Asedio, control y vuelta a prisión: el calvario de los presos políticos excarcelados en Nicaragua

Se puede estar en prisión sin necesidad de hallarse dentro de una celda. Lo saben bien los presos políticos que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha excarcelado en Nicaragua. Patrullas de la Policía o vehículos misteriosos suelen estacionarse afuera de sus casas y simpatizantes del gobierno los vigilan incluso cuando van a la pulpería. En los peores casos, los excarcelados han sido capturados de nuevo, bajo acusaciones que para los organismos de Derechos Humanos son absurdas y sin fundamento legal.

Uno de los casos más recientes es el del excarcelado Jaime Navarrete, de 38 años, que otra vez se encuentra en el sistema penitenciario esperando el inicio de un juicio. El año pasado, Navarrete fue condenado por el orteguismo a 22 años de cárcel. En esa ocasión lo acusaron por el presunto asesinato de Ariel Ignacio Vivas, quien participó en la "operación limpieza" de los barrios orientales de la capital, Managua; un operativo policial y paramilitar que consistió en quitar a punta de bala las barricadas que los ciudadanos instalaron en protesta contra el gobierno.

De haber cumplido esa condena, Jaime Navarrete habría salido libre el lunes 17 de diciembre del año 2040. Sin embargo, el 10 de junio de este año fue excarcelado bajo la Ley de Amnistía aprobada en la Asamblea Nacional por el Frente Sandinista, que gobierna en Nicaragua desde hace 12 años.

Navarrete salió de la cárcel, pero no era libre. Según Margine Blandón, desde que su hijo volvió a casa era hostigado "día y noche", ni siquiera podía ir a las citas con su psicóloga y llegó el momento en que prefirió dejar de salir a la calle. No habían pasado ni dos meses desde su excarcelación cuando se lo volvieron a llevar preso.

De acuerdo con declaraciones brindadas por Blandón al diario La Prensa, a las 6:10 de la tarde del pasado 24 de julio, Navarrete abrió el portón delantero de su casa para tomarle una foto a un carro que llevaba rato estacionado enfrente y del que solían gritarle provocaciones como "¡Golpista!" y "¡Daniel se queda!". En ese momento policías de civil que se encontraban en una patrulla aprovecharon para apresarlo y ahora enfrenta una nueva acusación, esta vez por portación de armas restringidas y tenencia de estupefacientes.

"Me están martirizando mi vida y la de mi hijo, ¿qué más quieren de él? Tiene dos lesiones en el cerebro, le desbarataron la boca, le fracturaron la nariz, lo quemaron con puro, le metieron el AK (un fusil de guerra) en el ano, le echaron ácido en sus partes íntimas, ¿qué más quieren de él?", lloró su madre, al referirse a las torturas a las que fue sometido la primera vez que la Policía lo capturó e interrogó.

El caso de Jaime Navarrete, cuya casa fue allanada dos veces después de su segunda detención, es especialmente irregular, considera la abogada nicaragüense Yonarqui Martínez, defensora de presos políticos. Ahí concurrieron "varios delitos de abuso de autoridad" y se usó "el mecanismo de tortura como medio de investigación". Además, dice, hubo "asedio" y "amenazas con armas".

Pero abundan las denuncias de otros excarcelados que están sufriendo asedio en menor o mayor grado. Y los reportes provienen de todos los departamentos del país.

Uno de esos exreos es Edder Muñoz, originario de la ciudad de Masaya, a 26 kilómetros de la capital. A él lo detuvieron el 31 de diciembre de 2018 y nunca le explicaron por qué. Ni siquiera lo presentaron ante un juez. Fue excarcelado casi cinco meses después, el pasado 20 de mayo, y desde entonces se ha seguido sintiendo prisionero.

A inicios de junio expuso su situación ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), un organismo nicaragüense. "Andan detrás de mí. La policía llega a mi casa en la madrugada, se mantienen ahí y si salgo a la venta o al mercado, los señores de los CPC (comités de simpatizantes del régimen) del barrio andan donde quiera que voy", denunció. "Es otro tipo de cárcel la que estamos viviendo. Creo que ni excarcelado me siento porque estar dentro de mi casa y viendo que hay oficiales afuera esperando a que yo salga y temer por mi vida, es el mismo sentimiento que sentía cuando estaba en el Chipote o La Modelo", lamentó, refiriéndose a las celdas de la Policía y a las del sistema penitenciario.

En la larga lista de excarcelados víctimas de asedio se encuentra también Edwin Altamirano, de 40 años, quien fue detenido otra vez la tarde del pasado 18 de julio. Oficiales uniformados lo sacaron de su casa y lo montaron a golpes a la tina de la patrulla para trasladarlo directamente a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la Policía, donde se realizan las investigaciones. En las siguientes cuarenta horas, Altamirano fue interrogado en al menos quince ocasiones, bajo la sospecha de estar planificando "un atentado" contra Daniel Ortega, presidente de Nicaragua y, para muchos, un dictador. Lo liberaron dos días después, a las 10:00 de la mañana del sábado 20 de julio. "Me estaban acusando de un atentado contra el presidente de la república y lo otro era que supuestamente yo quería atentar contra la vida del secretario político del distrito", declaró minutos después de su liberación. Sin embargo, su familia se ha inclinado a pensar que la verdadera razón por la que fue detenido es que vende bisuterías azul y blanco (los colores de la bandera nacional y de la protesta ciudadana) que aprendió a hacer cuando estuvo en prisión.

Altamirano fue excarcelado el 15 de marzo de este año, luego de ocho meses en prisión, y él tampoco ha tenido paz. Se siente vigilado en su propia casa. "Me tienen contra la espada y la pared, no puedo trabajar", dijo el día de su liberación, mientras lloraba. "No quieren que trabaje, no quieren que me mueva, entonces cómo le voy a dar de comer a mi familia. No tengo nada".
El asedio no para. Las casas de los expresos políticos amanecen con las paredes rayadas o son blanco de robos y algunos excarcelados, hombres y mujeres, reciben citatorios judiciales de manos de la propia Policía. Además, los uniformados parecen disponer de suficiente tiempo libre para estacionarse frente a las casas de los exreos y las casas de sus familiares.

Para el abogado Gonzalo Carrión, del colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, tanto hostigamiento tiene el objetivo de aplastar "el liderazgo y la resistencia que sigue viva y activa" en el país y forzar a los líderes de las protestas a la inmovilidad o al exilio.

El régimen de los Ortega Murillo se mantiene alerta ante la posibilidad de que haya otra ola de manifestaciones ciudadanas, como las que estallaron en abril de 2018, considera Carrión, por eso trata de imponer "un estado de terror fundado en las armas, la amenaza, la cárcel, la tortura y la muerte".
La dictadura, dice el abogado, "privilegia la barbarie antes que perder el poder, porque para ellos ese sería el precio más alto".