El Gobierno de Nicaragua liberó este miércoles a un grupo de manifestantes encarcelados por protestar contra el presidente Daniel Ortega, cuando faltan pocas horas para el inicio de las negociaciones con la oposición en busca de una salida a la peor crisis sociopolítica del país en décadas.
Los presos políticos salieron al amanecer de este miércoles de la cárcel La Modelo en microbuses del Sistema Penitenciario Nacional, confirmó a medios locales Brenda Gutiérrez, portavoz del Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos.
Las autoridades no han precisado hasta ahora la cantidad de personas liberadas ni sus identidades y se desconoce dónde serán entregados a sus familiares, aunque según testimonios en redes sociales algunos de ellos ya se encuentran en sus casas.
La liberación de los manifestantes, considerados "presos políticos" por los defensores de los derechos humanos y "terroristas" o "golpistas" por Ortega, era una de las exigencias de diversos sectores de la sociedad nicaragüense para el inicio de las negociaciones, a lo que el presidente no se ha referido.
El Gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia comenzarán una nueva mesa de negociaciones para buscar una salida pacífica a la crisis sociopolítica que vive el país desde abril pasado y que ha dejado cientos de muertos y de detenidos, y otros miles en el exilio.
La mesa de negociaciones se instalará siete meses después que se suspendiera de forma indefinida el diálogo nacional que comenzó a mediados de mayo de 2018, después de que grupos oficialistas atacaran a obispos de la Iglesia Católica, quienes actuaban como mediadores.
Ortega, que convocó la semana pasada la reanudación de las negociaciones, no ha dado a conocer la agenda del Ejecutivo, solo que la mesa se instalará ahora con menos actores y que esta vez no será televisada, como sí lo fue la primera sesión del anterior intento, porque "eso no es correcto en una negociación".
Por su lado, la Alianza Cívica anunció que plantearán en la nueva mesa de negociaciones la liberación de los detenidos por protestar contra el Gobierno y el restablecimiento de las libertades, derechos y garantías establecidos en la Constitución Política.
También unas reformas electorales que garanticen unas elecciones justas, libres y transparentes, y justicia para las víctimas de las violentas protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018.
Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos locales humanitarios elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.
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