El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció este jueves un acuerdo técnico de asistencia financiera a Ecuador, por valor de 4.200 millones de dólares y tres años de duración, que tiene el objetivo de impulsar "una economía más dinámica, sostenible e inclusiva".
"Me complace anunciar que el personal técnico del FMI y las autoridades ecuatorianas han llegado a un acuerdo en apoyo del plan de política económica", indicó Anna Ivanova, jefa de la misión del FMI para Ecuador, en un comunicado.
Ivanova explicó que el pacto "es parte de un esfuerzo más amplio de la comunidad internacional que incluye un apoyo financiero de casi 6.000 millones de dólares en los próximos tres años del Banco de Desarrollo de América Latina-CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo de Reserva Latinoamericano (FLAR) y el Banco Mundial".
Se espera que el acuerdo a nivel técnico se presente al Directorio Ejecutivo del Fondo para su consideración y ratificación en las próximas semanas.
La funcionaria del FMI remarcó que el objetivo del plan de ayuda financiera es respaldar "una economía más dinámica, sostenible e inclusiva y se basa en cuatro principios claves: impulsar la competitividad y la creación de empleo, proteger a los pobres y más vulnerables, fortalecer la sustentabilidad fiscal y los cimientos institucionales de la dolarización, así como mejorar la transparencia y fortalecer la lucha contra la corrupción".
El organismo dirigido por Christine Lagarde constató en octubre pasado el frenazo de la economía ecuatoriana al rebajar sus previsiones de crecimiento hasta el 1,1 % en 2018 y al 0,7 % para 2019.
A finales de enero, el ministro de Economía y Finanzas ecuatoriano, Richard Martínez, destacó que el país había "reconstruido" su relación con el organismo financiero internacional tras la llegada al poder del presidente Lenin Moreno en 2017 y estaba ya en conversaciones para encontrar una "solución sólida" sobre sus necesidades de financiación.
Ecuador mantuvo durante la década de Gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017) una relación tensa con la institución, a la que el entonces mandatario acusó de atentar contra la soberanía de los países al imponer fuertes condicionamientos para acceder a sus créditos, por lo que resolvió suspender sus lazos con el organismo.
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