Ecuador está en ebullición. Una serie de anuncios económicos por parte del presidente Lenín Moreno desataron masivas protestas, que terminaron con enfrentamientos entre manifestantes y policías, y llevaron al mandatario a declarar el estado de excepción.
La principal medida fue anunciada el martes. Moreno informó que a partir de este jueves pondría fin a un programa de subsidios al diésel y a combustibles de bajo octanaje que el Gobierno, con problemas de liquidez, ya no puede permitirse. El Presidente hizo el anuncio solo unas horas después de que Ecuador dijese que planeaba retirarse de la OPEP.
El Gobierno ha mantenido durante mucho tiempo subsidios para sostener los costes del combustible a niveles que los ecuatorianos consideran asequibles, pero la política se ha vuelto insostenible para el erario. A partir del decreto 883 publicado este miércoles, el precio estará fijado en función de los valores internacionales. El galón de diesel podría pasar de 1,03 dólares a 2,27, mientras que la gasolina extra, de 1,85 a 2,30 dólares. Con esta medida, el Estado espera ahorrar 1.546 millones de dólares al año.
Pocas horas después del anuncio de la eliminación de los subsidios, el gremio del transporte comunicó su decisión de paralizar sus actividades y hoy la capital ecuatoriana amaneció sólo con transporte municipal, muy escasos autobuses con ruta hacia valles cercanos y sin taxis. En paradas de autobuses en la avenida General Rumiñahui, que une Quito con el Valle de los Chillos (sureste), decenas de personas buscaban alguna forma para llegar a la capital. En Quito, las estaciones del transporte municipal lucieron abarrotadas por gente que llegaba al lugar caminando o en vehículos particulares de amigos o familiares.
A su vez, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) declaró a primeras horas de hoy el inicio de medidas de hecho, pero no detalló las acciones que adoptarán. La Conaie, sindicatos y organizaciones sociales anunciaron el miércoles el inicio de movilizaciones graduales y permanentes hasta llegar a una huelga nacional contra las medidas económicas anunciadas por el Gobierno en el marco del acuerdo crediticio que mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Según las condiciones del acuerdo de financiación de 4.200 millones de dólares firmado este año con el FMI, Ecuador debía introducir reformas a la legislación para que el Fondo continúe desembolsando sus próximos tramos de préstamos a bajo interés. Moreno dijo que el objetivo de las medidas es liberar recursos para apoyar a los empresarios, sobre todo a las pequeñas y medianas firmas.
Además de buscar formas para reducir el gasto, el Gobierno también quiere encontrar maneras de impulsar los ingresos, por lo que la decisión de abandonar la Organización de Países Exportadores de Petróleo en enero es relevante. Ecuador es uno de los productores más pequeños del grupo, pero declaró claramente que quiere abandonar el grupo para aumentar los ingresos del petróleo. Ecuador ha incumplido los límites de producción prometidos todos los meses este año, en un momento en que toda la OPEP sufre el impacto de los bajos precios.
A la quita de subsidios se suman otras iniciativas que inquietan a los sindicados y a parte de la opinión pública. La principal es la reforma laboral que de a poco avanza en la Asamblea Nacional y que podría ser aprobada en un plazo de 30 días.
Uno de los incisos más controversiales de la propuesta oficial es la reducción de 15 días de vacaciones a los empleados de empresas públicas. Moreno argumentó la decisión en que “su remuneración es superior a la que se percibe en el resto de la administración pública”.
El titular de Finanzas, Richard Martínez, explicó el miércoles que “en el tema de la masa salarial, la reducción del período de vacaciones no tiene un efecto fiscal, (pero) sí de productividad porque los ecuatorianos van a tener más acceso a los servicios públicos”. Además, precisó que la reforma incluye la reducción del salario máximo en contratos ocasionales, de nombramiento o provisionales en el sector público, lo que otorgará al Estado 148 millones de dólares en una fase inicial.
Martínez anticipó la existencia de un cronograma de desvinculaciones (despidos) que el Gobierno pretende acometer el próximo año, que aportará otros 160 millones de dólares adicionales a las arcas estatales, a la que sumó la contribución de la jornada salarial de los empleados de empresas estatales. “A las empresas públicas se les exigirá una reducción de gasto de 100 millones de dólares y en el caso de la Seguridad Social, de 50 millones de dólares”, enfatizó.
El ministro de Trabajo, Andrés Madero, resaltó que la reforma laboral busca fomentar el emprendimiento, la simplificación en la contratación, en paralelo a la generación de empleo, “para dar respuesta al subempleo”. Interpelado acerca de si entraña la facilidad de despido, el funcionario lo negó y puntualizó que busca, sobre todo, impulsar las contrataciones. La propuesta incluirá “modalidades contractuales acordes a lo que vive el mundo”, nuevos permisos de paternidad, facilidades para adquirir herramientas tecnológicas, optimización de recursos o movilidad.
Con información de EFE
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