Detrás del fenómeno Bolsonaro: por qué los militares tienen tanto poder y respaldo en Brasil

"¡Qué época maravillosa! Usted podía caminar por la calle con seguridad. Su familia era respetada y el policía era policía", describió Jair Bolsonaro en julio de 2015, en una entrevista con la periodista Mariana Godoy emitida por RedeTV!

La época a la que se refería el ex paracaidista del Ejército y capitán del Octavo Grupo de Artillería de Campaña era la dictadura militar que rigió en Brasil entre 1964 y 1985. Cada vez que le preguntaron lo que pensaba acerca de los asesinatos, las desapariciones y las torturas cometidas por el régimen, Bolsonaro justificó ese accionar con el argumento de que había una guerra contra la insurgencia armada.

"El error de la dictadura fue torturar y no matar", afirmó en 2016 en un diálogo con el programa "Pánico", de la radio Jovem Pan.

Si el diputado federal por Río de Janeiro obtuvo el 46% de los votos en las elecciones del 7 de octubre, y las principales consultoras proyectan un 59% en el ballotage del 28 de octubre —18 puntos más que Fernando Haddad—, es porque muchos ciudadanos piensan como él, o al menos no les espantan esas declaraciones.

Una encuesta realizada en 2017 por la Fundación Getúlio Vargas y la Escuela de Derecho de San Pablo reveló que la institución en la que más confían los brasileños son las Fuerzas Armadas. El 56% tiene una valoración positiva de ellas. La diferencia con la política es brutal: el Congreso, los partidos políticos y el Gobierno no superan el 7 por ciento.

Por eso no causó demasiada conmoción que el gobierno de Michel Temer decidiera en febrero de este año intervenir la seguridad de Río de Janeiro, y ponerla en manos de los militares. Activistas y miembros de organizaciones sociales cuestionaron la medida, pero buena parte de la población la respaldó.

Aún más inquietante es el resultado de un estudio de opinión pública elaborado por Paraná Pesquisas en septiembre del año pasado. El 43% de los consultados dijo que apoyaría una intervención militar provisoria en el país. El 51% se manifestó en contra, pero que cuatro de cada diez estén a favor resulta impactante. Son datos que ponen en números la fragilidad extrema de la democracia brasileña.

Militares y política en Brasil

"Los militares estuvieron, sin excepción, presentes en todos los movimientos políticos y sociales importantes en la historia de Brasil en el siglo XX. Como dijo el estudioso Alfred Stepan, ellos funcionaban como un poder moderador, por encima del Judicial y del Ejecutivo, con el objetivo de mantener la estabilidad social en tiempos de crisis. A esto hay que sumar el hecho de que el Ejército representó siempre una posibilidad de ascender socialmente para muchas camadas", dijo a Infobae Wallace da Silva Mello, profesor de historia en la Universidad del Estado de Río de Janeiro.

Hasta 1964 habían ejercido un rol más bien tutelar sobre la política brasileña, con intervenciones esporádicas y haciendo oír su voz. Pero a partir de ese momento las Fuerzas Armadas pasaron a ser las protagonistas excluyentes de la escena política. Para entender el poder y la ascendencia social que mantienen aún hoy, es necesario desmenuzar las particularidades de los 21 años de dictadura en Brasil.

João Goulart, uno de los principales herederos de Getúlio Vargas —líder populista que marcó el ingreso de Brasil a la política de masas—, llegó a la presidencia en 1961, tras la repentina renuncia de Jânio Quadros, impulsada por los militares. Tampoco lo querían a Goulart, porque lo veían demasiado corrido a la izquierda, pero terminaron aceptándolo.

La tolerancia duró menos de tres años. El 31 de marzo de 1964 Goulart fue derrocado por un golpe de Estado liderado por el general Humberto Castelo Branco, que era jefe del Estado Mayor del Ejército. Inmediatamente, se prohibieron los partidos políticos, se cerraron medios de comunicación críticos y hubo una persecución generalizada, que incluyó secuestros, asesinatos y desapariciones.

Entre los caídos había miembros de organizaciones armadas como Colina y su sucesora, la Vanguardia Armada Revolucionaria Palmares, que tenía entre sus militantes a Dilma Rousseff. La ex presidenta estuvo recluida entre 1970 y 1972, período en el cual sufrió torturas y vejaciones de todo tipo.

