Martín Vizcarra, el líder menos pensado: del “exilio” en Canadá a la lucha contra la “casta política” en Perú

El insólito muñeco de acción lleva el traje de Iron Man, un superhéroe muy conocido de Marvel. Pero tiene dos diferencias sustanciales con la figura original: le cruza el torso una banda con los colores de Perú y, en el lugar del casco, tiene la cabeza del presidente Martín Vizcarra.

“Vizcarra: Endcongress (fin del Congreso)”, es el título con el que el fabricante de juguetes Inka Toys difundió el prototipo, cuya imagen se viralizó de inmediato. El nombre y la tipografía aluden a Avengers: Endgame, la última entrega de la taquillera saga de películas de superhéroes que tiene a Iron Man como protagonista.

La historia latinoamericana tiene una larga lista de líderes políticos carismáticos y mesiánicos, que lograron convencer a muchas personas de que tenían superpoderes, o de que al menos se acercaban bastante a tenerlos. Por sus atributos y por su historia, Vizcarra no se parece a ninguno de ellos.

Este ingeniero civil de 56 años, con experiencia en el sector privado y una larga trayectoria como funcionario técnico, llegó a la presidencia casi de casualidad. Pedro Pablo Kuczynski (PPK), un economista que ganó las elecciones de 2016 a pesar de haber obtenido apenas el 21% de los votos en primera vuelta, lo había elegido como vicepresidente.

Cuando PPK fue destituido en marzo de 2018 por el Congreso —controlado por el fujimorismo—, Vizcarra estaba recluido en Canadá como embajador. Allí había tenido que ir tras renunciar a su cargo como Ministro de Transportes para evitar que ese mismo Parlamento lo removiera. Como aún conservaba la vicepresidencia, pudo volver al país para jurar como presidente.

Al darse cuenta de que su plan original de conciliar con la insaciable mayoría fujimorista no iba a dar resultado, lanzó una cruzada contra la corrupción y se preparó para un enfrentamiento abierto. El conflicto terminó esta semana con la mayor crisis institucional desde la salida del poder de Alberto Fujimori en noviembre de 2000.

Vizcarra disolvió el Congreso por decreto el lunes. En respuesta, los legisladores lo suspendieron por “incapacidad temporal” y designaron presidenta interina a su vice, Mercedes Aráoz. Más allá de las discusiones legales, todo indica que Vizcarra saldrá victorioso de esta disputa por una razón central: el rechazo de la ciudadanía a la clase política personificada por los congresistas es tan grande que la drástica decisión convirtió al mandatario en una especie de héroe nacional.

“Inicialmente se lo consideró muy conciliador con la mayoría fujimorista en el Congreso. El punto de cambio fue la revelación de casos de corrupción de jueces en el puerto del Callao, que involucraron a varios miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y a algunos miembros de la Corte Suprema. Cuando el fujimorismo se negó a removerlos de su posición, Vizcarra inició una campaña anticorrupción que lo llevó a convocar a un referéndum constitucional. Las constantes denuncias han creado tal rechazo ciudadano que cuando Vizcarra empezó a enfrentarse con la mayoría parlamentaria, la ciudadanía rápidamente se puso de su parte. Como no tiene un partido político, su única fuente de poder político es la opinión pública, y atacar a la corrupción es un tema ganador”, explicó Julio F. Carrión, profesor de ciencia política y relaciones internacionales de la Universidad de Delaware, consultado por Infobae.

Tras las masivas manifestaciones populares de apoyo, los poderes públicos se alinearon detrás del mandatario. Los jefes de las Fuerzas Armadas y de la Policía le manifestaron explícitamente su respaldo, y Aráoz renunció el miércoles a la presidencia interina a la que había jurado ante el Parlamento disuelto.

“Lo que Vizcarra busca es un nuevo Congreso que apruebe varias de la reformas políticas y contra la corrupción que introdujo algunos meses atrás —continuó Carrión—. La renuncia de la presidenta interina nombrada por el Congreso refuerza la mano de Vizcarra, que definitivamente está ganado esta confrontación política”.

