Las autoridades de Nicaragua "cometieron violaciones graves de derechos humanos", en ocasiones durante la llamada "operación limpieza" destinada a eliminar barricadas, estimó Amnistía Internacional en un informe al cumplirse seis meses de protestas reprimidas hasta con "fuerza letal".
En muchas oportunidades, las violaciones de derechos humanos fueron cometidas "no solo con conocimiento de las más altas autoridades", entre ellas del presidente Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, sino bajo su "orden y control", denunció la ONG de defensa de los derechos humanos en el informe presentado en Madrid.
En su segundo informe sobre la situación en el país centroamericano, Amnistía enumeró "torturas, detenciones arbitrarias y el uso generalizado e indiscriminado de fuerza letal por parte de la policía y fuerzas parapoliciales fuertemente armadas" así como seis "posibles ejecuciones extrajudiciales", que constituyen delitos de derecho internacional.
De las personas fallecidas por las protestas, la mayoría ha sido a manos de agentes estatales, y más de 2.000 heridos, según Amnistía Internacional. Entre las personas fallecidas 21 eran policías.
“Hoy se cumplen seis meses de represión continua en nuestro país y no le vemos salida, no sabemos hasta dónde va a llegar, cuándo va a terminar, cuándo podremos vivir en paz y empezar a reconstruir un país moralmente destruido”, dijo Vilma Núñez, una de las más destacadas activistas de derechos humanos en Nicaragua, que participó en la presentación.
"El gobierno está tratando de imponerse por la fuerza (…) Mantiene la represión, el hostigamiento, las persecuciones selectivas. En Nicaragua se ha perdido el derecho a circular libremente, porque las calles han sido tomadas por fuerzas militares", aseveró en rueda de prensa la presidenta del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (CENIDH).
Policía "traidor" asesinado
La embajadora nicaragüense en Francia, Ruth Tapia, afirmó a la AFP que el informe de AI es "infundado", hace acusaciones "sin pruebas" e "inventa" el número de muertos.
En Madrid, Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, pidió que "en lugar de criminalizar a quienes protestan calificándolos de 'terroristas' y de 'golpistas', el presidente Ortega debe garantizar los derechos de las personas a la reunión pacífica y a la libertad de expresión".
Entre los posibles casos de ejecuciones extrajudiciales, AI documenta el de Leyting Chavarría, de 16 años, que murió en la ciudad de Jinotega (norte). "Según testigos, un policía antidisturbios mató a Chavarría, que sólo llevaba una honda o tirachinas", señala la oenegé.
Asimismo, cita el caso del policía Faber López, muerto a manos "de sus propios compañeros", indicó Pilar Sanmartín, investigadora de AI.
"Según familiares la causa de la muere de este policía fue haber criticado al cuerpo policial y haber presentado su denuncia, y así (lo) consideraron que era un traidor", dijo Sanmartín. Las autoridades dijeron que murió por un disparo de "terroristas", pero "un examen forense alternativo demostró que no existía ningún impacto de bala en el cuerpo, sino múltiples signos de tortura".
Con información de AFP
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