Son 2.161.414 las hectáreas quemadas en todo el territorio boliviano hasta el 27 de agosto pasado, según las imágenes Sentinel-2 y VIIRS utilizadas por la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN). En el desastre ambiental también se han perdido hasta ahora alrededor de 40 millones de árboles, con un valor comercial de 1.140 millones de dólares, de acuerdo a un cálculo de la Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano (FCBC), que también ha alertado del riesgo de desaparición de más de 43 especies de anfibios, 140 de reptiles, 788 de aves y 242 de mamíferos, que totalizan 1.200. Lo más sensible entre la madrugada del domingo y el lunes ha sido el fallecimiento de un joven de 22 años, que intentaba apagar un incendio en un cerro de Sacaba, al centro del país, y de un bombero que perdió la vida durante el combate del fuego en Coroico, una zona del departamento de La Paz.
En los últimos 15 días de monumentales incendios, que han coincidido con la recta final de la campaña electoral, Evo Morales y otros políticos bolivianos han sido el centro de las críticas de varios sectores ciudadanos por la reacción tardía que agravó la crisis ambiental, lo que obligó a la suspensión del proselitismo de los principales candidatos presidenciales. El propio primer mandatario de Bolivia prácticamente instaló esta última semana su cuartel de operaciones en la zona de la Chiquitania, lo que no lo ha salvado de críticas, sobre todo durante movilizaciones callejeras en las que le exigen que declare desastre nacional, pida ayuda internacional, disponga la pausa ambiental en los lugares quemados y derogue la normativa que flexiblizó las quemas para la expansión de la frontera agrícola.
Las protestas más recientes contra Morales se han escuchado el fin de semana pasado durante un cabildo en la población de Roboré, al sureste de Santa Cruz de la Sierra, en la que se planteó la apertura de un juicio internacional al Presidente.
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos también denunció ante la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) al gobierno boliviano, ya que cree que "legalizó los chaqueos que produjeron daños irreparables a la gestión integral de la Chiquitania y la Amazonia". La entidad asegura que la administración de Morales respondió a los incendios después de 20 días y ha sido la responsable de ampliar la frontera agrícola y de los asentamientos de personas que generaron el fuego. "La deforestación se multiplicó sin límites", según los activistas de derechos humanos, sobre todo por la intención gubernamental de avanzar en la producción de biocombustibles.
El fin de semana han continuado en el centro de la capital cruceña las movilizaciones de ambientalistas que demandan la declaratoria de desastre nacional, que fue otra vez descartada el domingo por el ministro de Comunicación, Manuel Canelas, al considerar que el Estado boliviano cuenta con recursos suficientes para enfrentar la crisis.
También la Iglesia se ha referido, en diversas misas dedicadas a orar por las zonas afectadas, al pedido de los obispos de solicitar ayuda internacional y declarar una pausa ambiental.
En medio de las críticas y la presión, el presidente Morales se reunió el lunes en Santa Cruz con diversos representantes de organismos internacionales de cooperación y realizó anuncios de reforzamiento de las operaciones en la Chiquitania. También reiteró que existen indicios de que hay incendios provocados intencionalmente para afectar la imagen del Gobierno. El mismo lunes comunicó y lamentó la muerte de un bombero, que horas más tarde fue declarado héroe nacional.
Los incendios cesaron en algunos lugares, pero se expandieron en otros como en la zona de Puerto Suárez. Entre el domingo y el lunes, la FAN registró 2.397 focos de calor en Bolivia. El Gobierno habló de cinco zonas críticas, en tanto que la Gobernación de Santa Cruz dijo que han disminuido y queda un 30 por ciento del territorio departamental en riesgo. La Fundación Amigos de la Naturaleza pronosticó a partir de esta semana una reducción de los niveles de peligro por algunas posibles lluvias.
El Gobierno confirmó, además, mediante el canciller Diego Pary que se recibirá ayuda internacional por más de 2 millones de dólares.
Santa Cruz, la más afectada
Aunque el último fin de semana aparecieron incendios en las regiones de La Paz y Cochabamba, la zona más afectada por el fuego en Bolivia es la agroindustrial Santa Cruz. De acuerdo al informe oficial de la FAN, hasta el 27 de agosto se quemaron en la zona cruceña 1.438.992 hectáreas, es decir casi el 67 por ciento. Los municipios con más daños son San Matías (321.088 hectáreas), Charagua (289.803 hectáreas) y San Ignacio de Velasco (209.493 hectáreas). Las áreas protegidas nacionales con mayor afectación son San Matías, Otuquis y Carrasco, en tanto que las subnacionales más dañadas son Ñembi Guasu, El Dorado y el Valle de Tucavaca.
