El tema de la seguridad es el que más preocupa a los uruguayos y se va a convertir en el centro del debate de cara a las elecciones de este año. Una encuesta de la firma Equipos revela que siete de cada diez uruguayos consideran el tema de la seguridad como lo más prioritario, seguido por el desempleo (cuatro de cada diez). El nuevo Código del Proceso Penal (CPP) vigente desde 2017, es blanco de críticas desde todo el espectro político, porque permite penas alternativas a la prisión en delitos menores y si bien se ha modificado, aún sigue siendo cuestionado.
Y en medio del cruce de acusaciones entre oposición y gobierno sobre los causantes de la violencia, los sindicatos policiales también se suman a las protestas.
Mientras que el año pasado la cantidad de policías muertos por hechos delictivos llegó a seis, en lo que va de este año son dos los casos registrados: uno por un hecho familiar y el otro cuando el funcionario policial se defendió en una rapiña.
Estos casos, sumados a otros de agresiones a policías durante diversos operativos, llevó a que diferentes gremios de policías, como la Unión de Sindicatos Policiales (Usip) y del Sindicato Único de Policías del Uruguay (Supu) a convocar a una marcha para este miércoles en el centro de Montevideo, bajo el eslogan "Ni un policía menos". La protesta es para reclamar más garantías para el accionar policial y que los funcionarios "no terminen en un juzgado para ser procesados por enfrentar a los delincuentes".
En diálogo con Infobae, la presidenta de la Unión de Sindicatos Policiales (USIP), Patricia Rodríguez, dijo que "la delincuencia se siente más impune", acotando que por las leyes vigentes, el funcionario policial siente que no está respaldado en su accionar.
Para Rodríguez, quien también es presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo, la sociedad en los últimos años se muestra más violenta, lo que lleva a que las rapiñas sigan creciendo, acompañado esto por los enfrentamientos entre narcotraficantes por ganar zonas donde operar. Al ser este un año electoral en Uruguay, advirtió que "la seguridad no debería ser un bastión político", pero la casi totalidad de los partidos que quieren alcanzar la presidencia tienen el tema como el número uno en su agenda.
La llegada de Giulliani
Quién irrumpió en este complejo escenario fue el ex alcalde Nueva York y ahora consultor en seguridad, Rudolph Giuliani. Llegó a Uruguay con su equipo de asesores, contratado por el Partido de la Gente, una agrupación política que tiene de creación dos años y una intención de voto estimada en un 8%. Giulliani se reunió en noviembre de 2018 con autoridades del gobierno uruguayo y destacó que en Uruguay "la situación no se salió de control pero está bastante mal", y puede empeorar en pocos años si no se aplican principios como el de "tolerancia cero".
"Giulliani cumplió una tarea de asesoramiento, adoptándola a la realidad nacional. De esa experiencia lo que más rescaté fue el concepto de la tolerancia cero a la ruta criminal" dijo a Infobae el licenciado en Seguridad Pública Robert Parrado, asesor de el Partido de la Gente.
Según explicó este psicólogo y Comisario Mayor retirado de la policía, el concepto de Tolerancia Cero es una de las claves. "Cuando se detiene a un criminal, se lo califica como primario, pero es primario porque se lo detuvo, pero no se sabe cuantos delitos cometió antes, por lo cual debería dejar de serlo". Acota que el nuevo Código del Proceso Penal, (vigente desde fines de 2017) permite penas alternativas negociadas para los primarios "lo cual no es positivo porque entonces los delincuentes tiene mil maneras de zafar de la prisión". La denominada Tolerancia Cero se basa en aplicar un severo castigo, sin importar la magnitud del delito.
Parrado también sostiene que "el policía pasó a ser un objetivo, por las armas que tienen y los chalecos antibalas. Muchas veces se los ataca por parte de los delincuentes y esas armas y chalecos que son de gran valor, terminan en manos de diferentes bandas y hasta en Brasil, donde se han detectado. Si avanza el delito como ha pasado en otros países, las bandas organizadas, como por ejemplo de narcotraficantes, pueden tener como sus objetivos a los policías".
La visión del gobierno
La University College of London presentó un informe al cual hizo referencia el presidente Tabaré Vázquez, en una reunión con empresarios en diciembre pasado, donde se destacaba que de no haber sido por la implementación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP), las rapiñas hubieran descendido un 30% como tenía previsto el gobierno. Vázquez dijo al respecto: "Si aquí no se hubiera instrumentado el nuevo CPP, y si se hace la prolongación teniendo en cuenta el valor de la pendiente (NDR: en la baja de los delitos), al iniciar el 2018 casi estaríamos cumpliendo con la disminución del 30% del número de rapiñas", una promesa realizada al comenzar su segundo mandato en 2015. En 2017 las rapiñas habían disminuido, pero en 2018 "aumentaron bruscamente, tremendamente, dramáticamente" dijo Vázquez, lo que coincidió con la entrada en vigencia del nuevo CPP, el cual permite que mediante la aplicación de penas alternativas se puede llegar a eximir de prisión a delincuentes que cometen hurtos.
Por otra parte el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, hace especial referencia a los enfrentamientos entre narcotraficantes cuando analiza el crecimiento en el número de asesinatos. Bonomi dijo en un reportaje publicado por el portal Red21, que el 58% de los homicidios ocurridos durante 2018 en Uruguay fue a causa de acciones entre delincuentes, el 12% correspondió a hechos de violencia intrafamiliar, el 9% derivó de violencia de género, otro 12% se desconoce la causa, y por robo fue el 9%.
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