Invitación tramposa: Daniel Ortega lanzó una campaña de "retorno seguro" para exiliados pero cuando vuelven a Nicaragua los persigue o apresa

Una convocatoria del régimen de Nicaragua para "un retorno seguro" de miles de ciudadanos que se fueron huyendo de la represión desde abril de 2018, ha terminado en una trampa peligrosa de amenazas, persecución y captura por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno.

Pablo Cuevas, abogado defensor de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), dijo a Infobae que han recibido decenas de denuncias de lo que él llama "cacería policial" contra los jóvenes que han retornado del exilio a Nicaragua.

"Algunos casos las familias los denuncian y documentan, otros guardan silencio porque se sienten amenazados y porque la policía les dice que si hacen escándalos a los detenidos les va ir peor, o sea que los van a torturar", dijo Cuevas.

Hay varios casos ampliamente documentados. Uno de ellos es el del joven Diómedes Reyes Hernández.

Contra él la represión inició con amenazas. En letras rojas con pintura de spray pintaron la palabra "Plomo" en el frente de su domicilio. Por debajo de la puerta de su casa introducían papelitos con las advertencias: "Te tenemos vigilado terrorista".

Y a cualquier hora del día y sin razón alguna, policías con armas de guerra, hombres vestidos de civil y pasamontañas, se estacionaban frente a la casa de la familia Reyes en el municipio de Quilalí, departamento de Nueva Segovia, a 264 kilómetros al noroeste de la capital Managua.

Diómedes Reyes Hernández y su hermano menor, junto a su padre Carlos Iván Reyes Moreno y otros jóvenes de la comunidad, había participado en las protestas sociales de abril del 2018 contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La protesta de los Reyes acabó en julio de ese año cuando tropas policiales junto a paramilitares del partido de gobierno, Frente Sandinista de Liberación Nacional, ingresaron de madrugada a la localidad disparando ráfagas de fusiles de guerra AK.

El joven de 21 años y decenas de otros más fueron obligados a refugiarse en los montes y buscar por veredas la frontera de Honduras para refugiarse en ese país al norte de Nicaragua o a las fronteras del Sur para guardarse en Costa Rica.

Cantos de sirena a los exiliados

En abril de este 2019, el régimen de Nicaragua anunció un "plan de retorno seguro" de exiliados nicaragüenses y Diómedes, que había logrado llegar clandestinamente a Costa Rica, pensó que era momento de regresar del exilio y ver a su familia.

Mediante un comunicado público el gobierno anunció "la aprobación e implementación del Programa sobre el Retorno Voluntario Asistido de los Nicaragüenses que salieron del País en el contexto de los hechos acaecidos a partir del 18 de Abril del 2018″.

Según el documento, Ortega "garantizará el retorno voluntario asistido de los hermanos nicaragüenses en el exterior, asegurando que sean recibidos con fraternidad, cordialidad y solidaridad, contribuyendo positivamente con la paz, tranquilidad, seguridad y reconciliación de todos los nicaragüenses".

Pese a las advertencias de su padre de no retornar, Diómedes pensaba que no sería reconocido y podría integrarse a su comunidad La Palanca a trabajar en labores agrarias o retomar sus estudios.

Se equivocó. El 27 de mayo fue secuestrado por paramilitares en Quilalí. Estuvo varios días desaparecido y solo semanas después le avisaron a su familia que estaba detenido por portación ilegal de armas y robos.

"Yo sabía que no era seguro, a los sandinistas no hay que creerles nada, ellos odian a los jóvenes que se rebelaron", dijo Elías Reyes Moreno, tío de Diomedes Reyes cuando interpuso la denuncia ante los derechos humanos.
El joven fue sacado de noche en su vivienda bajo golpes y amenaza de fusil.
Policías y paramilitares encapuchados lo esposaron, lo golpearon y lo patearon en todo el cuerpo para que dijera dónde estaba su padre, su hermano y otros jóvenes de la comunidad, según la denuncia de su familia ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos en Managua.

La familia solo pudo verlo un mes después, en junio, cuando los moretones y hematomas que le habían provocado la golpiza y las torturas ya estaban sanando lo suficiente como para presentarlo ante un juez que lo condenó por robo a mano armada con una pistola Colt 45 sin licencia y así, hoy, Diómedes es uno de los más de 130 presos políticos del régimen.

Capturado por el robo de un sombrero

La captura y condena contra el joven exiliado tras el anuncio del gobierno de su plan de retorno seguro, no es la única entre los llamados "autoconvocados" que se fueron al exilio y han regresado al país.

El joven Ulises Josué Rivas Pérez fue otro de los que huyeron de la represión sandinista y regresó al país creyendo en la promesa del plan de retorno seguro del régimen de Ortega.

