Alarma en Nicaragua por ola de crímenes con saña que llevan el sello de los paramilitares de Daniel Ortega

La noche del 29 de septiembre, Juan Pablo Ortiz Gonzales mató de un disparo en la cabeza a la estadounidense Ariana Enid Martínez, en las afueras de una tienda de gasolinera en la ciudad de Matagalpa.

El esposo de la víctima, Maynor Fernando Valenzuela, es opositor al régimen de Ortega y según su testimonio, él y su esposa fueron acosados y perseguidos por varios sujetos que le hacían reclamos y burlas políticas. Juan Pablo Ortiz, el pistolero que disparó, es un reconocido paramilitar de la ciudad, y se le acusa de participar en las “operaciones de limpieza” que ejecutó el régimen para eliminar barricadas de protesta en calles y carreteras. También sirvió como testigo en juicios contra opositores.

El 24 de septiembre pasado, un grupo de hombres, aparentemente vinculados al narcotráfico, descuartizó al ciudadano Máximo Ríos. La saña con que mataron a la víctima pocas veces se ha visto en Nicaragua, que se preciaba hasta hace poco de ser uno de los países más seguros de Centroamérica. A Ríos le cortaron una oreja, los pies, las manos y finalmente la cabeza en una macabra jornada de tortura. Las partes del cuerpo fueron distribuidas en diferentes sacos y tiradas en predios cerca de Managua. Actualmente se procesan a dos nicaragüenses, dos guatemaltecos y un colombiano por este crimen.

Oficialmente no hay estadísticas sobre los crímenes por el secretismo que maneja el régimen. Pero, el recuento que llevan organizaciones feministas, las de derechos humanos, y medios de comunicación establecen en lo que va de este año, 79 muertes violentas en Jinotega, un departamento norteño azotado por la violencia política, y 49 femicidios en el país, una cifra que ya supera los ocurridos el año pasado.

“Se ha incrementado no solo el número sino también el nivel de violencia, la saña o la atrocidad”, expone Elvira Cuadra, socióloga y experta en temas de seguridad, quien realiza un monitoreo periódico de la actividad criminal del país, y reconoce “un patrón de comportamiento paramilitar” en muchos de los delitos de sangre.

“De los asesinatos ocurridos en el 2019, en un poco más del 30 por ciento se identifica a personas paramilitares o grupos paramilitares como perpetradores”, dice Cuadra.

Para explicarse la naturaleza de esta ola delictiva, el asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas, pide recordar de dónde salieron los paramilitares. “No son grupos homogéneos. Tienen procedencia diversa. Son ex militares, ex policías, delincuentes, grupos al margen de la ley”, señala.

Dice que muchos delincuentes ahora son policías y que la CPDH ha recibido denuncias de policías que fueron dados de bajas por acciones delincuenciales y fueron reenganchados. Pone como ejemplo el caso del capitán Zacarías Salgado, quien estuvo a cargo del operativo que ejecutó una masacre contra una familia evangélica en 2015, donde fueron asesinados una joven y dos niños, y otros dos salieron heridos. Por este crimen el capitán Salgado fue condenado a once años de cárcel.

Sin embargo, para sorpresa pública, el capitán Salgado no solo apareció libre sino reincorporado en las filas de la Policía y ascendido al grado de “Comisionado” por su participación en la represión de 2018.

“Las autoridades reclutan a tipos con actitudes delincuenciales y les dan armas y una patente de corso para actuar. ¿Qué podemos esperar que harán tipos así? Ahí están los resultados”, dice Cuevas.

El defensor de derechos humanos distingue dos tipos de acciones de los paramilitares o delincuentes que funcionan como policías. “Están las acciones planificadas que parecen delitos comunes pero en realidad tienen un objetivo político y están también las acciones totalmente delincuenciales que salen de su propia naturaleza”.

Señala que ya se ha vuelto común en las detenciones, ya sea de paramilitares o policías, que saqueen las propiedades de las víctimas. “Se les roban los celulares, dinero, joyas y prendas. Hemos conocido casos en los que robaron hasta la alcancía del niño”, dice. “Les ordenan, vayan y hagan esto y el botín que obtengan de eso es su pago. ¡Es una fiesta para ellos!”.

El régimen de Daniel Ortega y sus paramilitares y policías, no solo son responsables de la violencia directa que ellos ejecutan, sino también de otros tipos de violencia que inducen con su actuar. Elvira Cuadra asocia la saña que se registra en los asesinatos y particularmente en los femicidios a “un efecto catalizador” de la violencia paramilitar. Está comprobado en países como Colombia, Honduras, El Salvador, Guatemala y en países de África, que este tipo de hechos son generadores de otros tipos de violencia”.

Dice que, según sus estudios, el 80 por ciento de los delitos de este año involucra armas de fuego y el 72 por ciento de las victimas recibió múltiples disparos. “No es que solo mataron de un balazo, sino que hubo uno, dos tres cuatro o cinco. Eso es saña”, dice.

Pablo Cuevas dice que los especialistas hablan de una sociedad enferma, con problemas colectivos de violencia. Las autoridades practican la violencia para resolver situaciones que les incomodan y eso es un mensaje para los ciudadanos. Desgraciadamente la actitud de las autoridades influye en los ciudadanos”, dice y recuerda que en la década de los 80, durante la revolución sandinista, había una guerra y “la gente se mataba hasta por una mala mirada”.

“También como quedan impunes muchos crímenes eso va dándole la pauta a los ciudadanos. Como no se hace justicia, sienten que no les pasará nada siempre y cuando no se metan en el asunto político, porque si hacen algo contra el gobierno ahí si les cae duro”, explica.

Para Eveling Flores, enlace nacional la Red de Mujeres Contra la Violencia, la violencia estatal y el actuar de los grupos paramilitares tiene que ver directamente con el incremento en número y saña de los femicidios. “Estamos viviendo violencia institucional política. Son cómplices de los parapoliciales y paramilitares”, dice y recuerda que paramilitares mataron directamente al menos a dos mujeres: una brasileña estudiante de medicina, y la ciudadana norteamericana asesinada en Matagalpa el 29 de septiembre pasado.

“Este régimen ha amparado el comportamiento machista de los femicidas”, dice. “Desde el 2015 se bloqueó la ruta de acceso a la justicia y la aplicación correcta de la Ley contra la violencia a las mujeres (Ley 779). Empezó a hacer amnistías e indultos y empezó a sacar un montón de hombres que habían sido sentenciados por femicidio y otros privados de libertad por incumplimiento de la ley de alimentos. En el 2018 no echaron preso a nadie por incumplimiento de la ley de alimentos y en el caso de femicidios en grado frustración, el 90 por ciento ha quedo en impunidad”.

Flores tiene pocas esperanzas que se pueda lograr justicia con el gobierno de Ortega. Asegura que el movimiento feminista está llevando un registro de todos los casos para que “cuando volvamos a tener institucionalidad y confianza en las instituciones estos no queden en impunidad”.

Elvira Cuadra considera que, por ahora, “el riesgo más alto con la existencia de estos grupos paramilitares es que se conviertan en el corto plazo en bandas delictivas y grupos locales de crimen organizado”.

Dice que para no llegar a ese punto se debe desarmar y desarticular a estos grupos paramilitares y promover campañas de cultura de paz y no violencia para bajar la intensidad de los delitos. “Eso ya se hizo en la década de los 90 en Nicaragua y funcionó”, apunta.