De las más de 2 millones de hectáreas dañadas a nivel nacional, un 22 por ciento ha sufrido quemas por primera vez, mientras que el restante 78 por ciento ha sido afectado por más de una vez.
En una revisión que hizo la FAN de los últimos 18 años, en 2010 se registró la mayor quema, con 10 millones de hectáreas quemadas, mientras que en 2016 se incendiaron 3.795.900 y en 2004 se dañaron más de 6 millones de hectáreas.
La Fundación Bosque Seco Chiquitano menciona varias causas posibles del desastre ambiental, como el hecho que 2019 es un año de extrema sequía y altas temperaturas, el cambio de uso de suelos de forestales a ganaderos y agrícolas, la aplicación de la ley 741, que amplía el desmonte de 5 a 20 hectáreas, el reciente decreto 3973 que autoriza las quemas controladas, el impulso del Gobierno a la producción ganadera, el incremento de asentamientos campesinos y la débil respuesta institucional a los incendios forestales.
Evo y su plan con expertos
Como parte de las respuestas al desastre y a las críticas de la población, Evo Morales se reunió el lunes con 18 expertos internacionales en atención de incendios, procedentes de las Naciones Unidas, la Unión Europea, la CAF, el BID, EEUU y Gran Bretaña. La intención es ejecutar un plan integral que considere la prevención, la acción inmediata y la recuperación de los desastres naturales.
El presidente de Bolivia le ha entregado la tarea de comandar las acciones de este plan a la ministra de Planificación, Mariana Prado, y al ministro de Medio Ambiente y Agua, Carlos Ortuño.
El Gobierno ha informado de que hasta el 31 de agosto ha desplegado 21 aeronaves, entre las que está el Supertanker. Hay dos de la cooperación peruana, además que se espera al avión cisterna ruso Ilyushin, un helitanker chino y dos helicópteros Sicopsqui. Desde el 7 de agosto hubo 999 operaciones aéreas y 257 terrestres, en tanto que fueron movilizadas 7.355 personas a la zona del desastre, según un informe gubernamental.
Evo Morales también declaró la inmovilización de las zonas quemadas para evitar la venta de tierras. Otra de sus medidas es el desplazamiento de tres contingentes de Inteligencia de la Policía para investigar denuncias de una supuesta utilización de personas para realizar quemas intencionadas, con el fin de afectar la imagen de su Gobierno en la campaña electoral. Otra versión de la Gobernación cruceña y de opositores indican que hay incendios provocados por grupos afines al oficialismo en la búsqueda de asentarse o de consolidarse en las tierras.
En medio del desastre, el candidato presidencial del opositor CC, Carlos Mesa, culpó directamente a Morales por los incendios y acusó de complicidad a su rival, el también opositor Oscar Ortiz. Este último fue duro la semana pasada con el Presidente, a quien criticó por posar con overol en el lugar de las quemas.
Mientras sigue el cruce entre los adversarios políticos, la solidaridad ha continuado, con movilizaciones que han alcanzado a los residentes bolivianos en Europa. El fin de semana último,el presidente del; club de fútbol Bolívar, Marcelo Claure, anunció la donación de la recaudación de 200 mil dólares del clásico de La Paz.
Una nueva ley de pausa ambiental
Afectado también como Evo Morales por las críticas, el Gobernador de Santa Cruz y líder del opositor Demócratas, Rubén Costas, anunció que en las próximas horas la Asamblea Legislativa Departamental aprobará la ley de Declaratoria de Pausa Ambiental.
Son cuatro las medidas principales de la nueva norma que puede regir desde este miércoles. En primer lugar, se prohíben los asentamientos en las áreas afectadas por los incendios y sus zonas de influencia. En segundo lugar, se impiden las quemas y los desmontes. En tercera instancia, se prohíbe el cambio del uso del suelo. Y, finalmente, no se permite la caza y la comercialización de productos generados por los incendios.
Mientras los ambientalistas exigen derogar algunas de las normas del Gobierno para expandir la frontera agrícola, los ganaderos expresaron su apoyo a las medidas que autorizan quemas controladas.