El calvario de los familiares de los presos políticos en Nicaragua

Sus familiares tienen varias cosas en común. Son de la misma ciudad, están acusados por los mismos delitos y están presos juntos. Hasta hace dos meses ellas dos, una menor de 25 años y la otra mayor de 50, no se conocían. Se hicieron amigas en las afueras de El Chipote cuando intentaban saber si ahí estaban detenidos sus esposos, uno de ellos trabajador en una zona franca textil y el otro albañil. Ambas serán atendidas por un abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH).

"Faltan otras del grupo", le dice la más joven a dos mujeres que acaban de llegar. Muchas más hablarán en los mismos términos. Cuando usen la palabra grupo se referirán a dos cosas: el grupo de mujeres que por estas circunstancias se traslada junto, se ayuda intercambiando información sobre los procesos penales y se da aliento; y al grupo de procesados entre quienes están sus familiares.

Antes de la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua desde el 18 de abril, la CPDH recibía entre 200 y 300 denuncias cada trimestre, sin embargo
desde hace cuatro meses ha recibido más de 1500 denuncias por violaciones a derechos humanos.

"Históricamente las denuncias contra la Policía Nacional representaban entre el 30 y 50% del total, en estos momentos las denuncias contra la institución policial representan más del 80%, lo cual quiere decir que la Policía Nacional es el principal agente del estado involucrado en las violaciones a los derechos humanos en este contexto de la crisis política que estamos viviendo en Nicaragua", explica Denis Darce, responsable de proyectos de la CPDH.

El defensor de derechos humanos detalla que, cuando estalló la crisis en Nicaragua, la CPDH empezó a recibir denuncias de personas que recibieron los cadáveres de sus familiares en hospitales donde les advertían que si se los llevaban, renunciaban a toda investigación sobre las causas de la muerte.

"Les daban una opción que en términos legal no existe: o se lleva a su familiar y renuncia a toda investigación o se lo lleva a Medicina Legal y ahí se lo van a abrir. Toda esa presión, más la carga emotiva, hizo que las personas firmaran cualquier papel. Eso ocurrió en la mayoría de los casos. Entonces vinieron aquí a denunciar. Sobre la base de esa demanda creamos un equipo jurídico especial que tenía especialmente la misión sobre estos hechos, documentarlos, sin embargo apareció el fenómeno de la criminalización del derecho a protestar. Están acusando a un montón de personas por haber ido a marchas, por haber estado en tranques, en universidades tomadas y les achacan una serie de delitos graves. Como Comisión asumimos el reto de desarrollar una intervención directa dentro de los procesos, eso significa asumir la defensa técnica de estas personas que están siendo procesadas", agregó Darce.

Los abogados de este organización han asumido la defensa técnica de más de 120 personas que están siendo acusadas, sobre todo en Managua, por diversos delitos.

El Gobierno sostiene que son terroristas y que han intentado desestabilizar el país; organismos como la CPDH y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) aseguran que son presos políticos. En el informe titulado "Violaciones de Derechos Humanos y abusos en el contexto en las protestas en Nicaragua", elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentado este 29 de agosto en Managua, se indica que tras el desmantelamiento de los tranques "la crisis entró en una nueva fase caracterizada por la persecución y criminalización de líderes sociales y de las protestas".

La oficina

Cada mañana llega una persona nueva a la oficina de la CPDH, ubicada al occidente de Managua, en un barrio vecino a El Carmen, donde trabaja el presidente Daniel Ortega. Algunas personas acuden varias veces a la semana desde otras ciudades para conocer cómo va el caso de sus parientes. Hay días en que se puede observar a más gente y eso últimamente depende de la cantidad de detenciones que realicen las autoridades, explica Denis Darce.

Hoy está aquí Salvadora Martínez Aburto, esposa del coronel en retiro Carlos Brenes, apresado este martes cuando intentaba cruzar la frontera con Costa Rica. Fue detenido por oficiales del Ejército de Nicaragua y entregado a la Policía Nacional.

En las redes sociales circularon las fotos de Brenes vestido con jeans y camisa verde. Esposado en una tina de la Policía.

Esa imagen contrasta con otra que también circula en las redes: la de Brenes joven, descamisado, junto al actual presidente de Nicaragua, quien tiene su mano en el hombro del hoy reo. En la última foto están también los legendarios guerrilleros sandinistas ya fallecidos Germán Pomares, Francisco Rivera y Óscar Perezcassar; y Joaquín Cuadra, ex jefe del Ejército de Nicaragua, alejado de la vida política nacional.

