La Justicia de Brasil determinó este jueves el reingreso a prisión del ex ministro José Dirceu, considerado la mano derecha del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y vinculado en varios procesos por las corruptelas destapadas en la petrolera estatal Petrobras.
Después de que el Tribunal Regional de la Cuarta Región de Porto Alegre negara un recurso de la defensa, el juez Luiz Antonio Bonat, sustituto del ahora titular de la cartera de Justicia, Sergio Moro, dictaminó que el ex ministro debe presentarse a la autoridades antes de las 16:00 hora local (19:00 GMT) del viernes.
Dirceu fue condenado a ocho años y 10 meses de prisión por haber recibido presuntos sobornos en contratos sobrevalorados y actividades ilícitas realizadas en el seno de Petrobras, según apuntó la Fiscalía en las investigaciones.
Dirceu, de 73 años, estuvo preso entre agosto de 2015 y mayo de 2017, después de que fuera condenado en dos procesos por corrupción y lavado de dinero en el marco de la Lava Jato, la mayor operación anticorrupción de la historia de Brasil.
El ex ministro volvió a prisión en 2018, aunque esperaba en libertad, desde el pasado junio, la respuesta a diversos recursos presentados por sus defensores, gracias a una decisión del Supremo Tribunal Federal.
Entre los recursos interpuestos por los abogados figuraba una petición de la prescripción de la condena de Dirceu debido a su avanzada edad, que finalmente fue negada este jueves con el voto unánime de los siete magistrados de la Cuarta Sala del tribunal de Porto Alegre (sur).
Las condenas contra Dirceu suman 31 años por corrupción pasiva, lavado de dinero y recepción de ventaja indebida.
El abogado del ex ministro, Roberto Podval, afirmó que su cliente se entregará, pero que presentará un nuevo recurso a instancias superiores.
A lo largo de sus cinco años, dentro la operación Lava Jato han sido condenadas más de 150 personas, aunque muchos de ellos cumplen pena en sus casas tras cerrar acuerdos con la Justicia.
El ex presidente Lula cumple en prisión una condena de 8 años y 10 meses por corrupción pasiva en Curitiba.
Las investigaciones revelaron que constructoras pagaban millonarios sobornos para adjudicarse contratos amañados de la petrolera estatal que eran repartidos entre empresarios y políticos.
(Con información de EFE)
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