Durante el siglo pasado, entre los años 70 y 80, el petróleo, también conocido como "oro negro", ayudó a Ecuador a construir importantes obras de infraestructura: carreteras, centrales hidroeléctricas, la refinería de crudo más importante del país, escuelas, hospitales…
Ahora en pleno siglo XXI, luego de 47 años del inicio del primer boom petrolero, el país andino inauguró, el 18 de julio, la producción del primer proyecto de minería a gran escala: Mirador, que las autoridades y representantes de la industria esperan sea el inicio de otros grandes proyectos mineros que ayuden a fortalecer la economía y a desarrollar poblaciones deprimidas en las áreas de influencia de los proyectos.
Mirador se ubica en la provincia de Zamora Chinchipe, en la Amazonia ecuatoriana. Operado por Ecuacorriente S.A (ECSA) subsidiaria del consorcio chino CRC-Tongling Nonferrus Metals, la mina tiene reservas de 3,18 millones de toneladas de cobre, 3,39 millones de onzas de oro y 27,11 millones de onzas de plata.
El ministro de Energía y Recursos Naturales de Ecuador, Carlos Pérez, califica al inicio de la producción en Mirador como "un día histórico para el país porque empieza la producción industrial (…) ¡Por primera vez, Ecuador produce cobre y se convierte en exportador de minerales a escala industrial! (…) Este es solo el comienzo de un futuro promisorio en minería".
Hasta el momento la inversión en Mirador bordea los USD 1.250 millones y el Estado ecuatoriano ya ha recibido regalías anticipadas por USD 85 millones.
Aunque la minería y el petróleo son negocios diferentes por sus características, por la forma en que se explota, por las inversiones que demanda y por los productos que se obtiene, el inicio de la producción de cobre abre expectativas de desarrollo, sobre todo para las comunidades asentadas en las zonas de influencia de los proyectos.
De acuerdo con la Ley, el 60% de las regalías mineras debe destinarse al desarrollo de proyectos de inversión social en las zonas de influencia de los proyectos.
El gerente de Seguridad, Salud y Ambiente de ECSA, Augusto Flores, sostiene que el Estado ecuatoriano recibirá, en promedio unos USD 90 millones anuales por concepto de diverso tipo de impuestos, incluidas las regalías.
Imagínese cuántas escuelas modernas con tecnología, cuántos hospitales, cuántas viviendas se puede construir, destaca Flores.
De acuerdo con datos oficiales, entre el año 2010 y 2018, la empresa Ecuacorriente realizó adquisiciones a proveedores locales de Tundayme, El Pangui, Zamora y Gualaquiza, poblaciones del área de influencia de Mirador, por un monto de USD 72,7 millones, que ayudaron a dinamizar la economía de la zona.
La producción inicial que se obtenga de concentrado de cobre, plata, oro y molibdeno será para testear y adaptar los equipos y maquinarias, así como para verificar el estado de las instalaciones.
Mirador, ahora la primera mina metálica a gran escala en plena operación en Ecuador, tendrá una vida de entre 25 y 30 años, durante los cuales el concentrado será exportado a China, a la casa matriz de la compañía, que se encargará de procesarlo para convertirlo en cobre.
Fruta del norte: un gran yacimiento de oro
Con el último trimestre del año, se iniciará la producción de Fruta del Norte, el más importante yacimiento de oro de Ecuador, considerado como uno de los más importantes en construcción y de más alta ley del mundo, concesionado a la empresa canadiense Lundin Gold.
Fruta del Norte es una mina subterránea, de la cual se obtendrán dos tipos de productos: barras doré y concentrado de oro y plata. Empresas canadienses y de países europeos como Finlandia, Suecia y Suiza ya han mostrado interés en adquirir el material.
Las reservas probables de Fruta del Norte ascienden a 5,02 millones de onzas de oro. Su producción está estimada para 15 años.
Pese a la dura oposición de parte de grupos de ecologistas, de algunas comunidades y de indígenas, expertos esperan que Mirador y Fruta del Norte se conviertan en un abrebocas que logre despertar el apetito de inversores foráneos para exploración y también para apoyar depósitos ya descubiertos, sobre todo los ubicados al norte del país, en el denominado cinturón andino del cobre, que posee proyectos de cobre y oro de talla mundial, que impulsen en el futuro la economía del país andino.
Al momento, según datos oficiales, existen en Ecuador 11 proyectos mineros en marcha, entre los denominados estratégicos y los de segunda generación.
"Estamos acercándonos a ser un país atractivo para la inversión minera", dice el abogado experto en minería Stevie Gamboa. "El éxito de los proyectos mineros entra directo a las arcas públicas y se va a distribuir entre la sociedad. La forma en la que el Estado distribuya esos recursos marcará lo que significará la minería para el futuro del país"
El impulso de las exportaciones
En 2018, según el Viceministerio de Minas de Ecuador, las exportaciones de minerales sumaron USD 272 millones, en 2019 ascenderían a USD 550 millones y para 2020 treparían a USD 1.360 millones, un incremento de 400% en apenas dos años.
Para 2021, cuando deberían estar en plena producción los cinco proyectos mineros considerados estratégicos, incluidos Mirador y Fruta del Norte, así como proyectos de pequeña minería, Ecuador espera que la minería aporte con el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Con la producción de los proyectos de segunda generación, que se encuentran en diferentes etapas de exploración, el aporte al PIB subiría al 10%, en unos 8 o 10 años.
Entre esos proyectos de segunda generación está Cascabel, un yacimiento de cobre ubicado al norte del país, que de acuerdo con los resultados de la evaluación económica preliminar se ubicaría entre los 10 mayores del mundo para la producción de oro, plata y cobre y sería, al momento, la mina de plata más grande del mundo.
Oro proyecto importante es Llurimagua, una mina de cobre a cargo de las estatal chilena Codelco y la estatal ecuatoriana Enami.
El potencial minero de Ecuador es reconocido por diversos estudios, los grandes retos del país serán convencer a las comunidades y activistas que se oponen a esta actividad de que el gobierno realizará estrictos controles y no le temblará la mano si debe aplicar la ley para sancionar incumplimientos de cualquier tipo por parte de las empresas mineras, así como convencer a los inversionistas de que habrá seguridad jurídica y sus contratos serán respetados, al margen de los vaivenes políticos típicos de este país.