El presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, declaró este domingo durante siete horas ante los agentes fiscales que investigan el acta de compra de energía de la represa de Itaipú, que Paraguay comparte con Brasil, y que causó la mayor crisis política desde que asumió el poder hace un año.
La declaración testimonial de Abdo Benítez, que tuvo lugar en la residencia presidencial de Muruvichá Róga, "fue muy productiva, muy detallada", dijo el fiscal Marcelo Pecci en una rueda de prensa junto a las agentes fiscales Liliana Alcaraz y Susy Riquelme, que también tomaron testimonio al mandatario.
Pecci afirmó que la investigación de la Fiscalía sobre los procesos técnicos de la polémica acta de contratación de energía puede "avanzar significativamente" cuando incorporen la declaración a otros testimonios aportados ya la causa.
"Es una causa extensa, compleja, técnica, de mucha especificidad que tiene connotaciones de trasnacionalidad, donde seguramente habrá que hacer algún tipo de pericia", señaló Pecci, al advertir que "un apresuramiento" en un proceso de apenas diez días tendría una definición "inapropiada e incorrecta".
Por esta razón, aseveró que es muy pronto para saber si existe "punibilidad" del mandatario.
Por su parte, Riguelme señaló que el mandatario ha puesto a disposición de la Fiscalía su teléfono con el que intercambiaba mensajes con el que fuera director de la estatal eléctrica ANDE, Pedro Ferreira, el primero en declarar ante el Ministerio Público sobre el caso.
Los tres agentes fiscales tienen ahora pendiente citar a una declaración al vicepresidente del país, Hugo Velázquez, también del Partido Colorado y salpicado por el caso.
Hasta la fecha ya han declarado ante Fiscalía Ferreira y José Rodríguez, un abogado a quien se le relaciona con Velázquez.
La dimisión de Ferreira, el mes pasado, fue el detonante de la crisis política al revelar los contenidos del acuerdo y que este se había firmado dos meses antes por representantes de las Cancillerías de los dos países.
La oposición paraguaya, encabezada por el Partido Liberal y el Frente Guasu (izquierda), denunció el acta como claudicante y lesiva para los intereses del país.
El Gobierno intentó atajar la crisis con varias dimisiones en cadena, entre ellas las del canciller, Luis Alberto Castiglioni.
Pero la crisis se avivó con la aparición de unos mensajes telefónicos a Ferreira de Rodríguez, en los que este se presentaba como asesor de Velázquez.
Según esos mensajes, Rodríguez intentó alterar el acta para excluir el punto por el que la ANDE podría vender su parte de energía a empresas privadas brasileñas, y que esa venta fuera en exclusiva para la firma brasileña Leros.
Finalmente, los Gobiernos de Paraguay y Brasil firmaron la anulación del acta, lo hizo amainar en parte la crisis.
Sin embargo, la oposición hizo esta semana el pedido de juicio político a Abdo Benítez y a Velázquez en la Cámara de Diputados, que sigue sin tratar la iniciativa ante el bloqueo de los colorados, que son mayoría.
Para mañana, lunes, la oposición tiene previsto anunciar un programa de movilizaciones para activar el juicio político contra ambos.
(Con información de EFE)
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