Son dos los factores que hacen de este amor por conveniencia una historia que perdura: corrupción y dinero fresco. Mucho dinero. Mucha corrupción. Es el vínculo entre China y América Latina, impensado décadas atrás. Fructífero en la actualidad.
Durante gran parte de la década pasada, cuando el auge de los commodities provocó un período de bonanza económica pocas veces visto en la región, la relación de los países latinoamericanos con el régimen chino -superpotencia económica- se profundizó enormemente.
En aquellos años, China aparecía como la gran potencia "inocua" que buscaba hacer negocios sin condiciones políticas.
No solo potenciaba el boom de las materias primas con su demanda de alimentos, también realizaba inversiones directas y ofrecía préstamos sin hacer demasiadas preguntas, una oportunidad ideal para numerosos Gobiernos populistas que por ese entonces estaban en el pico de su romance con sus pueblos y ansiaban encontrar socios comerciales diferentes a los tradicionales: Europa o los Estados Unidos.
Mientras tanto, con bonanza económica, avanzaban en América Latina regímenes con tendencia autoritaria que esquivaban indicios de problemas económicos y mantenían enormes niveles de corrupción y difícil acceso al crédito.
Como recuerda el sociólogo e investigador Luis Fleischman, el comercio entre Beijing y América Latina pasó de ser casi inexistente en 1990 a rondar los 270.000 millones de dólares en 2012.
Por otro lado, la inversión directa de China también pasó de casi no existir en la década de 1990 a llegar a un pico de 20.000 millones de dólares en 2010. En total, en la región acumula unos 110.000 millones de dólares, de acuerdo con datos del Banco Mundial.
Brasil se llevó la mayor parte, con el 44%, mientras que Perú, donde China se hace aún más fuerte debido al escándalo por corrupción en torno a la constructora brasileña Odebrecht, y la Argentina le siguen con el 17% y 10,8%. Entre los tres se llevaron el 72,61%, el grueso de la inversión china en la región.
Pero los tiempos cambiaron. El boom de precios de las materias primas es ya un recuerdo y las economías latinoamericanas crecen poco, si es que lo hacen. La mayoría de los proyectos populistas de comienzos del siglo XXI perdieron poder, y los que persisten, como Venezuela y Nicaragua, se encuentran envueltos en una devastadora crisis económica, política y humanitaria. Y China, que parece haber asegurado su acceso a las materias primas que ofrece América Latina y que tanto necesita, ya no parece tan "inocua".
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De hecho la mayoría de las inversiones chinas, cerca del 57%, se realizaron en empresas dedicadas a la extracción de materias primas, y el 77% de estas compañías pertenecen al Estado chino, según datos de la Red Académica de América Latina y el Caribe Sobre China y el Banco Mundial. Entre estas, la dos más importantes, Sinopec y CNPC, se dedican a la extracción de petróleo.
De esta manera, con rápidos reflejos y un olfato para debilidades tan persistentes en América Latina, China se las arregló para convertirse en un socio estratégico de casi todos los países y ha logrado el acceso a las materias primas que tanto necesita, a pesar de casi no tener presencia en la región apenas 25 años atrás.
Venezuela y el petróleo
Precisamente China es uno de los últimos sostenes de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, país que posee una de las reservas de petróleo más grandes del mundo y que vende gran parte de su producción al gigante asiático.
Maduro incluso viajó incluso a China el viernes para acordar un aumento el 9,9% de la participación asiática en Sinovensa, petrolera mixta en la que Beijing ya tiene el control del 40%. Corrupción y dinero, una combinación perfecta.
Venezuela llegó ser en 2012 el cuarto socio comercial de China en la región, pero tras años de debacle, de caída del producto interior bruto y aumento descontrolado de la inflación, que ha provocado una crisis socioeconómica sin precedentes, su peso en esta lista se ha derrumbado a pesar de sus exportaciones diarias de 330.000 barriles de petróleo.
Pero Caracas sigue siendo un protegido de Beijing, que necesita mantener el acceso al crudo venezolano, y el estado chavista ha recibido en los últimos años préstamos por 50.000 millones de dólares a pagar principalmente con petróleo.
El régimen de Maduro aún debe 25.000 millones de dólares de esa suma, deuda que busca reestructurar, y espera poder recibir otros 5.000 millones para mantenerse a flote.
