La fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, pidió a la Corte Suprema declarar "inconstitucionales" seis decretos dictados por el presidente del país, Jair Bolsonaro, que facilitan la compra y el porte de armas de fuego, confirmaron este miércoles fuentes oficiales.
Desde su llegada al poder, el pasado 1 de enero, el mandatario brasileño ha impulsado polémicas medidas, muy criticadas por la sociedad civil, para garantizar que los "ciudadanos de bien" ejerzan "libremente" su derecho de legítima defensa".
No obstante, la mayoría de esas acciones han sido matizadas por el Congreso o recurridas ante la Justicia.
Dodge se mostró así favorable al recurso presentado por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y Red de Sostenibilidad que busca derribar los decretos firmados por el mandatario que flexibilizan las reglas sobre la posesión y el porte de armas de fuego.
"Los decretos impugnados van en contra de la ley nacional y alteraron la política pública definida democráticamente por el Congreso", indicó Dodge en su escrito, enviado al Supremo la noche del martes, en su último día como fiscal general de Brasil.
En su opinión, los decretos de Bolsonaro "afrentan el principio de separación de poderes" y sustituyen el papel del Legislativo "en la toma de decisiones acerca de la política pública sobre el porte y la posesión de armas de fuego".
"El camino adecuado para la alteración y sustitución de la política pública sobre la comercialización, posesión y porte de armas de fuego" es a través del Congreso, lugar "destinado a la deliberación democrática de los temas más importantes", explicó.
"Tanto es así que tramitan en las casas legislativas innumerables proyectos de ley que buscan la alteración del Estatuto de Desarme (2003)", incluso uno de autoría del presidente", completó.
En su primer acto oficial tras permanecer nueve días hospitalizado para ser operado de una hernia, Bolsonaro sancionó en la víspera una ley aprobada por el Congreso en agosto pasado que permite a los hacendados y dueños de propiedades rurales andar armados dentro de toda la extensión de sus tierras.
Esa medida, como las anteriores, fue condenada por organismos de derechos humanos, que consideran la política armamentística de Bolsonaro perjudicial para reducir los elevados índices de violencia registrados en los últimos años en zonas campesinas, donde se producen frecuentemente conflictos entre propietarios de tierras e indígenas.
De acuerdo con un informe, publicado en 2018 por la revista JAMA, editada por la Asociación Médica Estadounidense, Brasil fue en 2016 el país con más muertes causadas por armas de fuego en el mundo (43.000), seguido de Estados Unidos (37.200), India (26.500), México (15.400), Colombia (13.300), Venezuela (12.800) y Filipinas (8.020).
Según el Foro Nacional de Seguridad Pública, una organización de la sociedad civil que estudia el creciente fenómeno de la violencia en el país, que causa anualmente unas 60.000 muertes, cada año las autoridades brasileñas se incautan de unas 120.000 armas.
(Con información de EFE)
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