"La censura indirecta es el mecanismo acostumbrado del régimen del presidente Daniel Ortega, exactamente igual al utilizado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro", lamentó María Elvira Domínguez, presidenta de la SIP.
Aseguró que ello busca "coartar a los medios de comunicación, imponiéndole trabas en la adquisición de los insumos necesarios para producir sus publicaciones".
La SIP, con sede en Miami, instó al Gobierno de Ortega "explicar de manera transparente las razones por las que impide el acceso a la materia prima y pone en riesgo la operatividad de los diarios".
Advirtió de que esta nueva escalada de hostigamiento contra la prensa nicaragüense representa una coerción administrativa, mecanismo que la institución viene denunciando desde que Ortega asumió en 2007.
La Prensa denunció esta semana que ambos periódicos están en riesgo de desaparecer y anunció la reducción de 16 a 12 el número de páginas, "como medida de emergencia ante el abuso estatal". Explicó que las autoridades mantienen desde septiembre pasado "secuestrados planchas, gomas y reveladores de uso de la rotativa en la que se imprimen los periódicos del Grupo Editorial La Prensa".
En el caso del grupo editorial ND Medios, que publica El Nuevo Diario, desde el 6 de septiembre de 2018 la Dirección General de Aduanas (DGA) no ha entregado su cargamento que contenía tintas y planchas térmicas. El 7 de enero de 2019 también fue bloqueado otro cargamento de papel, dejando al periódico expuesto a suspender su edición impresa en los próximos meses. Anteriormente El Nuevo Diario había tomado la decisión de circular solo de lunes a viernes y de manera digital sábado y domingo. En tanto el periódico QHubo de la misma empresa dejó de imprimirse desde diciembre.
Pese a numerosas gestiones el organismo estatal no ha dado explicaciones sobre la retención de la materia prima para estas dos empresas, valorada en más de 233 mil dólares en conjunto.
"Una vez más Ortega está irrespetando lo establecido en convenciones internacionales en las que se advierte que las restricciones a la circulación de los medios", manifestó Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad e Información de la SIP.
Ante la continua violación, la falta de garantías para el respeto de los derechos humanos y la alteración del orden constitucional en Nicaragua desde abril de 2018, el 18 de diciembre la SIP solicitó a la Organización de los Estados Americanos la activación en el país de la Carta Democrática Interamericana que en su cuarto artículo establece que: "Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa".
La SIP instó al Gobierno de Ortega a respetar el derecho del pueblo de Nicaragua a saber y a estar informado, y a que permita la circulación y publicación de los diarios.
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