Sin embargo, la dictadura brasileña tuvo diferencias importantes con las de otros países del cono Sur. Si bien existieron violaciones sistemáticas contra los derechos humanos, fue bastante menos cruenta que las de sus vecinos. Según un informe elaborado en 2014 por la Comisión Nacional de la Verdad, se registraron 434 víctimas entre asesinados y desaparecidos. En Argentina y en Chile, países mucho más pequeños, los muertos fueron varios miles.

"En Brasil tuvimos una 'dictablanda' más que una 'dictadura' como la que hubo en Argentina, donde miles de personas murieron y desaparecieron. Las Fuerzas Armadas argentinas depredaron el Estado, pero las brasileñas hicieron varias obras de infraestructura. Además, había una baja tasa de desempleo y la violencia era inferior a la de hoy. Esto hace que sea la institución con mayor credibilidad del país y que la población le confiera legitimidad política", afirmó Jorge Zaverucha, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Federal de Pernambuco, en diálogo con Infobae.

Otro rasgo distintivo del proceso brasileño es que, aunque el liderazgo fue sin dudas militar, tuvo un alto componente civil. El Congreso se mantuvo abierto y muchos diputados y senadores apoyaron a los golpistas. De hecho, en 1967 se aprobó una Constitución que estableció un método de elección indirecta del presidente, a través del Parlamento.

El régimen promovió la creación de dos partidos políticos: la Alianza Renovadora Nacional (ARENA), que hacía las veces de oficialismo, y el Movimiento Democrático Brasileño (MDB), la única oposición aceptada. Claro que los comicios legislativos estaban amañados y ARENA tuvo siempre mayoría. Y, aunque los civiles eran elegibles para la presidencia, todos los mandatarios fueron militares: Castelo Branco (1964 — 1967), Artur da Costa e Silva (1967 — 1969), Emílio Garrastazu Médici (1969 — 1974), Ernesto Geisel (1974 — 1979) y João Figueiredo (1979 — 1985).

Un punto de contacto con la dictadura chilena es que tuvo un período de fuerte expansión económica entre 1968 y 1973, lo que algunos llamaron el "milagro brasileño". Pero, a diferencia de las reformas neoliberales que implementó Augusto Pinochet en Chile, sus pares brasileños desarrollaron un esquema mucho más estatista y nacionalista. De todos modos, el éxito duró poco y terminó en un proceso de inflación descontrolada y recesión, que llevó a los militares a preparar la retirada.

"La transición en Brasil fue tutelada, desde 1974, cuando las guerrillas ya estaban vencidas. Hubo un intervalo de diez años entre el recuerdo de los combates, muchos de ellos localizados en el interior del país, y la entrega del poder a los civiles, en 1985. Si bien hubo movimientos como la campaña por las (elecciones) 'Directas Ya', no existió una conmoción nacional en relación al trauma de la guerra y de los desaparecidos, capaz de forzar la caída del régimen como en Argentina, donde fueron muchos más", dijo a Infobae Eduardo Heleno, profesor del Instituto de Estudios Estratégicos de la Universidad Federal Fluminense.

La evidencia más notable de la fortaleza con la que se fueron los militares es que se aseguraron de que el primer presidente civil no surgiera del voto popular. Tancredo Neves, del MDB, fue elegido de forma indirecta, por el Congreso. Como murió antes de asumir, la nueva era la inauguró quien iba a ser su vice, José Sarney.

"La transición a la democracia fue negociada en todos los sentidos. En la práctica, los actores involucrados, con la excepción de los grupos de derechos humanos y las víctimas de la violencia política, hicieron un pacto para dejar atrás lo que había sucedido y empezar de cero. Eso no sólo incluyó las violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas, sino también los hechos de corrupción, lo que les permitió salir de la dictadura con una imagen relativamente positiva", explicó Samantha Viz Quadrat, profesora de historia de la Universidad Federal Fluminense, consultada por Infobae.

El pasaje a la democracia terminó de concretarse en 1990, con la asunción de Fernando Collor de Mello, primer mandatario surgido de comicios directos. Muy poco ayudó a consolidar el sistema republicano lo traumático que fue su gobierno. Envuelto en escándalos de corrupción y con la popularidad por el piso, tuvo que renunciar dos años después, cuando estaba por ser destituido a través de un impeachment.

