica fue bastante menos logrado y más polémico, y el segundo de Vázquez fue mucho menos brillante que el primero. Hay críticas a la actuación en un contexto en el que se terminó el ciclo de prosperidad. Hay sectores específicos que se sienten afectados por la situación económica y por las cargas que la propia gestión del FA ha generado en términos de gasto público, impuestos y costo de vista. Uruguay es uno de los países más caros del mundo”, sostuvo Jorge Lanzaro, fundador y profesor del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República, en diálogo con Infobae.

El avance del rechazo hacia el Frente Amplio

Uno de los temas más divisivos que atravesaron a los primeros dos gobiernos del Frente fue el debate por la despenalización del aborto. A fines de 2008, el Congreso aprobó una ley que fue vetada por Tabaré. Cuatro años más tarde, el Legislativo sancionó una segunda norma que terminó siendo promulgada por Mujica. La oposición, liderada entonces por Lacalle Pou, quiso realizar un plebiscito para que la población se expidiera sobre la ley, pero no consiguió las adhesiones necesarias.

Durante el gobierno de Mujica se aprobó también la Ley de Matrimonio Igualitario, que convirtió a Uruguay en el segundo país de la región en habilitar el casamiento entre personas del mismo sexo. Pero la reforma por la que será más recordado el ex tupamaro es la legalización de la venta de marihuana para consumo recreativo, aprobada en octubre de 2012.

Además de permitir el cultivo particular de cannabis, el Estado empezó a producir la planta y a venderla en farmacias. La medida fue celebrada por parte de la comunidad uruguaya e internacional como un avance en términos de derechos individuales y un cambio de enfoque necesario en la lucha contra el narcotráfico. Pero también generó fuertes cuestionamientos en otros segmentos de la sociedad, que la consideraron una liberalización excesiva que podría alentar el consumo.

“El FA tuvo un desempeño muy importante en el primer gobierno —dijo Lanzaro—. Llegó muy preparado y realmente hizo innovaciones e implementó políticas públicas significativas. Logró un compromiso político, económico y social entre sectores de clase media y media alta, con las políticas hacia los sectores populares y asalariados. En parte porque la economía estaba en un ciclo muy propicio, y en parte porque los cambios que impulsó fueron moderados. A pesar de tener mayoría parlamentaria, no fue arriesgado y no realizó reformas con dosis de agravio fuertes, como ocurrió en otros países. El segundo gobierno no llegó tan bien preparado. Mujica es un excelente predicador, pero no es un buen gobernante. Fue un periodo en el que se abrieron contenciosos mucho más intensos”.

Si el objetivo de la legalización era combatir la delincuencia asociada a la venta de drogas, el resultado estuvo lejos de ser el esperado. Sin dudas, el mayor fracaso de las gestiones del Frente Amplio hay que buscarlo en la política de seguridad. Los asesinatos alcanzaron un récord en 2018, cuando se registraron 414, un 45,8% más que en 2017. La tasa de homicidios, que era de 5,6 cada 100.000 habitantes en 2005, se duplicó y terminó en 11,2.

“El tema que más preocupa a los uruguayos desde 2009, de acuerdo con los registros de opinión pública, es la inseguridad —dijo Caetano—. Esto fue fundamental en la campaña. En la primera vuelta, sin apoyo de ningún candidato presidencial, la reforma ‘Vivir sin miedo’ (que proponía que los militares resguarden las calles) obtuvo un 47% de apoyo, que es muchísimo. Ese respaldo correlaciona fuertemente, entre un 75% y un 85%, con el voto por los partidos opositores”.

A pesar de tener una prosperidad y una estabilidad que son envidiables para cualquier país de América Latina, Uruguay tiene más asesinatos que muchos de sus vecinos. Chile, Argentina, Paraguay, Ecuador, Bolivia y Perú tiene una tasa inferior a los 8 cada 100.000 habitantes.

Además, las denuncias por robos violentos crecieron 53,8% en 2018, y los hurtos, 25,8 por ciento. Vázquez había prometido en 2014 una baja de 30% en el delito, así que la frustración es ostensible.

Al desgaste por la desaceleración económica, la fallida política de seguridad y el enojo con ciertas medidas puntuales, el FA le sumó una campaña bastante deslucida. Eso le facilitó el trabajo a Lacalle Pou, que sólo debía que mostrarse como alguien nuevo al que tenía sentido darle una oportunidad por el agotamiento del ciclo anterior.

También fue clave la predisposición de los principales actores opositores para unirse en la “coalición multicolor” que se materializó en el ballotage. Al Partido Nacional de Lacalle Pou se sumaron el Partido Colorado y Cabildo Abierto, del general retirado Guido Manini Ríos, junto a dos fuerzas menores: el Partido de la Gente y el Partido Independiente.

“En un escenario menos próspero, las cámaras empresariales y los sectores del agro incrementaron su activismo en contra del gobierno. A la vez, la oposición jugó bien instalando un relato que enfatizaba que ‘todo iba mal’ y que ‘estaba bueno cambiar’. En el medio, surgió un partido con rasgos militares y neoconservador, Cabildo Abierto (CA), que obtuvo el 11% de los votos en la primera vuelta. Es probable que CA haya disputado una parte de los votos que el FA obtenía entre los pobres. Estos sectores se vieron atraídos por el discurso de seguridad y orden que promovía este nuevo partido”, afirmó Pérez.

