La denuncia por violación de un colectivo de actrices argentinas contra el actor Juan Darthés ha derivado en un terremoto político en el sur de nuestro continente, que rápidamente fue emparentado con la denuncia original que derivó en el movimiento #MeToo, en Estados Unidos.
Tal como dijeron durante la conferencia de prensa celebrada el martes, la denuncia penal fue radicada en la Unidad Especializada de delitos contra la Violencia de género del Ministro Público Nicaragüense. La víctima, la actriz Thelma Fardin, era menor de edad al momento del episodio, que ocurrió durante una gira por Nicaragua del programa de TV "Patito Feo" en el año 2009.
A partir de este caso, todas las miradas apuntan al norte. ¿Cómo funciona la justicia en este pequeño país centroamericano con uno de los mayores índices de violencia contra mujeres y niñas, y donde hasta el presidente, Daniel Ortega, fue denunciado por violación por parte de su hijastra?
En efecto, el escenario no parece alentador. De acuerdo con un informe de Amnistía Internacional, Nicaragua posee los peores índices del continente en materia de derechos de las mujeres y niñas.
En junio de 2017, la Asamblea Nacional aprobó una enmienda a la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres (Ley número 779) por orden de Daniel Ortega, que reducía a la esfera privada el alcance de la definición de femicidio, con lo cual limitaba ese delito a las relaciones entre cónyuges o integrantes de otro tipo de pareja sentimental.
Entonces, también se introdujo la figura de la mediación para resolver conflictos -en lugar de denunciar delitos- y se crearon con el mismo objetivo una serie de órganos llamados "Consejerías Familiares" que, de acuerdo a las organizaciones de mujeres locales, estaban controlados por la vicepresidente y primera dama, Rosario Murillo (madre de Zoilamérica Narváez, la hijastra del presidente que lo denunció).
El aborto, por su parte, se encuentra prohibido en todas las circunstancias -incluidas violaciones, riesgo de vida para la madre y malformación del feto-, lo que ha convertido a Nicaragua en uno de los países con los índices tanto de embarazo adolescente como de mortalidad materna más elevados de las Américas, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
Esta retrógrada legislación ha sido acompañada, en el último año, de una represión feroz por parte del gobierno de Ortega y Murillo contra las organizaciones de mujeres durante las protestas civiles contra su gobierno.
Zoilamérica Narváez, la mujer que se atrevió a denunciar a Daniel Ortega por violación
Daniel Ortega gobierna Nicaragua con mano de hierro, aunque no siempre ha sido de la misma manera. Entre la década del setenta y del ochenta enfrentó la dictadura de Anastasio Somoza como parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional para, desde 2007, regresar al poder en lo que podría denominarse su "Termidor".
Fue durante el periodo que estuvo fuera del poder que su hijastra, Zoilamérica Narváez, se atrevió a denunciar que Daniel Ortega la acosó sexualmente y se masturbó delante de ella desde los 11 años y la violó sistemáticamente durante tres años a partir de 1982, cuando ella tenía 15.
Contra las acusaciones de que estaba siendo manipulada por la oposición, Narváez insistió y llegó a denunciar incluso a su propia madre por apañar a su marido y la responsabilizó a ella por el episodio.
La Justicia, sin embargo, no sentó en ese caso un precedente que pueda servir ante la nueva denuncia que las actrices argentinas interpondrán por el abuso sexual contra una niña que al momento del episodio, tenía apenas 16 años. En el caso del primer mandatario, la causa duró apenas cuatro días hasta que la justicia nicaragüense exculpó al acusado.
Zoilámerica fue hostigada por el gobierno de su padrastro hasta que tuvo que dejar su país. Ahora vive exiliada en Costa Rica.
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