Las declaraciones resultaron explosivas. Antonio Palocci, ministro de Hacienda de Lula da Silva entre 2003 y 2006, y jefe de Gabinete de Dilma Rousseff entre enero y junio de 2011, declaró por primera vez esta semana ante la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre las irregularidades en el manejo del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) durante la gestión del Partido de los Trabajadores (PT).
La comparecencia duró casi cinco horas, en las que detalló las millonarias coimas que Odebrecht le pagó al PT por el apoyo financiero que le ofreció para realizar obras en Angola. Créditos que por el riesgo de la operación no podrían haber superado los 150 millones de dólares, terminaron siendo de más de 250 millones, y en reiteradas ocasiones. Todo por una "decisión política".
Pero Veja reveló este viernes una parte de la declaración de Palocci que no había trascendido en un primer momento. Según el ex funcionario, Lula intervino personalmente para desviar parte de los más de 10 millones de dólares en sobornos pagados al PT por la constructora a cambio de la gestión ante el BNDES. El destino fueron campañas políticas en Perú y Bolivia, según dijo Palocci, que no brindó muchos más detalles.
El ex ministro ya había acusado en el pasado al ex presidente de tener una participación directa en las tramas de corrupción. En diciembre, señaló su involucramiento para beneficiar al sector automotriz a cambio de coimas.
Palocci testificó en esa ocasión ante la Justicia en calidad de testigo de la acusación, en un caso que investigaba la renovación de un decreto que prorrogó los beneficios fiscales de diversas montadoras del sector del automóvil en Brasil.
En el marco de ese caso, Lula, quien se encuentra preso desde abril de 2018 acusado de haber recibido un apartamento con vistas al mar a cambio de sobornos, fue denunciado por la Fiscalía por el delito de corrupción pasiva.
Una parte de las coimas fueron dirigidas a Luis Claudio Lula da Silva, uno de los hijos del ex presidente y quien solicitó entre 2 y 3 millones de reales (entres 526.000 y 789.000 dólares) para llevar a cabo un proyecto deportivo, concretamente un campeonato de fútbol americano en Brasil, según Palocci.
Lula y el ex ministro Gilberto Carvalho fueron denunciados en septiembre de 2017 por corrupción al editar, a cambio de supuestos sobornos, una medida legislativa para favorecer a empresas del sector automotriz mediante una prórroga de los beneficios tributarios por cinco años.
En los interrogatorios ante la Justicia, Palocci ha acusado a Lula y Rousseff de diferentes delitos, que aún son investigados y pueden agravar la situación legal del ex presidente, quien ya cumple una condena de ocho años y 10 meses de prisión por corrupción y lavado de dinero por haber recibido un apartamento de la constructora OAS.
El ex ministro y antiguo brazo derecho de Lula fue condenado y está preso por corrupción en un caso vinculado a millonarios desvíos en la petrolera Petrobras, pero firmó un acuerdo con la Fiscalía para colaborar con la Justicia y revelar sus delitos y a sus cómplices, a cambio de una reducción de su pena y otros beneficios.
Después de diversas delaciones, la Justicia brasileña redujo el pasado mes su pena de doce a nueve años de prisión y le concedió el arresto domiciliario, controlado por una tobillera electrónica.
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