Amnistía Internacional cuestionó el martes el rumbo del gobierno del presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien según la organización "está empezando a traducir una retórica tóxica en medidas que violan los derechos humanos".
En casi cinco meses de gestión del ultraderechista, Amnistía relató que se adoptaron políticas que amenazan "los derechos a la vida, a la salud, a la libertad, a la tierra y al territorio de la población brasileña".
La organización humanitaria citó, entre otros puntos, la flexibilización de la regulación para la tenencia y posesión de armas de fuego dispuesta por decreto y las medidas "negativas" para los derechos de los pueblos indígenas.
Cuando asumió el gobierno Bolsonaro prometió que no demarcaría "ni un centímetro de tierra más" para los pueblos originarios. Rápidamente, el presidente traspasó la potestad de demarcar tierras de la Fundación Nacional del Indio a la órbita del Ministerio de Agricultura, acción que fue interpretada por detractores como la subordinación al agronegocio de la política de derechos humanos.
"Algunas de las medidas agravan el riesgo de homicidios por armas de fuego, legitiman una política de seguridad basada en el uso de fuerza letal, violan el derecho de los pueblos indígenas y niegan el derecho a la verdad de las víctimas del régimen militar. Todo acompañado de una retórica hostil a los derechos humanos", advirtió Jurema Weneck, directora de Amnistía en Brasil, en una conferencia de prensa en Brasilia.
The Associated Press contactó a la presidencia para obtener un comentario pero hasta ahora no se ha pronunciado.
El 31 de marzo algunos cuarteles -alentados por Bolsonaro- conmemoraron después de varios años el aniversario del golpe militar que en 1964 dio inicio a la última dictadura.
Amnistía dijo que el presidente, quien niega que en Brasil haya habido un golpe, implementó "medidas contrarias a las reparaciones de las víctimas de delitos de derecho internacional cometidos por el régimen militar".
Una delegación de la organización intentó entregar una carta "en mano" a Bolsonaro el martes en la que expone sus preocupaciones y recomienda acciones para "promover y proteger los derechos humanos". Sin embargo, el palacio presidencial de Planalto adujo "problemas de agenda" y no fue entregada.
Gobernadores de 13 estados y del distrito federal brasileño divulgaron el martes una carta abierta contra el decreto que flexibiliza las reglas para acceder a las armas, alertando que la medida puede repercutir en un aumento de la violencia en el país.
"Habrá un impacto negativo en la violencia, aumentando la cantidad de armas y municiones que podrán abastecer a criminales y crecerán los riesgos de que las discusiones entre nuestros ciudadanos acaben en tragedias", indicó la misiva.
Con información de AP
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