Los líderes de la oposición nicaragüense regresaron a la mesa de diálogo el miércoles en un centro de negocios donde las conversaciones para resolver la crisis política se estancaron hace dos meses, pero no había nadie con quien hablar.
En un aparente intento por llamar la atención sobre el estancamiento político -el régimen no había dado señales de que sus delegados responderían al llamado de reiniciar las conversaciones- la opositora Alianza Cívica (AC) acusó al presidente Daniel Ortega de negarse a resolver la crisis.
"El gobierno ya mató la negociación", dijo a The Associated Press el político liberal José Pallais, miembro del equipo de la AC que sostuvo negociaciones con el régimen entre febrero y mayo pasado.
Pallais agregó que, a partir de ahora, "poder restablecer (el diálogo) depende de las gestiones diplomáticas de la OEA (Organización de Estados Americanos)", que en julio dio un plazo de 75 días a las partes para reanudar la negociación.
La AC asegura que hay que negociar para que Ortega acepte discutir una reforma a la ley electoral y con ella el eventual adelanto de las elecciones presidenciales.
El gobernante de 73 años dijo en su último acto político este mes que su partido "ya está listo para ganar" los comicios, pero reiteró que no habrá adelanto y que éstos se realizarán en 2021.
La crisis estalló en abril de 2018 con protestas que fueron sofocadas con violencia por la policía y paramilitares. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la acción gubernamental dejó al menos 325 muertos, más de 2.000 heridos y unos 770 detenidos, además de 62.000 exiliados.
"El régimen ha cerrado la puerta y habrán consecuencias. Responsabilizamos al régimen por el dolor de las familias de las víctimas, de los presos políticos y sus familiares, de los exiliados", tuiteó por su parte otro de los empresarios negociadores, Juan Sebastián Chamorro.
Según la AC, el régimen de Daniel Ortega no ha cumplido con varios acuerdos, como la liberación total de "presos políticos" (la Alianza asegura que quedan 120 detenidos), la restitución de la legalidad a nueve ONGs proscritas en diciembre pasado, la devolución de medios de comunicación clausurados y el desarme de paramilitares, entre otros.
El régimen no ha formulado comentarios sobre la invitación de los opositores a la mesa. Con respecto al reclamo de liberación de 120 "presos políticos", el Ministerio de Gobernación indicó semanas atrás que todos los detenidos en el marco de las protestas habían sido liberados.
Para el economista Mario Arana, otro de los negociadores de la AC, el rechazo oficial a la invitación opositora "sólo prolongará el sufrimiento del pueblo y los daños a la economía, que no ha podido recuperarse".
"La economía sigue cayendo. El año pasado se contrajo en 3.8% y este año el Fondo Monetario Internacional proyecta una contracción de al menos 5 por ciento", advirtió el también presidente de la Cámara de Comercio Americana-Nicaragua (AMCHAM).
Con información de AP
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