Los legisladores rebeldes denunciaron un golpe de Estado y presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional, pero no está claro si este se va a expedir sobre el tema. En cualquier caso, con el paso de los días, el Presidente se consolida cada vez más.

“Vizcarra es producto de sus circunstancias. Llegó a la primera división de la política peruana como vicepresidente de un mandatario que tuvo que renunciar al descubrirse su vínculo con la corrupción del Lava Jato. Antes fue gobernador de una pequeña región andina favorecida por el canon minero. Se lo conocía como un político discreto, de perfil bajo, aunque con fama de buen gestor. Una vez instalado en el Palacio, y roto el arreglo con la mayoría fujimorista para suceder a Kuczynski, Vizcarra recogió las banderas de la lucha anticorrupción emprendida por un grupo de fiscales y jueces probos, y las convirtió en un objetivo político de su gobierno: el impulso a una reforma política y electoral que el fujimorismo bloqueó hasta el último momento”, dijo a Infobae Enrique Fernández-Maldonado Mujica, sociólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Un recorrido inusual

Si bien Vizcarra nació en Lima, se crió en Moquegua, una pequeña ciudad ubicada en el sur de Perú, de la que su padre fue alcalde. Allí inició su carrera política, a los 43 años, cuando se postuló en 2006 a la gobernación del departamento homónimo, el segundo menos poblado del país con 174.000 habitantes.

No ganó, pero quedó bien posicionado ante la comunidad local. Lo que le permitió dar el salto fue su participación decisiva en las protestas de 2008 conocidas como “Moqueguazo”, contra el monto que pagaba la minera Southern Perú por explotar la región. Vizcarra ganó las elecciones de 2010 y se convirtió en gobernador de Moquegua.

Su gestión recibió elogios, principalmente por algunos logros educativos. Ese reconocimiento fue decisivo para que Kuczynski lo eligiera como candidato a vicepresidente y jefe de campaña en 2016.

“Un factor que incide en la popularidad del presidente, que no es un político muy carismático ni provisto de una rica oratoria, es su calidad de provinciano. Siempre es un plus en un país donde existe una animosidad contra Lima, de hecho, desde 1936 ningún alcalde capitalino ha llegado a la presidencia. También es una persona con la que se puede identificar la mayoría de los peruanos: su genotipo es mestizo, es originario de la clase media, tiene un estilo serio, como les gusta a los peruanos, y hasta su nombre proviene de San Martín de Porres, uno de los principales iconos religiosos del país”, dijo a Infobae Felipe Nesbet, magíster en estudios latinoamericanos y académico de la Universidad Santo Tomás (UST).

Cuando Keiko Fujimori se impuso en primera vuelta con el 39,8% de los votos, casi 19 puntos más que PPK, su triunfo parecía inevitable. Pero el fujimorismo, que en ese momento era la única fuerza política más o menos cohesionada en el país, era también la más rechazada por los votantes independientes. Por eso, PPK terminó ganando las elecciones en la segunda vuelta con el 50,1%, frente a 49,9% de Keiko.

La alegría les duró poco al nuevo presidente y a su vice, porque los perdedores —poco predispuestos a aceptar las reglas democráticas— emergieron de las elecciones con mayoría propia en el Congreso unicameral. Los primeros en sufrir el rigor legislativo fueron los ministros, muchos de los cuales fueron interpelados y eventualmente destituidos por distintos motivos.

En paralelo a la vicepresidencia, Vizcarra asumió como ministro de Transporte y Comunicaciones. Una adenda al contrato de construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero, en Cuzco, fue el motivo de una investigación en su contra. La oposición denunció que la adenda concedía un beneficio espurio al consorcio empresario a cargo del proyecto.

Vizcarra renunció a la cartera el 22 de mayo de 2017, anticipando una posible destitución. El 28 de septiembre fue designado embajador en Canadá. Probablemente creyó que era el fin de su carrera política.