"Los militares mantuvieron ciertas prerrogativas, como la Ley de Amnistía, y no hubo en un primer momento un juicio contra los represores —dijo Heleno—. En los debates de la Asamblea Constituyente (de 1988) estaba la percepción de que era tiempo de mirar hacia el futuro. La conciliación brasileña acabó ofreciendo las condiciones para conservar la credibilidad de las Fuerzas Armadas y mantener en silencio una batalla de memorias, que resurgiría décadas después. La confianza en los militares aumentó aún más cuando no interfirieron en el proceso contra Collor, y con sus exitosas acciones de seguridad en grandes eventos, como la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, ECO-92″.

Esa salida concertada, tan favorable a los militares, supuso también la inclusión en la Constitución de 1988 de una serie de artículos que sellaron su rol como salvaguarda de la Nación. Así se entienden algunas de las advertencias más amenazantes realizadas por jefes de las fuerzas en los últimos tiempos, como la del comandante general Eduardo Villas Boas, que en abril avisó de su rechazo a la impunidad en vísperas de que la Corte Suprema decidiera si concedía a Lula da Silva un habeas corpus.

"El artículo 142 de la Constitución es claro en que los militares tienen el deber de garantizar la defensa de la patria, los poderes constitucionales y la ley y el orden. La cuestión es quién determina que el orden no está garantizado, y basado en qué principios. ¿Cuáles son los límites para la aplicación de ese dispositivo?", se preguntó Da Silva Mello.

Bolsonaro y el factor militar

"En momentos de crisis política —dijo Heleno—, como en 1992, 2013 y 2016, observamos en paralelo al discurso anticorrupción, entre los sectores más reaccionarios, el retorno de la idea de la intervención militar. En esos segmentos minoritarios, los militares son imaginados no sólo como burócratas nacionalistas, eficientes y republicanos, sino como la solución para los problemas políticos".

En todas las crisis anteriores, siempre emergieron líderes políticos capaces de ofrecer una respuesta a las angustias de los ciudadanos. En los 90 fue Fernando Henrique Cardoso y en los 2000 fue Lula. Ante el colapso experimentado ahora por los principales partidos políticos, no debería llamar la atención que sea un ex capitán del Ejército quien irrumpió para llenar el vacío.

"Por la confianza que hay en los militares, parte del electorado cree firmemente que Bolsonaro conseguirá moralizar a la política y bajar los niveles de criminalidad, sin negociar con los delincuentes y endureciendo la política de seguridad, facilitando la circulación de los 'ciudadanos de bien', y dificultando la de los 'malos ciudadanos', que no merecen que sean respetados sus derechos humanos. Hay una relación bien clara entre la credibilidad de la que gozan los militares y el poder de persuasión electoral de Bolsonaro", sostuvo Da Silva Mello.

Su proyecto político perfectamente podría describirse como uno de uniformados que decidieron salir de los cuarteles para meterse en política a través de la lucha por los votos, porque no es el único con pasado castrense. Muchos ex miembros del Ejército lo acompañan, como el general Hamilton Mourao, su compañero de fórmula, o el general Roberto Sebastião Peternelli Júnior, que acaba de ser elegido diputado por San Pablo.

Mourao es el máximo exponente de ese grupo que ve a los militares como los garantes últimos del orden, por encima incluso de las instituciones democráticas. Es el único que se atreve a decir cosas aún más controversiales que Bolsonaro. "O las instituciones solucionan este problema político, a través de la acción de la Justicia, retirando de la vida pública a esos elementos involucrados en ilícitos, o nosotros vamos a tener que imponerlo", dijo el año pasado en una suerte de ultimátum a los jueces, para que encarcelen a los dirigentes políticos investigados por corrupción.

"En esa declaración, Mourao habló concretamente de la posibilidad de una acción militar para estabilizar al juego político y a la sociedad brasileña. En otra más reciente reafirmó el principio, y trató de explicar las situaciones eventuales en las que sería legítima una intervención militar. Allí dejó en claro que un autogolpe no es una alternativa descartada, dado que podría ser constitucional. Mi temor es que el poder conferido a los militares deje a la democracia viciada y tutelada por ellos", concluyó Da Silva Mello.

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