Crece la presión contra el régimen cubano por la liberación del disidente José Daniel Ferrer, quien lleva 55 días arbitrariamente en prisión. Este lunes, la familia del coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) desafió a la dictadura castrista al apostarse a las afueras de la cárcel Aguadores para exigir la visita que le corresponde.
El portal Cubanet informó que desde la mañana se encuentran allí la esposa de Ferrer, Nelva Ortega Tamayo, y tres de sus hijos: Daniel José, de cinco meses; José Daniel, de 17 años; y Fátima Victoria, de 14.
“Me dijeron primero que no tocaba visita, luego nos dijeron que solo pasaría José Daniel Ferrer Cantillo, que es menor de edad, y nos negamos, porque tenemos el derecho a pasar toda la familia”, reclamó Nelva.
La esposa de Ferrer tiene la entrada prohibida por un año a la prisión donde se encuentra recluido el disidente. En diálogo con Cubanet, denunció que el diario oficialista Granma mintió recientemente sobre el régimen de visitas.
“Granma publicó que a mi esposo se le estaba respetando el derecho a visitas, que estaba recibiendo atención médica, y todo eso es una burda mentira”, aclaró.
Dionisio García, Arzobispo de Santiago de Cuba, visitó recientemente al líder de la UNPACU e informó a Nelva Ortega que Ferrer se encuentra en una celda de castigo, sin recibir atención médica adecuada.
El religioso también le comentó que, si bien ya dejó la huelga de hambre, el disidente está muy delgado y recibe golpizas por negarse a utilizar el uniforme de la prisión.
En un comunicado difundido los primeros días de noviembre, la UNPACU sostuvo que el régimen de Miguel Díaz-Canel “está asesinando lentamente” a Ferrer.
La organización disidente señaló, además, que Ferrer comenzó la huelga de hambre el 6 de octubre -cinco días después de su detención- porque “le estaban suministrando agua con fetidez para beber y alimentos en mal estado que le causaban una aguda acidez”.
De acuerdo a lo denunciado por la UNPACU, las autoridades carcelarias ubicaron en la celda del disidente a un preso común “con un amplio historial criminal y agresivo que le golpea cada vez que alza la voz y protesta o demanda atención médica”.
Condena internacional
Tras la detención arbitraria de Ferrer, la comunidad internacional exigió su liberación al régimen castrista. El pasado mes de octubre, Amnistía Internacional (AI) expresó su preocupación por la detención del disidente.
“Ferrer García debería ser informado de los cargos por los que se le acusa o de lo contrario ser liberado, tener acceso a abogados elegidos por su familia y acceso a atención médica", indicó el organismo internacional.
“A Amnistía Internacional le preocupan profundamente las informaciones que afirman que se encuentra detenido e incomunicado”, comentó luego en un comunicado Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de AI.
Guevara recordó que Ferrer “ya había sido previamente encarcelado, hostigado e intimidado por las autoridades cubanas durante más de una década debido a su activismo político”. Por ese motivo, AI lo declaró anteriormente como “preso de conciencia” junto con otras 74 personas encarceladas en 2003, “únicamente por expresar pacíficamente sus opiniones”.
La ONU también se expresó sobre el caso a través del Alto Comisionado de Derechos Humanos, que exigió al régimen “proteger” la vida de Ferrer “ y su integridad personal”., tras una denuncia presentada por la ONG Prisoners Defenders.
En medio de la creciente presión internacional, la semana hubo un cruce entre las autoridades de Estados Unidas y las cubanas, luego de un artículo publicado por Granma en el que La Habana acusaba a la encargada de negocios en la Embajada de Estados Unidos en la isla, Mara Tekach, aunque sin nombrarla, de conducir “personalmente” una “campaña de calumnias y descréditos”.
La Habana ha considerado que Washington impulsa una campaña subversiva para contrarrestar su “fracaso político” y, en particular, su incapacidad para “rendir” a los cubanos frente al bloqueo económico. Así, ha rechazado la “nueva campaña de calumnias y descrédito” supuestamente lanzada por las autoridades norteamericanas aprovechándose del caso Ferrer, según el citado medio.
Tekach había advertido que Ferrer, a quien calificó de “preso político”, corre “grave peligro”.
Tras las acusaciones de La Habana, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, emitió un comunicado, en el que tildó de “infundadas” esas acusaciones.
“El Gobierno de Estados Unidos condena fuertemente las acusaciones del régimen de (Raúl) Castro contra nuestra encargada de negocios en la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mara Tekach”, apuntó el texto.
Pompeo aseguró que el régimen cubano intenta “distraer a la comunidad internacional de su trato severo al pueblo cubano, especialmente la detención arbitraria en curso del disidente José Daniel Ferrer”.
En este sentido, ha dicho que su encargada de negocios y su equipo en la Embajada de Estados Unidos en La Habana “se mantienen firmes mientras que llevan a cabo la misión encomendada por el presidente de defender los Derechos Humanos y promover la causa de la democracia en Cuba".
Pompeo ha enfatizado que parte del trabajo de Washington en Cuba es denunciar las violaciones y abusos de los Derechos Humanos del régimen de Castro. “El embajador de Cuba en Washington disfruta de su libertad de expresión, aquí en Estados Unidos, y la usa para criticar nuestro Gobierno”, ha dicho Pompeo en el texto, en el que ha agregado que espera que “los más de cien presos políticos y los cientos de disidentes que están sujetos al acoso oficial, puedan disfrutar de esa misma libertad de expresión”.
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