Ecuador: Lenín Moreno, sus razones para el fin del subsidio al combustible y la oportunidad que vio Rafael Correa

Cerca de 300 detenidos, saqueos a comercios privados, destrozos a bienes públicos y privados, enfrentamientos entre Policías y manifestantes, violencia, vandalismo, manifestantes enmascarados, agresiones a periodistas de parte de Policías, ataques a una ambulancia, agresiones de taxistas a policías, el 3 de octubre hicieron temer a muchos en Ecuador que el país iba a volver a escenarios de inestabilidad, mientras que otros se frotaban las manos intentando pescar a río revuelto.

El gobierno de Lenín Moreno, acusado por sus detractores durante dos años de timorato y de incapaz de tomar decisiones como estadista, sorprendió el 1 de octubre poniendo fin al subsidio a la gasolina de 87 octanos y al diésel, mantenido por casi cinco décadas en el país andino y que le ha costado a las arcas fiscales más de US$60.000 millones. Casi la mitad de esos recursos, según el analista Alberto Acosta, correspondió a la última década, en la que gobernó Rafael Correa.

Si bien el paquete de medidas económicas incluyó otras (algunas de ellas para compensar con ayudas a los más pobres). fue el retiro del subsidio a los combustibles el que encendió la pólvora.

Diversos estudios realizados por sucesivos gobiernos y por organismos y consultoras internacionales han hablado durante años de la necesidad de eliminar los subsidios a los combustibles, que han distorsionado la economía del país y han beneficiado a los grupos sociales más pudientes.

Sin embargo, ningún Presidente ha tomado la decisión de retirarlos por considerar esa medida como “un suicidio político”, en un país que previo a la década del gobierno de Correa vio caer varios presidentes en medio de intensas protestas populares, descontentas con las sucesivas crisis y los escándalos de corrupción.

La decisión de Moreno se da en un momento de crisis económica, calificada como “insostenible” por el catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, Luis Espinosa Goded.

“Ya se agotó el modelo de déficit y gasto, por eso el gobierno tuvo que acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI) y tuvo que adoptar medidas y una de las medidas lógicas era retirar el subsidio a los combustibles, necesaria, pero impopular”, destaca Espinosa Goded.

Según el analista Walter Spurrier, la medida resolverá un 40% del problema fiscal, pero requerirá medidas adicionales pues hay que reducir en gastos alrededor de 5.000 millones de dólares y la medida rendirá unos 2.000 millones.

El millonario subsidio de la polémica

De acuerdo con un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de julio pasado, el subsidio a los combustibles, junto con el de la electricidad y el del gas de uso doméstico, en ocasiones ha llegado hasta el 85% de su costo.

En términos generales, el presupuesto público se ha visto afectado en un promedio en 2.300 millones de dólares por año en los últimos 10 años para financiar el subsidio a los combustibles fósiles, casi un 3% del Producto Interno Bruto (PIB) del país o el equivalente al 10% de los ingresos de exportación del petróleo.

Según el BID, los subsidios totales estimados para los combustibles “casi equivalen a los gastos del gobierno en educación y salud en 2012”.

Entre 2008 y 2014 Ecuador tuvo el tercer subsidio de combustible más alto en relación con el PIB de América Latina y El Caribe, solo superado por Bolivia y Venezuela.

Del total de subsidios a los combustibles, el diésel recibe la mitad y la gasolina un tercio.

Al Estado le cuesta 20 dólares transferir un dólar al quintil de más bajos ingresos utilizando los subsidios a la gasolina, combustible utilizado por los hogares más ricos, y 9 dólares con los subsidios al diésel, utilizado generalmente por el transporte pesado.

Vandalismo e intereses políticos en las protestas

La impopular medida adoptada por el Presidente ecuatoriano desató inmediatas y esperadas reacciones de protesta, que según expertos se deslegitimaron por los actos vandálicos, sobre todo en las principales ciudades: Guayaquil, donde hubo saqueos, y Quito, que vio ataques en su centro histórico y otros puntos de la ciudad, y también demostraron intereses por ganar protagonismo político, sobre todo de parte del Movimiento Revolución Ciudadana, liderado por el ex presidente Rafael Correa, pero también de políticos de derecha como la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, que criticó públicamente el retiro del subsidio a los combustibles y el ex alcalde de esa ciudad, Jaime Nebot, máximo dirigente del partido de Viteri y posible candidato presidencial.

Correa se jacta de haber mantenido al país alejado de las protestas sociales durante sus 10 años de gobierno, pero el decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Santiago Basabe, asegura que “en la década pasada eso no sucedía no porque no haya habido descontento sino porque la gente tenía temor de ser enjuiciada, perseguida y criminalizada, porque se irrespetaban absolutamente los derechos”.

Si bien no hubo en ninguna ciudad de Ecuador marchas multitudinarias como en el pasado, los protestantes sí lograron frenar la actividad económica del país sobre todo por el bloqueo de vías y autopistas que realizaron taxistas y conductores de buses en varias ciudades.

