La secretaria de Estado adjunta de EEUU para Latinoamérica y el Caribe, Kimberly Breier, señaló este lunes, coincidiendo con el Día de los Derechos Humanos, a Cuba, Venezuela, y Nicaragua como países con "regímenes" o "dictaduras".
"En el día de los Derechos Humanos, pensamos en el pueblo de Cuba, que ha sufrido décadas de represión y abuso a manos del régimen (…). Estamos comprometidos a apoyar al pueblo cubano en su afán de vivir en libertad y prosperidad", dijo Breier en Twitter.
On #HumanRightsDay, our minds turn to the people of #Cuba, who have endured decades of repression and abuse at the regime’s hands, most recently via the creativity-crushing #Decree349. We’re committed to supporting the Cuban people in their quest to live in freedom and prosperity
— Kimberly Breier (@WHAAsstSecty) December 10, 2018
La secretaria citó como último ejemplo de esta "represión" y "abuso" el Decreto 349, una iniciativa del Gobierno de Cuba que requiere a los artistas obtener un permiso oficial para desarrollar su actividad en espacios públicos o privados.
"En el Día de los Derechos Humanos, recordamos al mundo la continua represión en Nicaragua a manos del régimen de (Daniel) Ortega. EEUU apoya al pueblo nicaragüense en sus exigencias de respeto por los derechos humanos y el regreso a la democracia plena", añadió Breier en otro mensaje.
En el #DiaDeLosDerechosHumanos, recordamos al mundo la continua represión en #Nicaragua a manos del régimen de Ortega. Los Estados Unidos apoyan al pueblo nicaragüense en sus exigencias de respeto por los derechos humanos y el regreso a la democracia plena https://t.co/D8ThTzvpZm
— Kimberly Breier (@WHAAsstSecty) December 10, 2018
Finalmente, la diplomática también tuvo palabras para Venezuela, que junto a Nicaragua y Cuba es el país con el que el Gobierno de Donald Trump se ha mostrado más combativo.
"En el Día de los Derechos Humanos, recuerdo que los Gobiernos de las Américas se comprometieron a proteger las libertades fundamentales y a gobernar democráticamente. La dictadura de (Nicolás) Maduro en Venezuela ha roto esa promesa. Seguiremos haciéndole rendir cuentas", dijo.
On #HumanRights Day, I’m reminded gov’ts across the Americas pledged to protect fundamental freedoms & to govern democratically. The #Maduro dictatorship in #Venezuela has broken that pledge; we’ll continue to hold him accountable. Read my op-ed. – KB https://t.co/bZudP7eiXb
— Kimberly Breier (@WHAAsstSecty) December 10, 2018
Breier también hizo referencia a las elecciones municipales de este domingo en Venezuela, a las que no se presentaron los principales partidos de oposición y en las que el oficialismo se hizo con el 90 % de los consejos.
La secretaria de Estado adjunta calificó los comicios de "profundamente deficientes" e hizo un llamado a Maduro a "restablecer el camino democrático".
Venezuela
"En Venezuela formalmente no hay un conflicto armado ni una guerra, pero hay tantas víctimas como si lo hubiera", destacó un informe de la ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
En un texto publicado este año, la ONG señaló que hay un retroceso en derechos humanos desde 1989, año en que el estallido social de El Caracazo dejó al menos 250 muertos según cifras oficiales y centró la mira en los excesos cometidos por las fuerzas de seguridad.
"En Venezuela formalmente no hay un conflicto armado ni una guerra, pero hay tantas víctimas como si lo hubiera", señaló el documento de Provea.
El informe indica que los derechos económicos -que incluyen adecuada alimentación y sanidad- y civiles y políticos de los venezolanos se vieron vulnerados en el país suramericano, al tiempo que instó al Gobierno de Nicolás Maduro a "garantizar" los derechos constitucionales.
La crisis ha generado dos olas fuertes de protestas sociales, una en 2014 y otra en 2017. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), las protestas fueron reprimidas fuertemente por los aparatos policiales y para-policiales y se incurrió en la violación reiterada de los derechos humanos de los participantes de las mismas, dejando un saldo de víctimas fatales y presos por motivos políticos.
Cuba
Tanto bajo el gobierno de los Castro como ahora bajo el de Díaz Canel, hay en la isla presos por razones políticas. Es por eso que en las últimas horas, el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, pidió a su homólogo cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, que dé explicaciones "sustanciales" sobre la continua detención de ocho "presos políticos", entre los que figura Martha Sánchez, del grupo disidente Damas de Blanco.
Pompeo formuló esa petición en una misiva en la que recuerda el supuesto compromiso que hizo durante una rueda de prensa en marzo de 2016 en La Habana el ex presidente de Cuba Raúl Castro (2008-2018), quien dijo que si Estados Unidos era capaz de darle una lista de "presos políticos" los pondría en libertad esa misma noche.
Con base en esa idea, Pompeo ofreció una "lista ilustrativa de presos políticos en Cuba" con ocho nombres, entre ellos el de Sánchez, que según EEUU fue condenada a cinco años de prisión por tres delitos (desacato, desobediencia y perjuicio).
En la lista de Pompeo aparecen también Yosvany Sánchez Valenciano, Melkis Faure Echevarria y Yanier Suárez Tamayo, tres activistas de Unión Patriótica de Cuba (UNPACU); así como Eduardo Cardet Concepción, del Movimiento Cristiano Liberación (MCL); y el periodista Yoeni de Jesús Guerra García.
Los dos "presos políticos" que completan la lista son José Rolando Casares Soto y Yamilka Abascal Sánchez, los dos de la Mesa de Dialogo de la Juventud Cubana.
"EEUU -escribió Pompeo en su carta- reconoce el derecho soberano de cada Estado para juzgar y condenar a los individuos que violan las leyes criminales, siempre y cuando cuenten con las garantías de un juicio justo por un tribunal independiente e imparcial".
"Ese principio, sin embargo, no justifica el encarcelamiento de individuos cubanos por el simple ejercicio de derechos humanos y libertades fundamentales, incluida la libertad de religión, expresión, reunión o asociación", añadió el jefe de la diplomacia estadounidense.
Nicaragua
La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) afirmó que la política del Gobierno de Nicaragua es que "no hay derecho a protestas aunque sea pacíficamente", cuando el mundo celebra el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Como producto de esa política, 327 ciudadanos han muerto desde el estallido social contra el presidente Daniel Ortega ocurrido el 18 de abril, entre ellas 14 mujeres, 32 menores de edad y 155 jóvenes, y más de 30.000 debieron huir de Nicaragua para no ser asesinados o capturados por policías y supuestos paramilitares encapuchados, según un informe de la CPDH presentado este lunes.
El 50 por ciento de las personas capturadas, al menos 610, enfrentan cargos de terrorismo, así como torturas, asesinatos, agresiones físicas, portación y uso ilegal de armas de fuego a pesar de que "las pruebas de parafina han resultado negativas", hay personas arrestadas por procesos que deben enfrentar en libertad.
Los "presos políticos son personas trabajadoras, que tienen sus profesiones, sus ocupaciones", pero enfrentan procesos a puertas cerradas, "llegan a los juzgados esposados, no pueden hablar con sus abogados ni jueces, observan cómo testigos y pruebas inventadas desfilan en los juicios", detalló el escrito.
De los 185 acusados que defiende la CPDH, 109 continúan con procesos abiertos, 59 fueron condenados con hasta 24 años de cárcel, y están en apelación, mientras que otros 17 fueron absueltos, aunque esto no necesariamente se ha traducido en su liberación.
(Con información de EFE)
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