La ONU aprobó una resolución sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua

El documento, impulsado por la delegación argentina, solicita un informe completo sobre la crisis y fue aprobado con 23 votos a favor, 3 en contra y 21 abstenciones

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La represión ha dejado cientos de muertos y miles de heridos en el último año
La represión ha dejado cientos de muertos y miles de heridos en el último año

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó la resolución titulada "Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua", que expresa preocupación por la crisis en el país centroamericano bajo el régimen de Daniel Ortega.

La resolución, liderada por la Argentina y presentada también en nombre de Brasil, Canadá, Costa Rica, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, expresa preocupación por los informes sobre violaciones y abusos graves contra los derechos humanos que comenzaron en abril de 2018 con el uso desproporcionado de la fuerza para reprimir las protestas sociales de la policía y los actos de violencia cometidos por grupos paramilitares armados, así como los continuos arrestos ilegales y las detenciones arbitrarias, el hostigamiento, la tortura y violencia sexual en detención.

El texto a exhorta al régimen sandinista a "respetar los derechos a la libertad de reunión pacífica, de asociación y de expresión, así como la independencia de los medios de comunicación y del poder judicial".

Asimismo, la resolución solicita a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que prepare un informe completo por escrito sobre la situación de los derechos humanos en el país, que se presentará en el cuadragésimo segundo período de sesiones del Consejo.

En la presentación de la resolución al Consejo de Derechos Humanos, el Representante Permanente de la República Argentina ante los Organismos Internacionales en Ginebra, Carlos Foradori, resaltó: "No podemos permanecer indiferentes al sufrimiento de los seres humanos en ninguna parte del mundo".

Además, explicó que "el principio de no injerencia en los asuntos domésticos no puede constituir un escudo para que ciertos Gobiernos violen sistemáticamente los derechos humanos de sus ciudadanos".

La resolución fue adoptada por 23 votos a favor 21 abstenciones y solamente 3 votos en contra (Cuba, Egipto y Eritrea). Por otra parte, la resolución contó con el copatrocinio de 47 países.

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