José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, denunció en su cuenta de Twitter que el régimen de Nicaragua disolverá cinco organizaciones de derechos humanos.
"Muy grave ataque a la sociedad civil en Nicaragua. La asamblea nacional se prepara para disolver de forma arbitraria a cinco organizaciones de derechos humanos. Sigue la represión a cualquiera que se atreva a disentir con el régimen de Ortega-Murillo", expresó Vivanco.
Muy grave ataque a la sociedad civil en Nicaragua. La asamblea nacional se prepara para disolver de forma arbitraria a cinco organizaciones de derechos humanos. Sigue la represión a cualquiera que se atreva a disentir con el régimen de Ortega-Murillo. pic.twitter.com/8P8QhSEEuq
— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) December 13, 2018
Vivanco se mostró preocupado luego de que el Parlamento de Nicaragua cancelara de "carácter urgente" la personalidad jurídica al organismo defensor de los derechos humanos Cenidh y a la ONG dedicada a los derechos civiles Hagamos Democracia, en medio de una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos en protestas contra el presidente Ortega.
Esa decisión, solicitada por el Ejecutivo nicaragüense, se da un día después de que el Congreso de Estados Unidos aprobara una ley que sancionará al Gobierno de Ortega y limitará su acceso a préstamos internacionales hasta que se celebren elecciones "libres, justas y transparentes".
También dos semanas después de que Mark Green, director de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés), anunciara que su país concederá 4 millones de dólares para organizaciones civiles nicaragüenses que están documentando "los abusos" y "violaciones" de Derechos Humanos.
La mayoría sandinista y sus aliados votaron a favor de retirar la personalidad jurídica al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), fundado en 1990, con base en un informe del Ministerio de Gobernación que señala a ese organismo de "alterar el orden público y realizar acciones para desestabilizar el país".
Además porque la junta directiva del Cenidh, que preside Vilma Núñez, de 80 años, se encuentra vencida desde marzo pasado y por no haber reportado su estado financiero en 2017.
El Cenidh rechazó las razones ofrecidas y afirmó que sus integrantes seguirán defendiendo los derechos de las personas.
El Parlamento, controlado por el oficialismo, también canceló este miércoles la personalidad jurídica a Hagamos Democracia, dirigida por el político Luciano García.
El diputado sandinista José Figueroa justificó la decisión basado en que Hagamos Democracia recibía financiación de Estados Unidos y que la ONG recomendó un adelanto de elecciones en medio de la crisis y apoyó las protestas contra Ortega.
El Congreso hizo lo mismo la semana pasada con el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas) y el martes con el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), del académico Félix Maradiaga.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la decisión del Parlamento de cancelar la personalidad jurídica a estos organismos sociales y políticos.
La CIDH advirtió que "las restricciones a la libertad de asociación, un instrumento por el que comúnmente se materializan las demandas de defensores y defensoras de derechos humanos, constituyen un serio obstáculo para la reivindicación de derechos".
Por su lado, la directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara, advirtió al presidente Ortega que aunque cancele personerías jurídicas no podrá evadir la justicia.
"Se equivoca el presidente Ortega si cree que al intentar silenciar al Cenidh podrá evadir la justicia", sostuvo Guevara, en una declaración escrita, en la que denunció "otra maniobra" del mandatario nicaragüense "para reprimir y tratar de encubrir las graves violaciones de derechos humanos que su gobierno ha cometido".
Organismos humanitarios locales cuentan hasta 545 muertos y 674 "presos políticos", más cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles de exiliados.
El Gobierno reconoce 199 muertos y 273 reos, que clasifica como "golpistas", "terroristas" y "delincuentes comunes".
Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de "golpe de Estado".
Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.
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