La Magnitsky Global Act autoriza al presidente de los EEUU a imponer sanciones económicas a ciudadanos de todo el mundo que hayan cometido abusos a los derechos humanos y actos de corrupción en sus propios países. No importa quiénes sean ni de dónde sean, por eso la norma es hoy el principal fantasma de los empresarios latinoamericanos que pagaron sobornos, lavaron dinero en sus países y se llevaron el dienro sucio al exterior.
Bajo esta norma, la Casa Blanca puede prohibir visas y congelar los activos en territorio norteamericano de cualquier extranjero. En la práctica, explica la red de defensa de la libertad de expresión Ifex, aquellas personas cuyos nombres aparecen en la denominada lista Magnistsky, tienen vedado el ingreso a territorio estadounidense, y cualquier propiedad que posean en los EEUU puede ser embargada… "Un duro golpe para aquellos que oprimen o roban a los ciudadanos en sus países de origen y luego usan su estatus o riqueza para viajar libremente", apunta la ONG.
La pesadilla no es solo para funcionarios, sino que la ley también permite que se incluyan empresarios y entidades en la lista. Así, una compañía podrían ver bloqueadas todas sus propiedades e intereses dentro de la jurisdicción de los EEUU.
La ley actual es una actualización de la de 2012, que nació bajo la iniciativa de William Browder, un ex administrador de fondos financieros cuyo amigo y abogado Sergei Magnitsky fue encarcelado y torturado después de intentar exponer la corrupción de alto nivel en Rusia. Magnitsky murió el 16 de noviembre de 2009. Llevaba un año preso y fue asesinado a golpes en una celda de aislamiento a la que lo habían destinado. Durante meses fue torturado en busca de una confesión, que nunca llegó.
Frustrado porque la muerte de su amigo nunca recibió Justicia, buscó ayuda en los senadores estadounidenses John McCain y Ben Cardin, que concretaron la Ley. Hoy hay docenas de nombres en la lista relacionados con violaciones rusas. Además de los vinculados a la muerte de Magnitsky, se nombra al homicida y cómplice del asesinato del periodista Paul Klebnikov en 2004. Y la administración Trump agregó cinco personas más, incluyendo al líder checheno Ramzan Kadyrov y al jefe del ministerio checheno de asuntos internos, Ayub Kataev, por "graves violaciones de derechos humanos internacionalmente reconocidos".
Desde 2016, la ley dejó de ser un asunto ruso, y los violadores de DDHH y corruptos del mundo tienen miedo…
"El Departamento de Estado está comprometido con proteger y promover los derechos humanos y combatir la corrupción con todas las herramientas a nuestra disposición. Estados Unidos continuará persiguiendo consecuencias tangibles y significativas para quienes cometen abusos graves contra los derechos humanos y se involucren en la corrupción", afirmó el entonces secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson tras la sanción de la nueva ley Magnitsky.
Así, en julio pasado EEUU aplicó la Ley a tres nicaragüenses vinculados al régimen de Daniel Ortega: al jefe policial de Nicaragua Francisco Díaz; al tesorero del Frente Sandinista, Francisco López; y al secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno. Todos ellos fueron señalados como parte del aparato represivo del régimen sandinista pero también por sus negocios sucios que les permitieron malversar miles de millones de dólares de fondos públicos.
Invocando la misma norma, el secretario de Estado Mike Pompeo anunció en noviembre pasado la sanción a 17 sauditas involucrados en el asesinato del periodista opositor Jamal Kashoggi.
Los legisladores norteamericanos entienden que también es hora de decretar la "muerte financiera" de los empresarios corruptos de la región. De hecho, meses atrás, un grupo bipartidario de miembros del Congreso solicitó al presidente Donald Trump que incluya en la lista de sanciones a seis empresarios y políticos de El Salvador, Guatemala y Honduras, varios de ellos con causas abiertas ante la justicia y buscados por Interpol. Narcotráfico, empresas fantasmas, sobornos a funcionarios, licitaciones arregladas, crimen organizado y violencia se cuentan entre las razones, reveladas para solicitar que se aplique la Ley Global Magnitsky.
Ifex detalla que este tipo de leyes se han extendido rápidamente. Además de la ley norteamericana, otros cuatro países han adoptado una legislación similar: Estonia y Lituania aprobaron normas parecidas a principios de 2017, el Reino Unido también introdujo la Ley de Finanzas Criminales y Canadá -gracias a la Ley de Justicia para Víctimas de Funcionarios Extranjeros Corruptos- sancionó a más de 50 violadores de los derechos humanos en Rusia, Venezuela y Sudán del Sur.
Cuantos más países sanciones sus propias normas como la Magnitsky más difícil sera para los corruptos disfrutar de sus ganancias sucias. Este tipo de leyes, insisten desde Ifex, "ofrecen cierta corrección a una injusticia global paradójica en la que algunos provenientes de países represivos pueden operar con impunidad en casa y también beneficiarse de su riqueza en el exterior".
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