El 12 de abril a las 9 am en medio de una carretera de la ciudad de Mandera, en Kenia, dos médicos cubanos fueron secuestrados y su custodio local asesinado. Sus nombres: Landy Rodríguez Hernández y Assel Herrera Correa. Estaban allí en una de las tantas misiones con las que el régimen de La Habana hace negocios alrededor del mundo. Desde entonces nada se sabe de ellos.
"No tenemos ninguna novedad, gracias". La conversación fue así de breve con uno de los allegados a los profesionales que vive en la capital. Otra se animó un poco más, aunque dijo no contar con mucha información: "Lo último que sé es que el gobierno está en contacto con los familiares". La dictadura no les permite hablar con nadie sobre el tema. Deben cortar de inmediato cualquier comunicación incómoda.
Rodríguez Hernández y Herrera Correa fueron tomados cautivos presuntamente por el grupo terrorista Al-Shabaab, una filial de Al-Qaeda que opera en Somalia. Apenas un policía cuidaba las espaldas de los médicos en una de las zonas más calientes de África. "Sé que es un condado muy peligroso", había declarado el primero en una entrevista en 2018 ofrecida a la televisión estatal cuando le consultaron sobre su destino.
Mandera es uno de los lugares más críticos de Kenia. Ubicado en el extremo nororiental del país comparte frontera con Somalia y Etiopía. La primera de esas naciones está bajo asedio yihadista y la capital de ese condado keniata -con idéntico nombre- no escapa a las turbulencias y al acoso diario. Al-Shabaab (Los Jóvenes, en árabe) es uno de los grupos terroristas más activos de todo el continente.
Allí envió La Habana a sus profesionales. A una misión de altísimo riesgo, casi suicida, pero de generoso rédito para sus arcas. Eso sí: quienes forman parte del programa perciben entre el 25 y el 10 por ciento del salario que los países receptores pagan a Cuba. Un verdadero sistema de esclavitud que también se sufre en el interior de la isla con empresas extranjeras y que ya fuera denunciado ante la Unión Europea por disidentes exiliados en España.
Cuando se conoció la noticia del secuestro de Rodríguez Hernández y Herrera Correa, el castrismo intentó tapar la crisis. Lo importante era preservar el supuesto prestigio de las misiones médicas en todo el planeta, una inmejorable fuente de divisas. "Compartimos la certeza de que su misión humanitaria será respetada y reconocida. Creemos en el poder de la solidaridad", dijo el presidente Miguel Díaz-Canel hace poco más de una semana.
Parecería ingenuo intentar doblegar la voluntad de terroristas con el (lejanísimo) concepto de "solidaridad". La milicia islámica exige por sus cabezas alrededor de 1.5 millones de dólares. Quizás una negociación en esos términos resulte más tentador para los fundamentalistas. Muchos de sus miembros fueron bautizados con el pomposo nombre de "yihadistas del mar". Son simples piratas desocupados reclutados para darle músculo a la organización armada.
Díaz-Canel asegura estar en permanentes "conversaciones telefónicas" con sus pares de Kenia y Somalia. Lo anunció por Twitter. De inmediato recibió la respuesta de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), que agrupa a opositores a la dictadura. "Lo que necesitan los médicos es que pagues el rescate o hagas como Israel y mandes un comando a rescatarlos. Bastante con lo que les roban, bien puedes pagar el rescate".
Ferrer fue preso político durante 8 años entre 2003 y 2011. Durante el tiempo de cautiverio pasó por cinco penales diferentes: Prisión Provincial de Pinar del Río; Prisión de Máximo Rigor Kilo 8, en Camagüey; Prisión Provincial de Guantánamo; Prisión Provincial de Las Tunas y Prisión Aguadores, en Santiago. Además de las miserias del régimen conoce la realidad de quienes forman parte de estos programas por el mundo con precisión. Seis de esos años tras las rejas los transitó confinado en la más absoluta soledad, en celdas oscuras, sucias. Únicamente vestido con shorts, un pulóver y un par de chancletas. Incluso, cuando inició una huelga de hambre las autoridades penitenciarias le privaron el agua.
"Los médicos están preocupados y molestos. Son ellos quienes más aportan a las arcas del régimen. ¿Cómo es posible que no hagan nada?", se indigna Ferrer. "Tienen mucho temor. Están entre la espada y la pared" por no poder negarse a ser parte de las misiones. "¿Qué es peor? ¿Arriesgarse a ser secuestrados o seguir así en Cuba? Pero sobre todo tienen miedo de ir a Venezuela… Prefieren contratos de países de África".
