La OEA respaldó las negociaciones entre el gobierno de Lenín Moreno y los indígenas para resolver la crisis en Ecuador

Las conversaciones comenzarán este domingo por la tarde, auspiciadas por la ONU y la Conferencia Episcopal. El presidente se comprometió a revisar el decreto 883, que eliminaba el subsidio a la gasolina, para responder al acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional

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Luis Almagro 
(Maximiliano Luna)
Luis Almagro (Maximiliano Luna)

La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha trasladado este domingo su apoyo a las conversaciones que comenzarán este domingo en Ecuador para poner fin a días de violencia derivada de los planes de austeridad propuestos por el Gobierno del presidente del país, Lenín Moreno, a cambio de una inyección económica del Fondo Monetario Internacional.

“La OEA apoya el diálogo anunciado por la ONU y la Conferencia Episcopal en Ecuador como mecanismo esencial que permita resolver esta crisis”, ha manifestado el secretario general de la organización, Luis Almagro, en su cuenta de Twitter.

El Gobierno ecuatoriano y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), impulsora de las protestas, aceptaron ayer este diálogo para revisar una propuesta de normativa que ha desatado uno de los disturbios más graves de la historia reciente en el territorio ecuatoriano.

En términos más concretos, tanto la CONAIE como el presidente Moreno se han comprometido a revisar el decreto 883, que eliminaba el subsidio a la gasolina, para responder al acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre una inyección de 4.200 millones de dólares para el país.

Tras el anuncio, la CONAIE ha pedido a las Fuerzas Armadas, la Conferencia Episcopal, la ONU y otras instituciones, garantías y vigilancia para los diálogos.

Quito quedó en ruinas tras
Quito quedó en ruinas tras las protestas del sábado

Respaldo del Prosur

El Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur) confirmó este domingo su apoyo al presidente de Ecuador y pidió una solución pacífica a la crisis social y política que vive el país andino desde hace más de una semana. El organismo regional, integrado por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay y Perú, ratificó a través de un comunicado hecho público por la Presidencia chilena, que ejerce la presidencia temporal del bloque, su respaldo al Ejecutivo ecuatoriano.

“Reiteramos nuestro respaldo al presidente Lenín Moreno y a sus esfuerzos para recuperar la paz y el orden público en Ecuador, preservando el Estado de derecho, la democracia y el respeto a los derechos humanos”, indicaron en uno de los puntos de la declaración conjunta. Además, los presidentes de los países que integran Prosur apoyaron los “esfuerzos” del Gobierno de Moreno “para mantener la paz, el orden público y la institucionalidad democrática, utilizando los instrumentos que le otorga la Constitución y la ley”.

Por otro lado, también condenaron los hechos de violencia e intentos de desestabilizar el país y rechazaron "cualquier acción foránea encaminada a alterar el orden público y la convivencia pacífica en Ecuador".

Continuan los disturbios en Quito, Ecuador

Asimismo, Prosur instó a hacer uso del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica por parte de los manifestantes, que desde hace días protestan por las calles de Quito, pero alentaron a dejar de lado “todo tipo de violencia, saqueo y vandalismo”.

Los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden han dejado al menos cuatro muertos, más de 900 heridos y más de mil detenidos desde el pasado 3 de octubre, situación por la que el Gobierno decretó desde el sábado el toque de queda en la capital ecuatoriana.

Ante el recrudecimiento de la situación, Prosur pidió a Gobierno, oposición y sectores representativos de la sociedad ecuatoriana buscar una solución pacífica, basada en el diálogo y por las vías institucionales, "que permita una pronta salida a la situación de tensión y violencia que se presenta desde hace varios días".

Las protestas comenzaron el 3 de octubre contra las medidas de austeridad económicas adoptadas por el Gobierno, especialmente la eliminación de los subsidios a los combustibles, como parte de las condiciones puestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras instituciones para un crédito de 10.000 millones de dólares.

Con información de EFE

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