Una estimación de las Cámaras de Industria y Producción de Ecuador ubica en 262 millones de dólares por día el costo de los paros en el país andino.

Los incidentes del jueves estuvieron acompañados por una muy intensa actividad en redes sociales, en las que circulaban noticias falsas, videos de manifestaciones de hace muchos años, y continuos llamados a salir a las calles a “botar al presidente Moreno”, e incluso esporádicos llamados a saquear comercios, sobre todo en páginas de Facebook de compra y venta y de búsqueda de trabajo, que en los últimos tres años se han convertido en bastiones de los partidarios de Correa pues poco se postea sobre trabajos o ventas, pero sí se mantiene continua actividad para recordar y defender al ex presidente y para atacar a Moreno, su gobierno y sus partidarios.

El paro iniciado por los transportistas de Ecuador, cuyos altos dirigentes fueron ex aliados de Correa, coincidió con malestar y protestas anunciadas desde antes del anuncio de las medidas por otros sectores, entre ellos trabajadores y grupos indígenas que se oponen, entre otras cosas, a la actividad minera industrial y a una flexibilización laboral, defendida por los empresarios como una medida necesaria para otorgarle al país competitividad.

Basabe sostiene que las demandas de esos sectores son “exactamente las mismas de los años 80. No hay propuestas específicas y reales que puedan ser una alternativa a las medidas económicas adoptadas por Moreno, por lo que más allá de la legitimidad de las protestas se ve la irresponsabilidad no con el Gobierno sino con el país. Las medidas son consecuencia del mal manejo económico de los 10 años previos”.

Espinosa Goded, mientras tanto, destaca que los transportistas dirigentes del paro no se han sentado a negociar con el gobierno, lo que demuestra, según él lo político de la protesta.

Las dudas de que los partidarios del polémico ex presidente Correa quieren pescar a río revuelto, fueron despejadas el propio jueves por Gabriela Rivadeneira, ex presidenta de la Asamblea Nacional y dirigente de Revolución Ciudadana, quien pidió al presidente de la Asamblea Nacional que convoque a una sesión extraordinaria para plantear la destitución del presidente Lenín Moreno.

En las protestas, según expertos, también median cálculos electorales con miras a las elecciones presidenciales de 2021, por lo que no sería raro ver mayores presiones contra Moreno, en busca de que dé marcha atrás en las medidas y con eso un grupo de partidos políticos gane espacios para esas elecciones.

“Esta Asamblea tiene que determinar el incumplimiento de funciones y avanzar hacia la destitución del presidente Moreno. Necesitamos y exigimos también hacer en este espacio eco de la voz ciudadana que pide que se adelanten las elecciones, elecciones presidenciales y elecciones parlamentarias”, dijo Rivadeneira a periodistas, acompañada de todo el bloque de la Revolución Ciudadana.

Y el propio Correa, el 4 de octubre posteó en su cuenta de twitter a favor de las elecciones anticipadas: “¡Que se vayan todos! Llamen a elecciones”, dijo.

Para Basabe, es evidente que una parte de las protestas fueron abanderadas por el movimiento político del ex presidente Correa.

“La estrategia política de ellos es aprovechar cualquier síntoma de caos para sacar provecho en términos políticos”, destaca Basabe. “Pedir la salida del presidente y elecciones anticipadas es absolutamente irresponsable y no hace bien a la Democracia”.

El criterio es compartido por Sebastián Hurtado, de la consultora privada PROFITAS: “Esta es una oportunidad de oro para los correístas, para generar desestabilización y caos y le van a sacar el mayor provecho posible en su beneficio. Hay un interés político directo; es la única forma de sacudir el sistema para mejorar su posición política y de alguna manera sacarse de encima muchos de los problemas que tienen en este momento en temas judiciales y legales. Con cualquier tipo de medidas habrían intentado sacar provecho”.

Los empresarios, que han dado un apoyo frontal a las medidas económicas por considerar que buscan estabilidad, un manejo responsable de las finanzas públicas y proyectar el crecimiento y desarrollo sostenible, “rechazan los intentos desestabilizadores al régimen democrático legítimamente constituido”.

Lo que parece estar claro al momento en Ecuador es que con las protestas miden fuerzas diversos grupos políticos y el gobierno de Moreno, los primeros con el ojo puesto en las presidenciales y el segundo buscando asegurar su supervivencia política en lo que le resta de mandato.

Las acciones de los próximos días darán en Ecuador una idea más clara sobre quién se alinea en cada bando y hasta qué punto Moreno es capaz de mantener sus decisiones.

Mientras tanto, desde el 3 de octubre rige un estado de excepción, dirigentes de transportistas han sido detenidos por paralizar un servicio básico y militares han tenido que salir a las calles de la capital del país, la ciudad más afectada por el paro de transportistas, no solo para devolver la tranquilidad, sino para colaborar en el transporte de ciudadanos.

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