El gobierno de Guatemala ordenó impedir el ingreso al país del jefe de la misión anticorrupción de Naciones Unidas, Iván Velásquez, días después de que la administración del presidente Jimmy Morales anunció que no renovará la estancia de la representación en el país.
La medida se conoció mientras el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), de nacionalidad colombiana, se encontraba en Washington por motivos personales.
A través de un documento –compartido entre otros por el director para las Américas de Human Right Watch, José Vivanco y por el principal diario del País, Prensa Libre– el presidente Morales habría ordenado a la Dirección General de Migración no dejar entrar al país a Velázquez por "razones de Orden Público y Seguridad Pública.
Urgente: gobierno de @jimmymoralesgt prohibe el ingreso del jurista de Naciones Unidas Iván Velásquez a Guatemala.
Al descabezar la Cicig @jimmymoralesgt logra consumar su plan para impedir investigaciones contra los mafiosos en el país (incluyendo la investigación contra él). pic.twitter.com/Bn0soRN3K1
— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) September 4, 2018
Aunque Matías Ponce, vocero de la CICIG, dijo que no habían sido notificados de ninguna carta o gestión por parte del gobierno para impedir que el comisionado Iván Velásquez ingrese al país, aunque la autoridad migratoria confirmó la veracidad del documento como de la medida contra el comisionado.
"La Comisión no ha recibido ninguna información oficial al respecto. El comisionado continúa con su labor y agenda con total normalidad en Nueva York y Washington, en EEUU. Mientras tanto, el trabajo de la Comisión continúa en función del acuerdo del Estado de Guatemala y las Naciones Unidas".
Morales anunció el viernes que notificó a Naciones Unidas la no renovación de la CICIG argumentando que sus integrantes violaron las leyes, hicieron persecución penal selectiva y sembraron terror judicial.
La CICIG, creada en 2006 tras la firma de un acuerdo entre el gobierno de Guatemala y Naciones Unidas, ha trabajado con fiscales y la justicia local para investigar señalamientos que han involucrado a políticos y empresarios.
Morales actualmente enfrentaba un tercer pedido de retiro de inmunidad para poder ser investigado por delitos electorales, por petición de la Fiscalía General y la CICIG el pasado 10 de agosto.
Según ambos organismos, aparentemente se cometió financiamiento electoral ilícito en 2015. En aquel entonces, Morales era secretario general y representante legal del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), que recibió un millón de dólares por parte de empresarios para la campaña electoral.
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