El Comité de Familiares de Presos Políticos informó este viernes que ha solicitado a la OEA la "pronta conformación" de una comisión para ayudar a solucionar la crisis que vive Nicaragua desde abril de 2018 y que ha dejado cientos de muertos y una economía en caída libre.
"Les solicitamos actuaciones beligerantes e inmediatas por parte de ustedes en la conformación de una comisión de alto nivel que fue aprobada durante la 49 Asamblea General de la OEA", dijo Diana Lacayo al leer una carta enviada por el Comité de Familiares de Presos Políticos a ese organismo hemisférico.
La 49 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución en la que insisten en el reintegro a Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sus mecanismos.
En la resolución de Medellín, Colombia, se ordenó al Consejo Permanente de la OEA que "realice gestiones diplomáticas al más alto nivel para procurar una solución pacífica y efectiva a la crisis política y social en Nicaragua y que rinda un informe en un plazo máximo de 75 días", así como que convoque a una sesión extraordinaria de la Asamblea General, "si es el caso".
Además, ordenaron la creación de una comisión diplomática para ayudar a solucionar la crisis del país.
Según el Comité de Familiares de Presos Políticos, urge crear esa comisión debido a que el Gobierno de Daniel Ortega, al que tildan de "dictadura", mantiene encarcelado a 109 opositores, así como una política de "persecución, asesinatos, secuestros, encarcelamientos, y asedios".
También "el incumplimiento descarado de los acuerdos firmados" con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en la mesa de negociación, que se encuentra suspendida desde mayo pasado y con la que se espera superar la crisis.
"Exigimos la pronta conformación de esta comisión para que visite Nicaragua, ya que cada minuto que pasa la represión de la dictadura hacia nuestras familiares aumenta", señaló Lacayo.
Durante la conferencia de prensa, en la que participaron representantes de la Alianza Cívica, del Movimiento Campesino y de la Unidad Nacional Azul y Blanco, también demandaron "justicia" para las víctimas que han dejado las protestas y "libertad" para los 109 manifestantes opositores que se encuentran detenidos y que, según el Ejecutivo, guardan prisión por delitos comunes.
Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 326 muertos, según la CIDH, aunque organismos locales elevan la cifra a 595 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.
Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), adscrito a la CIDH, el mayor responsable de la violencia es el Gobierno de Ortega, a quien responsabilizan de cometer incluso crímenes "de lesa humanidad" en medio de la crisis.
Con información de EFE
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