Un juez ecuatoriano dictó prisión preventiva contra el diputado Yofre Poma, el prefecto de la provincia de Sucumbíos, Amado Chávez, y otras siete personas por su participación en las protestas contra el Gobierno, en concreto por un presunto delito de paralización de un servicio público.
La fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, ha formulado cargos contra este grupo y el juez David Jacho ha atendido la petición de que los nueve acusados pasen a prisión preventiva, al tiempo que decretó el bloqueo de sus cuentas bancarias y la prohibición de vender activos.
Además de Poma, aliado del ex presidente Rafael Correa, y Chávez, también están implicados en este caso director de Comunicación del Gobierno regional de Sucumbíos, la presidenta de la Asociación de Empleados Públicos de la provincia, un concejal un dirigente y otras tres personas más cuyos cargos no han trascendido.
Los acusados fueron detenidos el 7 de octubre, cuando -según la Fiscalía- irrumpieron “violentamente” en las instalaciones de la empresa Petroecuador en Sucumbíos. El Ministerio Público ha asegurado que llegaron a la sala de control y amenazaron con atentar contra los equipos de bombero del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y los trabajadores de la empresa.
El SOTE quedó interrumpido más de dos horas, una “paralización de un servicio público del área estratégica” que habría costado al Estado más de 1,7 millones de dólares. El Código Penal castiga este tipo de delitos con penas de entre uno y tres años de cárcel. El caso quedará resuelto mediante un procedimiento directo, por lo que la vista de juicio se ha fijado para el 18 de octubre.
Por su parte, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, recalcó que no dimitirá “bajo ninguna circunstancia” a pesar de las fuertes protestas registradas en el país y ha asegurado que el Gobierno esperaba “parte de lo que ha visto” en las calles, pero no “actos delictivos contra el Estado de Derecho y la democracia”.
En una entrevista a la cadena Telamazonas, el dirigente ecuatoriano ha estimado que ya hay cerca de 700 detenidos “relacionados con actos delincuenciales” en todo el país. Moreno, que ha visitado la noche de este martes el puente de la Unidad Nacional, en Guayaquil, donde hay desplegado un amplio dispositivo de seguridad, ha insistido en que “los principios no se claudican”.
“Lo que ha pasado durante estos años es que la gente más pudiente y los delincuentes se han beneficiado del subsidio de los combustibles”, alertó en relación con el ‘paquetazo’, una serie de medidas de ajuste exigidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Estas decisiones siempre fueron pensadas en beneficio de los más pobres. Hemos realizado un gran plan para el agro, que contempla un fideicomiso, bonos, herbicidas, maquinaria, centros médicos y escuelas rurales mejoradas”, explicó.
Sobre su posible dimisión ante los disturbios registrados desde que anunció las medidas el pasado 1 de octubre, Moreno ha afirmado que “bajo ninguna circunstancia he pensado en renunciar”. “Me iré si los ecuatorianos lo deciden, pero no por los que quieren volver. Estoy tomando las medidas más adecuadas y decisiones correctas”, manifestó.
(Con información de Europa Press)
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