La Policía de Nicaragua "está destinada a criminalizar" a los defensores de los derechos humanos, en medio de la crisis sociopolítica que vive el país, informó este jueves la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
"La Policía está destinada a criminalizar a los que defienden los derechos humanos, no es de extrañar que arme su propio espectáculo, con testigos afiliados al partido (Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN) y llegar a una sentencia, como en todos los casos", explicó a la prensa Denis Darce, director de Proyectos de la CPDH.
El señalamiento de la CPDH se da un día después de que la Policía nicaragüense involucró a miembros del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en un incendio ocurrido el 16 de junio pasado, en el que murieron 6 miembros de una familia, entre ellos una niña de 2 años y un recién nacido.
La Policía dio por "resuelto" el caso una semana después de que los diputados sandinistas de la Asamblea Nacional, que forman mayoría, votaron por cancelar la personalidad jurídica del Cenidh, liderado por la activista Vilma Núñez, y que hace varios días agentes policiales allanaron y ocuparon bienes sin orden judicial.
Las conclusiones de la investigación de la Policía sorprendieron la tarde de ayer, ya que no coincidieron con lo que se observa en los videos tomados casi en tiempo real por los vecinos el día del incendio, en los que aparecen decenas de policías y parapolicías rodeando la vivienda mientras esta se quema, y vecinos reclamando porque se les habría impedido salvar a las víctimas.
"Hay testimonios de personas que testifican claramente quiénes fueron los responsables de estos delitos (incendio), no tenemos ningún testimonio de alguien que mencione a Gonzalo Carrión (abogado del Cenidh) o a Núñez", resaltó Darce.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) identificó este tipo de acción de la Policía como la última "etapa de represión" del régimen de Daniel Ortega.
El incendio de junio causó conmoción en Nicaragua, no sólo por ser un acto planificado y por los gritos de impotencia de los vecinos, sino también porque los sobrevivientes señalaron que fue una represalia de la Policía por no permitir la instalación de francotiradores en la vivienda.
Organismos humanitarios han informado de entre 325 y 545 muertos en medio de la crisis, así como de 674 "presos políticos", cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.
El régimen reconoce 199 muertos y 273 reos, que señala de "golpistas", "terroristas" y "delincuentes comunes".
La CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.
Ortega no admite responsabilidad e insiste en que salió "victorioso" de un intento de "golpe de Estado", aunque la Acnudh y la CIDH lo han desmentido.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado, tras 11 años de gobierno continuo, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia debido al saldo mortal en las manifestaciones.
Con información de EFE
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