Fue detenido por la Policía la mañana del domingo primero de septiembre en Comalapa, Chontales. Él había regresado al país semanas atrás para acompañar a su padre, quien sufre de cáncer en etapa terminal.

Rivas Pérez también participó activamente en las protestas en contra de Daniel Ortega y estuvo exiliado en Costa Rica desde finales de 2018, después de recibir amenazas de cárcel y muerte de parte de paramilitares del régimen y policías locales.

La Policía llegó a detenerlo a su vivienda y prácticamente lo arrancó a la fuerza de los brazos de su madre, que luchaba y rogaba inútilmente porque no se lo llevaran.

En la orden de detención policial Ulises estaba siendo señalado por los delitos de robo agravado en contra de dos hombres y lesiones leves en perjuicio de una mujer.

Actualmente está detenido en la delegación policial de Juigalpa, Chontales. Fue llevado a audiencia preliminar ante juez el tres de septiembre y su juicio será el 13 de septiembre en Managua por los delitos de robo agravado y lesiones leves.

Zayda Urbina, tía de Ulises, narró a Infobae que a su sobrino lo golpearon y le inventaron los cargos tras un pleito dos años atrás.

Uno de los involucrados en el pleito perdió su sombrero y puso la denuncia en la policía y bajo esa denuncia ahora las fuerzas de seguridad basan su acusación.

Periodistas retornan a su suerte

La noticia de persecución y detención a nicaragüenses que regresan del exilio ha frenado las intenciones de muchos de regresar.

Aníbal Toruño es uno de los pocos periodistas, entre más de ochenta que se fueron al exilio, que regresó al país este septiembre.

Toruño es dueño de una radioemisora en la ciudad de León, a unos 100 kilómetros al norte de Managua.

Durante las protestas de abril del año pasado, paramilitares armados de armas de guerra y bidones de combustible intentaron quemar la radio Darío con nueve personas adentro, incluyendo a Toruño.

Hubo una explosión, dos personas murieron y la radio quedó calcinada. La policía y los paramilitares al servicio del régimen le declararon la guerra a la emisora y Toruño tuvo que exiliarse en Estados Unidos.

Regresó al país este septiembre y aunque no tuvo inconvenientes para ingresar, las amenazas en las redes sociales de fanáticos del régimen han aumentado y no ha podido regresar a su residencia y al nuevo local de la radio.

Junto a Toruño volvió un comentarista político, Jaime Arellano, sobre quien pendía una acusación penal y una orden de captura como las que emitieron contra otros periodistas que abandonaron el país.

"Antes de volver la pensamos mucho, hablamos con decenas de periodistas en el exilio y les propusimos regresar a informar desde Nicaragua, a vencer el miedo y la censura que provoca Daniel Ortega, pero los otros periodistas no aceptaron venir por desconfianza y tienen razón", dice Toruño.

No hay condiciones para el retorno

Según Toruño, miles de nicaragüenses que habían planificado regresar en masa desde Costa Rica tras el anuncio del plan de retorno, han suspendido sus planes y continuado con sus gestiones legales para obtener refugio internacional.
Otro periodista de una emisora local del centro del país también regresó este mes a Nicaragua, pero no ha podido volver a su comunidad porque la advirtieron que el acoso contra su familia sigue activo.

"Todavía el primero de septiembre llegaron dos patrullas a advertirle que si me miraban en el pueblo me iban a agarrar vivo o muerto. Yo creo que desde la frontera les avisaron que yo había ingresado desde Costa Rica, así que si no puedo volver a mi casa tendré que irme de nuevo", dijo desde el anonimato, para evitar mayores amenazas y presiones a su familia.

Muerte, cárcel y exilio

La represión contra las protestas sociales que iniciaron en abril de 2018 ha dejado a 328 personas asesinadas desde 2018, más de 3000 heridos, más de dos mil detenciones y al menos 88.000 exiliados.

La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados emitió un informe este mes donde estiman en 88.000 la cifra de nicaragüenses exiliados que buscan un estatus legal de asilo en otros países.

Las cifras de solicitudes de asilo de nicaragüenses por país de destino son de 6.185 en Panamá; 5.905 en varios países de Europa; 2.766 en México; 2.014 en Estados Unidos; 70.339 en Costa Rica y 895 otros países.

El mayor flujo de exiliado ocurrió entre julio, agosto y septiembre de 2018, y un nuevo repunte inició entre mayo, junio y julio de este año.

El fenómeno ha provocado, a la vez, un mayor flujo de deportaciones de nicaragüenses desde Estados Unidos.

Un análisis del Centro de Información de Acceso de Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse de Nueva York, destacó que en julio de este año 11,804 inmigrantes fueron enviados de regreso a México para esperar sus audiencias, cumpliendo con los llamados Protocolos de Protección de Inmigrantes. De esta cifra, 1.040 son nicaragüenses, una de las nacionalidades que más subió en cuanto a deportaciones desde 2018.