
La Fundación para la Democracia, que trabaja en la defensa de los derechos humanos y en el fortalecimiento de la Democracia, organizó una misión liderada por su presidente, Guillermo Whpei, y la nobel de la paz, Rigoberta Menchú, en tierra chilena para verificar el compromiso del Gobierno y las Fuerzas de seguridad con los derechos humanos.
“Es una misión de solidaridad y denuncia”, explica Marina Sala, directora de la organización, que también viajó a Chile. Llegaron el viernes y desde entonces se reunieron con más de 25 ONG, tuvieron una entrevista en el Instituto Nacional de DDHH (INDH), se reunieron con estudiantes heridos y tienen previsto recorrer hospitales.
Mañana a las 10 de la mañana van a estar en la casa central de la Universidad de Chile para la lectura pública de un petitorio que intentarán entregarle al presidente Sebastián Piñera.
“Nos encontramos con una magnitud insospechada de heridos, la cantidad de es mucho mayor a las cifras oficiales”, denuncia a Fundación Democracia. Su directora espera que figuras como Menchú y Whpei ayuden a visibilizar la situación. “Hay cantidad de delitos no denunciado, la gente tiene mucho miedo”, agrega.

“La preocupación es mundial sobre Chile por todo lo que ha pasado. Nos preocupa la orientación que tengan los carabineros (policías) en relación a las manifestaciones porque han ocurrido heridos, desaparecidos, niños... incluso la posibilidad de abuso sexual a las mujeres, métodos repudiables y condenables en el mundo entero”, dijo Menchú en declaraciones recogidas pro al agencia EFE.
La guatemalteca, Premio Nobel de la Paz de 1992, dijo que vino a Chile a mostrar su solidaridad con las víctimas y también a ejercer su “responsabilidad de observar la no violación de los derechos humanos y observar la actitud de las autoridades”. “Queremos saber cuáles son las autoridades directamente implicadas en usar represión”, aseveró quien también fue galardonada con el premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 1998.
DENUNCIAS, HERIDOS, FALLECIDOS
La Fiscalía tiene abiertas hasta el momento 840 investigaciones penales en todo el país por denuncias de violencia institucional, las que involucran a igual número de víctimas, en el contexto de los desmanes ocurridos en Chile desde que el pasado 18 de octubre comenzara un estallido social que exige reformas al Gobierno para una mayor igualdad.
Entre esos casos, el Ministerio Público investiga 23 muertes ocurridas en el contexto del estado de excepción, que rigió durante la semana pasada en gran parte del país y que otorgó a los militares la responsabilidad de mantener el orden público, para lo que recurrieron a toques de queda cada noche.
Esa cifra de fallecidos contrasta con la que el Gobierno ha informado hasta el momento de manera oficial y por la cual serían un total de 20 personas las que han perdido su vida en el contexto de las protestas sociales que vive el país.
Por su parte, el INDH ha acometido hasta el momento 179 acciones judiciales, entre ellas 5 por homicidios presuntamente cometidos a manos de agentes del Estado para reprimir las protestas. Por la acción de las fuerzas del orden y del Ejército, desde el comienzo de las protestas el INDH ha puesto 18 querellas por violencia sexual (desnudos, amenazas, tocaciones y dos violaciones), y 132 por “otras torturas”.
Este ente también contabiliza hasta el momento que ha habido 4.316 detenciones y que 1.574 personas se encuentran hospitalizadas por heridas, de ellas 40 por disparos de bala, 473 por disparos de perdigones, 305 por arma de fuego no identificada, y 30 por balines.
El INDH puntualiza que hay centros asistenciales en donde no ha podido recabar información y que, teniendo en cuenta además los heridos que no acuden a centros médicos, la cifra de personas heridas podría ser el doble, tal y como expresó, por ejemplo, el Colegio de Médicos del país.
Por su parte, la Cruz Roja ha dicho que el balance de heridos del INDH “se quedó corto” y que la cifra supera las 2.500 personas hasta la fecha.
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