Por último, Daniel Martínez no era el candidato ideal para esta etapa, en la que el FA debía mostrar que podía renovarse. Este ingeniero de 62 años, que se destacó como intendente de Montevideo entre 2015 y 2019, no tiene la envergadura política de Tabaré ni el carisma de Mujica, y no pudo ofrecer una propuesta clara. Las disidencias al interior de la fuerza y los reparos hacia su candidatura tampoco ayudaron a apuntalarlo.

¿Hacia una nueva era?

Las elecciones del domingo permiten sacar dos conclusiones. La más obvia es que el Partido Nacional y la coalición multicolor que apoyó a Lacalle Pou en la segunda vuelta tienen diferencias programáticas indiscutibles con el FA, así que lo esperable es que haya cambios de cierta magnitud en los próximos cinco años.

La menos obvia es que difícilmente estos cambios vayan a ser bruscos. Una señal la dio la ciudadanía al dividir su voto casi en partes iguales. Si la diferencia terminó siendo menor a 30.000 votos, muy por debajo de lo que anticipaban las encuestas, es porque muchos miraban con desconfianza la continuidad del FA, pero no querían darle carta blanca a Lacalle Pou. Lo que la mayoría quiere es que haya equilibrio.

“Es una alternancia que no va a ser trivial, pero tampoco va ser radical, ni drástica —dijo Lanzaro—. Primero, porque buena parte de los sectores de oposición no se proponen una alternancia radical, sino hacer innovaciones y reformas. Segundo, porque las dificultades para innovar son importantes. Transformar la coalición electoral en una de gobierno es una tarea de gestión política importante, que de por sí va a tener un efecto moderador. Por otro lado, más del 40% del Parlamento seguirá en manos del FA, que además tiene gran penetración en la sociedad civil, en organizaciones sociales, en el sindicalismo, en el sistema educativo y en la cultura. Son focos ideológicos y de acumulación política, que pueden servir como puntos de veto para un gobierno de otro signo”.

Otra señal de que lo esperable es que haya moderación fue la reacción de los dirigentes tras conocer los resultados. El presidente electo dio un discurso muy mesurado el domingo a la noche y aceptó esperar el escrutinio definitivo para proclamarse ganador. Martínez no quiso tirar la toalla a pesar de que el resultado era probabilísticamente irreversible, pero siempre se mostró cauto y este jueves concedió la derrota. Nadie puso en duda la transparencia del proceso.

“No es fácil de prever la posición del nuevo presidente ante muchos temas importantes. El estiramiento ideológico de la coalición la ha transformado en un partido ‘atrapa todo’, y cada acción va a generar una reacción hacia adentro. El próximo gobierno deberá gastar sus fuerzas más en lo político que en lo económico, aunque deberá reducir urgentemente el gasto fiscal si no quiere hipotecar prontamente sus chances para las próximas elecciones”, dijo a Infobae el politólogo Andrés Raggio, investigador del Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay.

En el plano internacional, el nuevo gobierno parece más alineado con sus vecinos. Lacalle Pou está más cerca que Tabaré de Jair Bolsonaro, Sebastián Piñera, Mario Abdo y Jeanine Áñez. Pero el principal socio de Uruguay es Argentina y allí tendrá que lidiar con Alberto Ferández, que en plena campaña apoyó públicamente a Martínez.

Por eso, es difícil imaginar si se está abriendo una nueva era en Uruguay y en la región. Las restricciones políticas y económicas anticipan una gestión compleja para Lacalle Pou. Más allá de los cambios de gobierno que se vieron en muchos países en los últimos años, lo que prima en América Latina cuando se acaba la bonanza es la inestabilidad antes que un giro político e ideológico definido.

“El contexto latinoamericano tendrá más incidencia en Uruguay de lo que este puede incidir en el contexto, producto de su tamaño relativo —continuó Raggio—. La posición intermedia de Uruguay en el contexto regional actual no es vista de la misma manera por todo el sistema político nacional ni regional. Desde el gobierno actual se cree que el país ha actuado bajo las normas del derecho internacional, pero para la antigua oposición el país cayó en la lógica del ‘Club de amigos’. Respecto de Venezuela, el próximo gobierno apoyará a Juan Guaidó y con seguridad formará parte del nuevo club, el Prosur. Cómo puede esto repercutir a nivel regional es difícil de prever”.

El futuro del Mercosur seguirá siendo una incógnita. Es probable que Lacalle Pou tenga más coincidencias con Bolsonaro en su idea de abrir el bloque y hacer acuerdos de libre comercio con otras regiones. Pero lo que suceda dependerá en última instancia de cómo evolucione el vínculo entre el presidente brasileño y su nuevo par argentino, de cuál sea la agenda de este último y de hasta dónde esté dispuesto a llegar el primero en sus amenazas rupturistas.

“El resultado electoral en Uruguay puede verse como partícipe de un giro en una perspectiva contraria a la de los llamados ‘gobiernos progresistas’. En materia de política exterior habrá cambios, como una postura mucho más dura con respecto al régimen de Venezuela, así como una línea más aperturista en materia comercial. En varios sentidos, lo último ya estaba en la política del actual gobierno, pero sin duda será radicalizado por Lacalle Pou. En cuanto a la inserción en el Mercosur, del mismo modo que hubiera ocurrido con Martínez, las relaciones con el nuevo presidente argentino serán muy buenas, al igual que con los mandatarios de Brasil y Paraguay. Creo que Uruguay como Estado ha terminado aprendiendo a no ideologizar sus vínculos y estrategias internacionales”, concluyó Caetano.

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