La policía peruana impide este martes el paso a los miembros del Congreso disuelto por el presidente Martín Vizcarra, en reconocimiento al vigor de la medida y el poder del mandatario, disputado por los parlamentarios que anunciaron su “suspensión temporal”.
Aunque el Congreso fue disuelto, no quedó totalmente cerrado: la Constitución indica que se mantiene el funcionamiento de la Comisión Permanente, con 27 miembros, la mayoría de ellos opositores. Aunque las calles aledañas al Parlamento permanecen valladas y con cercos policiales, estos legisladores sí están autorizados a ingresar al recinto, según confirmó el general Jorge Lam, director de Tránsito de la policía.
Hacia las 9.30 (hora local, 14.30 GMT), algunos congresistas de éstos comenzaron a llegar al Parlamento, sin registrarse incidentes. “Ya en el Congreso de la República, dispuesto a todo para recuperar la democracia”, escribió Héctor Becerril, uno de las figuras más combativas del fujimorismo.
En tanto, la cadena RPP informó que hay tres congresistas que permaneciero dentro del Congreso tras pasar la noche en el lugar. Uno de ellos fue identificado como Luis Galarreta.
En la víspera, las autoridades policiales, junto a altos mandos militares, habían manifestado su respaldo a Martín Vizcarra.
En tanto, en la mañana del martes, el congresista independiente Roberto Viera intentó salir del país hacia Estados Unidos con un pasaporte diplomático, pero el documento no fue admitido por las autoridades aeroportuarias, en reconocimiento al cierre de la Cámara y la pérdida del cargo legislativo.
El parlamentario está acusado de recibir pagos irregulares por USD 20 mil a cambio de beneficios para anular sanciones, pero no cuenta con un impedimento de salida del país.
Según indicó la prensa local, debió tramitar un pasaporte regular y perdió su vuelo, pero mantiene la intención de abandonar el país.
La expectativa por el futuro de los legisladores está marcada por la próxima declaración Jorge Barata, ex ejecutivo de la constructora Odebrecht en Perú. El empresario brasileño, en el marco de la colaboración judicial, tenía planeado revelar las identidades de decenas de congresistas que recibieron aportes de campaña irregulares.
Además del respaldo de las Fuerzas Armadas, Vizcarra también es apoyado por los gobernadores del país y la medida fue saludada por miles de peruanos que se manifestaron espontáneamente la noche del lunes, con proclamas en contra del Congreso.
Sin embargo, la oposición el parlamento anunciaba su disposición a mantener la lucha de poderes. Tras votar a favor de la suspensión de Vizcarra (sin los votos suficientes para su destitución directa), realizó una juramentación a la vicepresidente Mercedes Aráoz, enfrentada con el mandatario.
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