Los acuerdos entre los galenos y La Habana varían dependiendo del destino. Cuanto más riesgosa la plaza más dinero les queda a los profesionales, aunque el gobierno se apropie más del 75% de sus salarios. Incluso deben someterse a un estricto sistema de vigilancia en el extranjero. Para ello designa a "comisarios políticos" que auditan la labor y realizan informes periódicos. Son ellos quienes deciden las sanciones y que determinan los descuentos a sus mensualidades.
Igualmente controlan que no tengan contacto con otras personas que no sean pacientes, compatriotas o colegas de los hospitales donde son asignados. Tampoco pueden incurrir en infracciones de tipo ideológicas. Un pecado capital. Las amonestaciones más comunes tienen que ver con salidas del área de trabajo permitida o del área del hotel en el que se encuentran alojados. Durante los días de compra -una vez a la semana- estos guardianes los acompañan para ver en qué gastan sus monedas. No van a ningún lado sin una custodia política.
Otra de las penas podría darse si los miembros del sistema de espionaje castrista descubren que sus vigilados están en contacto con familiares que residan en los Estados Unidos o en Europa. Es otro de los pecados que no pueden cometer. "Si sospechan que quiere o planea desertar lo envían de nuevo a Cuba, detenido", explica Ferrer. Más allá de seguirlos, el régimen les asignó un teléfono único y móvil que registra -mediante GPS- el lugar exacto en el que se encuentran. Ese sistema satelital es monitoreado cada 30 minutos por los "comisarios". Así saben bien dónde está cada uno de ellos.
Pero estos policías tienen asimismo una misión más macabra. Son los responsables de encubrir los posibles casos de mala praxis en que puedan incurrir sus médicos. Es imposible que una práctica errónea o imprudente salga a la luz. Los legajos deben permanecer impolutos. Apenas los reprenden verbalmente. Una mancha en sus planillas podría derivar en causas judiciales mayores, alterar las estadísticas y arruinar el millonario negocio detrás de las misiones: 8 mil millones de dólares al año. "Toda una gran mentira para posicionar a los programas como positivos y exitosos", dice Ferrer a Infobae.
"Existe una gran presión por parte del régimen. Ninguno va por altruismo. Aquí viven en la indigencia… ganan entre 40 y 50 dólares al mes", revela el coordinador nacional de UNPACU. "La situación es tan penosa que deben vender ropa, comida… atienden mejor a quienes puedan darle algún regalo… todo por la necesidad tan extrema. Si no consiguen regalos, no pueden ejercer".
La denuncia que nació en Brasil
En marzo pasado el escándalo salió a la luz. Fue luego de una denuncia que médicos isleños realizaron en Miami por el programa que inició la administración de Dilma Rousseff en Brasil. La presidenta lo bautizó Mais Médicos. Resultó lo más parecido a una estafa de proporciones, de acuerdo a sus acusadores.
La querella presentada recayó contra autoridades de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que firmó contratos con la Sociedad Mercantil Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos. De acuerdo al texto al que accedió este medio, la institución continental recibía comisiones monumentales por ser un simple nexo. Desde 2013 la OPS tuvo una ganancia de 75 millones de dólares sólo en concepto de intermediaria entre el gobierno brasileño y el régimen.
Quienes se animaron a hacer la denuncia del acuerdo fueron Ramona Matos Rodríguez, Tatiana Carballo Gómez, Fidel Cruz Hernández y Russela Margarita Rivero Sarabia. Trabajaron en Brasil, bajo el particular convenio de tintes esclavistas.
Según el escrito presentado ante las autoridades de Florida, los profesionales de la salud "fueron convocados para el programa Mais Médicos bajo presión política, amenazas sobre su bienestar económico, amenazas contra los miembros de sus familias y otras formas de intimidación". Y sigue: "Su negativa para unirse a cualquier 'misión revolucionaria en el extranjero' es considerada por las autoridades como una falta de compromiso revolucionario que automáticamente marca a la persona como políticamente 'desleal y peligroso'. A partir de entonces, el individuo entiende que él o ella enfrentaría continuas represalias".
Matos Rodríguez, Carballo Gómez, Cruz Hernández y Rivero Sarabia tuvieron relativa suerte. Pudieron eludir la marca de sus "comisarios políticos" en Brasil y escapar a los Estados Unidos. Son libres. Landy Rodríguez Hernández y Assel Herrera Correa, no. Permanecen secuestrados en alguna casilla oculta de Kenia o Somalia. Bajo el terror de yihadistas y el desamparo del estado que allí los envió.
Twitter: @TotiPI
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