Sin embargo, al mismo tiempo Perú transitaba un terremoto político por el avance del Lava Jato, que mostró que casi todos los dirigentes políticos de envergadura había recibido dinero negro de Odebrecht. El primero en caer fue Alejandro Toledo, presidente entre 2001 y 2006. En febrero de 2017 un juez ordenó su arresto, pero escapó del país y se refugió en Estados Unidos. Fue detenido el 16 de julio pasado por un pedido de extradición.

El 13 de julio de 2017 le tocó a Ollanta Humala, presidente entre 2011 y 2016. A diferencia de Toledo, se entregó y lo encerraron en el penal Barbadillo.

El caso más dramático fue el de Alan García, último líder del APRA, el histórico partido populista peruano, que tuvo dos períodos presidenciales (1985—1990 y 2006—2011). El 17 de abril de 2019, cuando la Policía llegó a su domicilio para llevarlo detenido, se suicidó de un disparo en la cabeza.

Cuando aparecieron las primeras denuncias contra Kuczynski, el Congreso avanzó para removerlo. El 21 de diciembre del 2017, cuando parecía que iban a declarar la vacancia del presidente, un grupo de legisladores opositores que respondían a Kenji Fujimori, hermano de Keiko, votó en contra. Tres días más tarde, PPK le concedió un indulto humanitario a Alberto Fujimori, que cumplía una condena de 25 años de cárcel por crímenes contra los derechos humanos.

Pero en marzo de 2018 se activó un segundo pedido de vacancia. La difusión de videos que mostraban a diputados cercanos a Kenji intentando sobornar a otros legisladores para salvar a PPK terminaron precipitando su renuncia.

Este contexto de confusión generalizada y desprestigio de toda la clase política explica el fenómeno Vizcarra. El arresto de Keiko en octubre de 2018 debilitó aún más al fujimorismo y le dio impulso la agenda anticorrupción del mandatario.

“La caída del establishment político (que en su mayoría es limeño) como consecuencia de las investigaciones del Lava Jato que abarcaron a todo el sistema, de izquierda a derecha, permitió el ascenso de algunas figuras solitarias de la política regional. El origen provinciano les permite ser percibidos como outsiders, lejanos del establishment carcomido por la corrupción. Este origen, a su vez, les permite legitimarse para emprender medidas y políticas en contra del sistema. Sin partidos, ni lealtades, pero tampoco sin herederos políticos, pueden llevar adelante medidas maximalistas, radicales, que no cuadran dentro de los cánones de la política limeña. Convocar a referéndums, enfrentarse a muerte con el Legislativo y movilizar a la población, forman parte de un repertorio político al que no estaba acostumbrada la clase política nacional”, sostuvo Carlos Meléndez, investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social de la Universidad Diego Portales, en diálogo con Infobae.

Una jugada peligrosa

“Los escándalos de corrupción de la presidencia de Kuczynski le dieron la posibilidad de alcanzar la presidencia del Perú —dijo Nesbet—. Consciente de este contexto, Vizcarra respaldó abiertamente las investigaciones judiciales del caso Odebrecht y propuso una serie de reformas políticas, presentadas por un Comité de académicos que él convocó. Fomentaban la democracia interna en las organizaciones políticas, aumentaban las exigencias en la conformación de los partidos, prohibían que las personas condenadas se pudieran presentar a un cargo público y cedían a la Justicia, no al Parlamento, la potestad de levantar la inmunidad parlamentaria. Estas medidas encontraron un gran apoyo ciudadano, pero un rechazo de la bancada fujimorista, que es la mayoritaria, de algunos sectores derechistas y el Partido Aprista”.

Frustrado ante el permanente bloqueo a sus planes de gobierno y a las investigaciones judiciales, Vizcarra presentó el 28 de julio una reforma constitucional para adelantar las elecciones legislativas y presidenciales de abril 2021 a abril de 2020. En Perú no está permitida la reelección consecutiva, así que él no podría presentarse.