Ecuador y la deuda
Ecuador también mantuvo una fuerte relación comercial con China, basada mayormente en la exportación de petróleo, que se potenció enormemente en tiempos del gobierno de Rafael Correa. Pero, a cambio, hipotecó parte del futuro de sus reservas de petróleo en favor del régimen comunista.
A pesar de no ser destino importante de sus exportaciones, Ecuador sí acudió a China para financiarse, especialmente en sus momentos de mayor necesidad económica cuando se derrumbó el precio del petróleo luego de la crisis internacional. Durante los 10 años del gobierno de Correa la deuda pública creció un 160%, con China como principal acreedor.
De esta manera, el ex presidente, tres de sus ministros de Finanzas y otros siete funcionarios públicos están siendo investigados por la Fiscalía de Ecuador por "irregularidades" en en el endeudamiento, por encima de límites establecidos y utilizando la venta anticipada de petróleo.
La Argentina, el espacio exterior y Vaca Muerta
Argentina no escapa a esta tendencia. Después de Brasil, China es el segundo proveedor de importaciones con el 18,4% del total y tercer destino para sus exportaciones, con el 7,4%, de acuerdo a datos de Comtrade.
Durante los años 2001 a 2017, el país recibió 11.870 millones de dólares en inversiones directas, un 10,8% del total en la región, de acuerdo a información de la Red ALC-China.
En 2009 el gobierno de Cristina Kirchner logró estabilizar el peso mediante un primer swap con el Banco Central chino, que consistió en un canje por yuanes valuado en 10.000 millones de dólares.
Mientras que el grueso de la inversión comienza a llegar en 2010, durante el Gobierno de la presidente argentina, y estuvo orientada a obras de infraestructura ligadas a los intereses chinos en la región, incluyendo una represa, túneles y vías. Pero lo que más llamó la atención fue la facilidad con que Beijing logró instalar una una base de monitoreo y control satelital en la Patagonia. En palabras sencillas: una central de inteligencia.
Negociada en momentos en los que el Gobierno argentino necesitaba desesperadamente inversiones externas, la inmensa antena satelital comenzó a funcionar en 2017 -gobierno de Mauricio Macri– bajo control del Ejército Popular de China y poco se sabe realmente de sus capacidades y roles.
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A pesar de que los vínculos se iniciaron en tiempos de gobierno kirchnerista, la actual administración de Macri ha mantenido, ya sea por necesidad o voluntad, esta estrecha relación con Beijing en tiempos en que las debilidades económicas y la amenaza de una fuerte recesión han vuelto a acechar al país.
Las obras de infraestructura iniciadas por el anterior gobierno tal y como la una nueva central nuclear china en la ciudad de Lima continúan, pero ahora, mientras el país negocia un programa de ayuda financiera del Fondo Monetario Internacional (FMI), se enfrasca en uno de los mayores casos de corrupción en la obra pública de su historia y se propone reducir el gasto, avanza la posibilidad de que la empresa de capitales estatales Nucleoeléctrica Argentina (Na-Sa) reciba el financiamiento chino o incluso una participación del estado asiático.
Na-Sa es la encargada del management y control de las centrales atómicas en la Argentina. ¿El Gobierno de Macri le dará ese poder absoluto a China, resignando la soberanía nuclear? Todo parecería indicar que sí.
Por otra parte, también hay interés del Gobierno argentino en que el régimen invierta en la explotación de gas y petróleo en el yacimiento de Vaca Muerta, también en la Patagonia, que posee un enorme potencial.
"Una China", en América Latina
Aunque China no parece basar sus relaciones en una variable ideológica, sí tiene una demanda concreta en torno al apoyo de la política de "una China", que llama a la comunidad internacional a reconocer a la República Popular como único estado legítimo en el territorio y solicita a la República China, conocida en todo el mundo como Taiwán, a incorporarse al país.
El conflicto se remonta a los inicios de la República Popular, en 1949, cuando las tropas comunistas de Mao Zedong finalmente se impusieron sobre los nacionalistas de Chiang Kai-Shek, que escaparon a la isla de Taiwán, desde donde aún hoy se consideran el Gobierno legítimo, tras una larga guerra civil.
El 20 de agosto, El Salvador adoptó esta posición y se sumó a Costa Rica, Panamá y la República Dominicana, que ya se habían pronunciado de la misma manera, en la ruptura de relaciones con Taiwán, lo que consolidó, de esta manera, la influencia de Beijing en América Central, donde también mantienen fuertes vínculos comerciales con Cuba.
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