El dirigente opositor y jefe del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ha denunciado este viernes que su equipo de seguridad ha obtenido información de una orden emitida por parte del Gobierno para hacerlo “desaparecer”.
“He hecho públicas las amenazas que hemos recibido de parte del Gobierno. No tengo miedo a pesar de saber que son capaz de cualquier cosa”, ha señalado Camacho a través de su cuenta en la red social Twitter. “Sin embargo, si sucediera algo, el pueblo boliviano sabe quienes son los responsables”, ha añadido.
Camacho, quien llegó este miércoles a la localidad boliviana de La Paz para entregar una carta al presidente, Evo Morales, en la que pide su renuncia, ha afirmado que “no me voy a mover”. Asimismo ha pedido garantías, en especial para su equipo.
“No voy a huir, no voy a escapar, pero quiero decirle a mi país que si algo sucede hoy o mañana, el responsable es el Gobierno. Esta información la tenemos de fuentes fidedignas”, ha recalcado.
El opositor ha confirmado horas antes que hará la entrega de la carta a Morales este lunes. Según Camacho, su misión es entregar la carta a Morales en un intento de lograr la pacificación del país, que desde hace 16 días está sumido en constantes movilizaciones y protestas que se han extendido a todo el país, tal y como recoge el diario local ‘El Deber’.
Asimismo, está previsto que el líder cívico sostenga varias reuniones con diferentes actores políticos y sociales del país. Este jueves, fue arropado por una multitud concentrada en Adepcoca, entidad que aglutina a los productores de hoja de coca de los Yungas (La Paz).
Camacho llegó a la ciudad junta a Marco Antonio Pumari, líder cívico de Potosí. Los dos han sido ovacionados por los cocaleros, que le demostraron su apoyo y los han instado a continuar su labor de liderar los movimientos que buscan la salida de Morales de Palacio, algo que el MAS y las autoridades han rechazado y han calificado como un intento de golpe de Estado.
CRISIS ELECTORAL
Las protestas en Bolivia estallaron la misma noche de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 20 de octubre por la suspensión repentina de la transmisión de los resultados oficiales justo cuando obligaban a una segunda vuelta entre Morales y Mesa.
Cuando se retomó, casi 24 horas después, concedían la victoria en primera vuelta a Morales, por lo que Mesa ha denunciado un “fraude gigantesco”. Ambos llamaron a la movilización de los suyos, lo que ha derivado en disturbios. Al menos tres personas han muerto y más de 190 han sido detenidas en estas dos semanas.
En este contexto, Morales ha accedido a que la OEA, apoyada por países como España, México o Perú, realice una auditoría electoral de carácter vinculante. Mesa, en cambio, no la acepta porque dice que es fruto de un acuerdo unilateral entre el Gobierno y el bloque hemisférico sin tener en cuenta a la oposición.
Con información de Europa Press
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