Al ver que pasaban los meses y el Congreso se rehusaba a discutir su propuesta, el Presidente empezó a inclinarse por un curso de acción más radical.

Lo que terminó de gatillarlo fue que los cuestionados legisladores opositores iniciaran un proceso exprés de renovación de los miembros del Tribunal Constitucional. Seis de los nueve postulantes tenían denuncias judiciales, y entre ellos se destacaba el abogado Gonzalo Ortiz de Zevallos, primo de Pedro Olaechea, presidente del Parlamento.

Para frenar el escandaloso proceso, el Gobierno presentó una cuestión de confianza para modificar el mecanismo de selección de los jueces. La negativa del Congreso a tratarla le dio la excusa a Vizcarra para disolverlo.

La Constitución establece que el Ejecutivo puede cerrarlo y llamar a elecciones legislativas anticipadas si pierde dos cuestiones de confianza dentro de un mismo período presidencial. Como PPK perdió una en 2017, el primer ministro Salvador del Solar interpretó la omisión de su planteo como una nueva negativa. Presentó la renuncia, como exige la ley suprema, y el Presidente disolvió el legislativo.

“Vizcarra no tenía por objetivo disolver el Parlamento —dijo Fernández-Maldonado—. Su propuesta inicial fue acortar ambos mandatos, el del Congreso y el del Ejecutivo, como una forma de darle salida a la crisis. Pero el Congreso bloqueó sistemáticamente los proyectos de ley que presentó para reformar el sistema electoral y político, y hacerlo más democrático. En simultáneo, petardeaba los esfuerzos de la Fiscalía y los juzgados por investigar y procesar a funcionarios ligados a sus filas”.

Muchos juristas consideran que la decisión del mandatario fue ilegal, porque no es lo mismo no votar una cuestión de confianza que rechazarla. De hecho, al mismo tiempo que Vizcarra comenzaba el discurso en el que anunció su resolución, los congresistas se apuraron a aprobar la propuesta de Del Solar, pero ya era tarde.

“Vizcarra busca simplemente ejercer poder ahora que lo tiene. En Perú no se puede prever acumular poder para una reelección o para heredarlo a un delfín, porque los partidos no se institucionalizan. El poder se ejerce en el momento mismo y bajo las actuales circunstancias de crisis política, Vizcarra encontró la fórmula para conectarse con la ciudadanía que tiene una cultura política antiinstitucional. Perú es el país con el mayor porcentaje de personas que justificarían un cierre del Congreso por el Ejecutivo, según el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP). Ese potencial se convirtió en su principal capital político. Quizás su único”, dijo Meléndez.

Más consenso hay en que fue totalmente irregular la “suspensión temporal” de Vizcarra sancionada luego por el Parlamento. La Constitución la contempla sólo en caso de enfermedad o ausencia, no como un juicio político.

Vizcarra dio por superada la crisis el viernes. El día anterior había tomado juramento a su nuevo gabinete, en medio de manifestaciones callejeras de apoyo. Su desafío para los próximos meses es asociarse a alguno de los partidos políticos habilitados para presentar una propuesta atractiva en las elecciones legislativas, que se realizarán el 26 de enero. De lo contrario, tampoco tendrá influencia sobre el nuevo Parlamento.

Con el nivel de desprestigio generalizado que afrontan las principales fuerzas políticas y sus líderes, Vizcarra está en condiciones de conseguir que un buen número de legisladores le respondan. Sobre todo, si mantiene el inédito nivel de popularidad que tiene en este momento.

“El objetivo inmediato es mermar el poder de sus adversarios políticos, especialmente del fujimorismo. Por supuesto, Vizcarra espera tener un Parlamento legitimado que apoye sus reformas. Con un Congreso más favorable aspira a cumplir su periodo en 2021. Queda para conjeturas si creará una estructura política funcional que lo sostendrá electoralmente en futuras elecciones”, concluyó Nesbet.

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