El gobierno chileno reconoció este martes situaciones que involucran a las fuerzas del orden que “parecen ser violaciones a los derechos humanos”, durante el estallido social desatado hace 11 días, previo a una misión enviada por la alta comisionada de la ONU, la ex presidenta Michelle Bachelet.
“Se han producido situaciones que efectivamente, aparentemente, parecen ser violaciones a los derechos humanos”, señaló el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, tras una reunión con representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH, estatal).
Tras el encuentro, Sergio Micco, director del INDH, aseguró que durante los días de manifestaciones se han presentado “más querellas por torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes que durante todo el año 2018”. También detalló que de los cerca de 1.200 heridos 571 han sido por “armas de fuego, balas y por sobre todo perdigones”.
“Las cifras hablan por sí solas. (...) Es una situación de graves violaciones a los derechos humanos”, sentenció Micco sobre el accionar de la policía chilena durante el estallido social iniciado el 18 de octubre, que llevó al gobierno a sacar a los militares a las calles por primera vez desde el regreso a la democracia en 1990.
De su lado, representantes de Amnistía Internacional llegados a Santiago el lunes para investigar las más de 100 denuncias de abusos policiales han notado un “excesivo uso de gases [lacrimógenos] para lo que se vive del lado de la manifestación”.
El encargado de campañas tácticas y respuesta a crisis de AI, César Marín, declaró a la AFP que están especialmente preocupados por las “denuncias de tortura sexual, el uso excesivo de la fuerza patentado en las lesiones oculares” por perdigones y balines, y por supuesto “los fallecidos por la acción directa de militares y policías, el ejemplo más extremo de una respuesta inadecuada”.
En este marco de protestas y represión, un observador del INDH resultó herido por balines este martes durante uno de los incidentes en los alrededores del Palacio Gubernamental de La Moneda, fuertemente resguardado por la policía.
A su vez, para esta semana se espera la llegada de una misión enviada por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, luego que el mandatario Sebastián Piñera cambiara el lunes a gran parte de su gabinete ministerial en un acto en el que reiteró su interés en recibir a estos organismos.
“Si se han cometido atropellos o vulneraciones éstas están siendo investigadas por la Fiscalía y deberán ser resueltas por la Justicia (...) No tenemos nada que ocultar”, aseveró Piñera.
Cinco de las 20 muertes ocurridas durante la crisis fueron provocadas por militares y policías que salieron a las calles, indicó el INDH en coincidencia con informes oficiales.
(Con información de AFP)
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