Fue el grupo más poderoso de Brasil, aquel que en los años de gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) tenía dueños que figuraban entre los más ricos del mundo. Este jueves Odebrecht, creada por el abuelo Norberto y continuada por su hijo Emilio y por su nieto Marcelo, debió cerrar con la justicia lo que en Brasil se conoce como un plan de "recuperación" de la empresa -un concurso de acreedores- para evitar la quiebra.
La deuda de la compañía asciende a cifras siderales: están en juego nada menos que un total de 25.500 millones de dólares. De esa cifra, 13.144 millones son los que entran en el acuerdo judicial.
En un comunicado interno, para sus empleados, la firma dijo que la culpa de la situación es la "crisis económica". Advierte que es "la más grave crisis económica en décadas".
La medida fue acordada esta tarde en un juzgado de San Pablo. La recuperación incluye al holding ODB (iniciales de Odebrecht), a varios de los sub-holding y a sus controladoras. Los números son inimaginables para buena parte del empresariado mundial. Ocurre que Odebrecht, elegida por los gobiernos de Lula y de Dilma Rousseff como la compañía destinada a convertirse en un pulpo internacional –a imagen y semejanza de las grandes multinacionales extranjeras—debe enfrentar ahora a una realidad bien diferente. No sólo se le acabaron los negocios que tenía en América Latina, entre ellos el soterramiento del Sarmiento en la Argentina. Tampoco puede aprovecharse como lo hizo durante más de una década de ese mecanismo perverso de sobrefacturación de las obras. Era el medio que tenía para controlar todos los emprendimientos en su país y buena parte de los que realizaba afuera. Por entonces contaba, desde luego, con el beneplácito de directivos de empresas estatales, como es el caso de la brasileña Petrobras, de políticos, parlamentarios y gobiernos.
El monto total de las deudas que entraron en la lista del concurso asciende a 21.649 millones de dólares, pero a esa cuantía se le suman 3.800 millones de créditos otorgados a la compañía que quedaron afuera del convenio judicial. Otra parte representa créditos entre subsidiarias del propio holding y por eso tampoco entraron en ese pacto.
En síntesis, lo que hoy acordó la firma con el poder judicial es ese total de 51.000 millones de reales, equivalentes a 13.200 millones de dólares. O sea, una "pequeña" fortuna.
Una serie de sub-holdings entraron dentro del acuerdo. Por ejemplo, la firma de inversiones OSP, que controla la petroquímica Braskem. También entró la rama Odebrecht Servicios y Participaciones, además de la Odebrecht International Corporation y la Odebrecht Finance Limited. No deja de ser un dato que la Caja Económica Federal, perteneciente al Estado brasileño y ahora comandada por funcionarios del gobierno de Jair Bolsonaro, haya promovido la ejecución de las garantías de un préstamo concedido a la empresa. Más específicamente citaron judicialmente a la firma por cuenta de la construcción del estadio de fútbol Corinthians que habría sido sobrefacturado. En verdad, esa arena fue construida a pedido del ex presidente Lula da Silva, un fanático del club homónimo. Fue, también, palco de varios partidos del Mundial de 2014.
En el acuerdo realizado, Odebrecht pidió protección contra todas las ejecuciones que podrían derivar del dinero adeudado.
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