Qué representa la suspensión de la cumbre del cambio climático en Chile para América Latina

La cumbre de cambio climático COP-25, que iba a realizarse dentro de un mes en Santiago de Chile, fue suspendida por el gobierno encabezado por Sebastián Piñera. Esa reunión anual del comité de la ONU debía culminar con algunos puntos todavía pendientes para avanzar con el Acuerdo de París, cuyo objetivo es que el esfuerzo global detenga en 1.5ºC el alza de la temperatura media del planeta.

El presidente anunció que la cumbre se mudará a Madrid, pero ya algunas voces señalan que lo sucedido es una oportunidad perdida para América Latina y, especialmente, para la sociedad civil chilena que quería mostrar al mundo que su país está lejos de ser el líder en combatir la crisis climática.

“La suspensión de la COP en Chile da cuenta de muchos de los problemas que está atravesando toda nuestra región. Hay que recordar que fue muy difícil conciliar la cumbre en Chile por los conflictos internos, por ejemplo con Venezuela. Para América Latina significa que con esta decisión se pierde una oportunidad de destacar el problema de la crisis climática y de darle visibilidad a este problema que tanto afecta y va a afectar a todos nuestros pueblos. Una cumbre es un espacio que trae atención, moviliza gente, destaca problemas y desafíos y trae oportunidades. Es muy probable que no ocurra en otro país de la región, a la que recién volvería a tocarle en cinco años”. explica a Infobae Enrique Maurtua Konstantinidis, experto en cambio climático de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn).

La directora ejecutiva de Chile Sustentable Sara Larraín, expresó: "Lamentamos la suspensión de la COP 25 en Chile pues dificulta las negociaciones climáticas que ya estaban difíciles. Pero reconocemos que nuestro país no puede ofrecer condiciones políticas, ni de seguridad para la Cumbre”. Aunque aún no hubo anuncios oficiales, se estudiaban como sedes alternativas Bonn, en Alemania, que ya se ofreció, y Nueva York, siempre en instalaciones de las Naciones Unidas.

En un comunicado, las organizaciones indicaron que seguirán trabajando para resolver la crisis social que también es ambiental. Es que en Chile, a pesar de que, por ejemplo, el gobierno ha priorizado la publicidad de la adopción de movilidad eléctrica en Santiago, hay varios conflictos ambientales que estaban latentes. Uno de los mayores problemas está relacionado con la generación eléctrica a partir del carbón. Piñera anunció un plan de descarbonización a 2050, pero las ONGs consideran que es muy poco ambicioso.

En Chile existe lo que los propios ciudadanos denominan “zonas de sacrificio”, en las que funcionan estas usinas de carbón donde las enfermedades respiratorias son algo habitual y la calidad del aire y el agua se ha deteriorado notoriamente.

De hecho, las organizaciones ambientalistas elaboraron un petitorio con prioridades: en primer lugar, poner fin a las “zonas de sacrificio” mediante el cierre de plantas de carbón y adoptar los estándares que recomienda la OMS; segundo, reformas políticas para enfrentar la crisis hídrica, lo que implica cambios profundos del Código de Aguas, proteger los glaciares y recuperar el estatus legal del agua como bien público. Tercero, han pedido también al gobierno firmar el Acuerdo de Escazú para avanzar hacia la justicia ambiental; y finalmente retirar los proyectos pro inversión, que debilitan la evaluación ambiental , y pretender obstaculizar la protección del agua, los usos prioritarios y la protección de los glaciares.

El servicio de provisión de agua de Chile es totalmente privado y la grave sequía que afecta varias regiones perjudica a cientos de miles de personas. Las ONGs entienden que es en detrimento de, por ejemplo, la producción de palta.

“Esta reunión era clave a nivel mundial para llegar, con los próximos compromisos, a la Cumbre Climática del 2020”, señala Ricardo Bosshard, Director de WWF Chile, pues los compromisos asumidos en 2015, que a decir del experto son “poco ambiciosos” y “no se están logrando”, vencen el próximo año.

Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Ambiente de Colombia, explica que “las metas voluntarias nacionales no nos ubican en la senda de no incrementar la temperatura del planeta en 1.5 grados centígrados, sino en camino de 2 o 3 grados, lo cual ya se ha dicho no es suficiente”.

En esta cumbre también debía definirse el artículo 6 del libro de reglas que reglamenta el Acuerdo de París. Es el que debe definir, por ejemplo, cómo funcionará el mercado de carbono para que quienes puedan, por ejemplo, disminuir mucho sus emisiones y “vender en el mercado” sus logros, no generen una doble contabilidad para las compradores.

Para América Latina, por caso, debían negociarse acuerdos para detener la degradación de los bosques y restaurar grandes superficies boscosas (aforestación). También se debía llegar a acuerdos para la protección de los océanos. Todas estas demandas “continúan estando presentes, puesto que las urgencias mundiales siguen tan urgentes como hace una semana o un día”, dice Bosshard. La cuestión ahora es definir dónde se va a realizar la reunión “porque tenemos que llegar a Glasgow (Escocia) con muchas soluciones hechas”, agrega el director de WWF.

La Sociedad Civil por la Acción Climática Chilena también se expresó tras la decisión de Piñera: “Nos preocupa que el gobierno al cancelar esta instancia internacional, esté renunciando a dar respuesta a las legítimas demandas sociales que se han manifestado en las últimas semanas, y que exigen soluciones de nivel estructural, como es la creación de una asamblea constituyente para cambiar la actual constitución elaborada en dictadura, por una en la que la ciudadanía se sienta representada. Por otra parte, es necesario recordar, que pese a esta lamentable decisión, Chile todavía mantiene la presidencia entrante de la COP, así que como país continuamos teniendo la responsabilidad de que esta institución cumpla con sus objetivos”.

Los argumentos de Piñera ante el anuncio de la suspensión de esta reunión internacional giraron en torno a “restablecer plenamente el orden público y la paz social”. También habló de impulsar con toda la fuerza y la urgencia que se requiere la nueva agenda social para responder a las principales demandas de los ciudadanos, así como un proceso de diálogo para escuchar los ciudadanos chilenos.

En tanto, hasta el miércoles por la tarde, el Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile (INDH) contabilizaba 1233 personas heridas en hospitales y 3712 personas detenidas. Según el Colegio Médico, más de 100 habían perdido la visión en alguno de sus ojos por el impacto de un perdigón, un balín o una bomba lacrimógena. Veinte personas habían muerto. El INDH, además, ha presentado hasta el momento 138 acciones judiciales; 92 de ellas por apremios ilegítimos o torturas, 18 por violencia sexual y 5 por homicidios que se habrían sido cometidos por agentes del Estado.

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