Las corruptelas con las que empresarios, políticos y directivos de Petrobras desfalcaron las arcas de Brasil durante casi una década parecen multiplicarse en una pandemia de nunca acabar, una trama desmedida que comenzó a revelarse con el Lava Jato, y que, tras cinco años y 60 etapas después, está lejos de concluir.
Desde que estalló la trama, en 2014, se han cumplido 1.196 mandatos de búsqueda y aprehensión, 227 de conducción cohercitiva y 310 de prisión (entre temporales y preventivas) expedidos por la Justicia Federal contra 267 personas, algunas de las cuales siguen prófugas, según datos del Ministerio Público.
La Justicia ya ha dictado sentencia en 50 procesos e impartido 242 condenas contra 155 personas. La suma de las penas totaliza 2.242 años y 5 días.
Además, como parte del operativo, liderado por el juez Sergio Moro -hoy ministro de Justicia-, también se llevaron a cabo 10 acciones de improbidad administrativa contra 63 personas físicas, 18 empresas y tres partidos políticos (PP, MDB e PSB), requiriendo el pago de 18.300 millones de reales (cerca de 4.800 millones de dólares) a la Justicia.
Asimismo, la Justicia busca recuperar por medio de distintos acuerdos legales unos 13.000 millones de reales (alrededor de 3.400 millones de dólares), de acuerdo con el Ministerio Público.
Los peces gordos condenados
Una centena de políticos ha sido salpicada con estas corruptelas, descubiertas por la mayor operación contra la corrupción en la historia de Brasil, una trama que llega a su quinto año este domingo.
Entre ellos, dos ex presidentes: Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), preso por corrupción y lavado de dinero desde abril de 2018, y Fernando Collor (1990-1992), enjuiciado tras haber sido acusado de recibir sobornos para facilitar contratos en una subsidiaria de Petrobras.
Lula suma 25 años de cárcel por condenas en dos procesos, ambas por corrupción y lavado de dinero.
Entre los políticos también se destacan José Dirceu, ex ministro de Lula entre 2003 y 2005, condenado a 31 años por corrupción pasiva, lavado de dinero y recepción de ventaja indebida. Sin embargo, espera en libertad el juicio de recursos presentado por su defensa. Antonio Palocci, también ex ministro de Lula y de la ex presidenta Dilma Rousseff, fue sentenciado a 12 años.
Eduardo Cunha, ex presidente de la Cámara de Diputados por el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), quien guió el proceso de destitución de Rousseff, fue condenado a 14 años y 6 meses por recibir sobornos en el caso Petrobras. Sergio Cabral, el ex gobernador de Río de Janeiro, por su parte, acumula hasta ocho sentencias con condenas que suman cerca 200 años de prisión.
Entre los directivos de Petrobras fueron condenados a prisión Paulo Roberto Costa (20 años), Renato Duque (73 años y 7 meses), Néstor Cerveró (27 años y 4 meses) y Jorge Zelada (15 años y 3 meses).
Por el lado de Odebrecht, los sentenciados fueron Marcelo Odebrecht, presidente del Grupo, a 19 años y 4 meses de prisión; Otávio Márques e Azevedo (18 años); Léo Pinheiro (a más de 35 años); y Dalton Avancini (15 años y 2 meses).
Fuerte impacto de la causa
Ha sido tal el impacto que ha causado el Lava Jato, que cambió radicalmente el accionar en las instituciones y la forma de pensar de la sociedad brasileña.
Uno de sus más grandes efectos fue el resultado de las elecciones de octubre pasado, que dieron el triunfo a Jair Bolsonaro, un político sin trascendencia en sus 25 años de diputado y miembro de un partido hasta entonces insignificante.
Las revelaciones del Lava Jato, en el que varios de los implicados fueron dirigentes del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), empezando por Lula, generaron una desconfianza generalizada hacia los políticos en Brasil.
A eso se sumó la creciente tasa de desempleo por la profunda crisis económica que tuvo el país durante los años 2015 y 2016, lo que amplió la desconfianza e hizo que la sociedad buscara una respuesta radicalmente diferente.
Así se destapó la trama de corrupción
La operación Lava Jato salió a la luz pública el 17 de marzo de 2014 con la captura de una veintena de personas en 7 estados brasileños.
Las investigaciones revelaron que empresas constructoras pagaban millonarios sobornos para adjudicarse contratos amañados de la petrolera estatal Petrobras.
No obstante, las indagaciones se remontan a julio de 2013, cuando la policía de Curitiba, al sur del Brasil, descubrió una red de lavado de dinero que operaba desde puestos de lavado automático de autos conocidos como Lava Jato.
De ahí surgió el nombre de la operación más famosa de Brasil, un dispositivo reconocido en el mundo entero y con el que las autoridades nunca imaginaron alcanzar las dimensiones a las que ha llegado.
El éxito -y también el talón de aquiles- de esta operación y todos sus brazos han sido los acuerdos con la justicia, conocidos en Brasil como "denuncias premiadas", una herramienta que ha puesto a "cantar" a varios de los implicados, a cambio de beneficios como la reducción de las penas.
Arrepentidos y los vacíos legales
Los más "colaboradores" -tanto en dar nombres como en pagar millonarias multas por sus actos- han sido los directivos de Petrobras y los empresarios, muchos de los cuales cumplen las condenas en sus lujosas mansiones.
Para Michael Mohallem, coordinador del Centro de Justicia y Sociedad de la facultad de Derecho de la Fundación Getúlio Vargas, esta estrategia ha sido aplaudida por las verdades reveladas, pero también criticada por la forma en que se redujeron las condenas.
"La denuncia premiada es un instrumento muy poderoso para combatir la corrupción, pero creo que la forma en que ha sido utilizado, dando excesiva voz de a los delatores, ha puesto en duda a las instituciones y ha creado desconfianza", explicó a la agencia EFE.
Según el académico, es necesario "definir" los límites de esa estrategia y mirar también las "lagunas" que hay en la justicia, para que las condenas sean cada vez más claras.
Actualmente existen vacíos jurídicos para procesos penales, entre los cuales destaca el que tiene a Lula tras las rejas: si una persona condenada en segunda instancia debe ir o no a la cárcel.
La actual jurisprudencia señala que una persona debe empezar a cumplir la condena después de que esta sea ratificada en segunda instancia, algo que la Corte Suprema había ratificado para un caso anterior al de Lula.
No obstante, la ley también dice que hasta que el último recurso no sea agotado, el condenado no está obligado a ir a prisión, herramienta que utilizó la defensa de Lula para presentar un nuevo recurso sobre el que el Supremo aún no se pronuncia.
El caso es que más allá del tiempo que se tome la justicia para aclarar los vacíos, los casos revelados por la operación del Lava Jato continúan y el número de fichas que resta por caer es incierto.
(Con información de EFE / María Angélica Troncoso)
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