La imagen revela el pasado combativo de Brenes y, sobre todo, sus raíces sandinistas. Sugiere también que él no es cualquier preso. Fue combatiente histórico, mano derecha del hermano menor de Ortega, Camilo, y fundador del Ejército Popular Sandinista, formado en 1979 y que entró a un proceso de modernización en 1990.

"Sí, fue cercano a Daniel Ortega y a su hermano Camilo", comenta Salvadora, quien ha llegado buscando información sobre el proceso que se le abrió porque una abogada de la CPDH estaba en los juzgados cuando lo presentaron ante el juez.

"También fue cercano a Humberto Ortega Saavedra y bueno, si este señor (Daniel Ortega) está donde está es porque mi esposo le ayudó, y eso es lo que me duele tanto, ¿por qué le hace esto?".

Brenes está siendo acusado de liderar un grupo criminal en Carazo. Ella asegura que ni siquiera estuvo involucrado en las protestas antigubernamentales, que todo el tiempo estuvo en su finca, en la que cultiva aguacates, y que solo en una ocasión leyó una proclama respaldando a los protestantes de su natal Masaya.

De lo que no hay dudas es que estaba en desacuerdo "con este régimen". El día de la detención, la Policía llegó a registrarle la casa. Buscaban armas.

"El comisionado Ramón Avellán llegó a catearme la casa, buscaban armas, pero armas no tengo, dos machetes es lo que tengo, y se los dije", relata Salvadora. "Entraron a revisarme todo, andaban con una perrita buscando, me pidieron que anduviera detrás de ellos para que mirara que no iban a robar nada. Uno de ellos me dijo que les 'iba a hablar con la verdad'. Sí, les contesté, porque quien no la debe no la teme. Me revisaron el celular. Preguntaron dónde estaba Carlos, pero parece que ellos ya sabían que lo habían apresado".

Su mayor preocupación es el estado de salud de Brenes, quien depende del suministro de insulina para vivir. "Tiene que ponérsela tres veces al día", detalla.

Mientras él esté recluido en las celdas de máxima seguridad de El Chipote, en Managua, deben llevarle la comida y la medicina tres veces cada día. "Dicen que no lo han lastimado, que sí le han pasado su insulina y sus medicamentos", comenta esperanzada.

Sus días ahora transcurren en esto: saber cómo va el proceso contra su marido, llevarle comida, medicina, hablar con su abogado, informar a los familiares sobre las gestiones.

Temor

"A mi marido lo acusan de ser jefe de una banda, lo acusan de fabricación de armas, lo mismo que le ponen a todos, pero él es trabajador activo de una zona franca", cuenta una de las mujeres que se encuentra en la CPDH y que ha pedido relatar su historia bajo condición de anonimato y sin fotos, igual que todo su grupo. "Lo detuvieron un domingo que era de descanso y ese día llegaron a la casa a buscarlo, lo sacaron debajo de la cama".

Ella y la señora que tiene a la par han podido verlos en el sistema penitenciario ubicado en Tipitapa, donde se encuentran mientras empieza el juicio. "Gracias a Dios dicen que están bien, que a ellos no los golpean, pero dicen que a otros sí".

La mayoría de las familiares encargadas de las gestiones son mujeres. Deben dividir su tiempo entre sus trabajos, las visitas a las cárceles, el hogar y las gestiones judiciales con los abogados que llevan los casos.

El 43% de los casos que lleva la CPDH son de personas provenientes de Managua, el resto es oriundo sobre todo de Carazo y Matagalpa.

"Nosotros hemos categorizado a todas estas personas como presos políticos porque estas personas están siendo procesadas por haber manifestado una posición política contraria al gobierno y por haber realizado protestas de carácter pacífica en contra de medidas y políticas del gobierno", sostiene Denis Darce.

Darce agrega que el gobierno no puede "convertir la protesta en un delito porque no existe el tipo penal, entonces lo que hacen es identificar dentro del contexto de la protesta aquellos hechos que consideran delictivos e impulsar procesos en contra de estas personas".

"El 50% están siendo acusados por terrorismo, que según el Código Penal son todas aquellas acciones encaminadas a causar terror, pánico, desestabilizar el país. Ellos dicen que son terroristas, el 15% son por portación ilegal de armas y 13% por crimen organizado. Son poquísimas las acusaciones en las que se acuse solo de un delito y la mayoría de delitos son graves porque no solo afectan a las personas sino que el Estado se convierte en víctima", indica el defensor de derechos humanos.

Darce detalla que todos estos presos "están sufriendo una serie de violaciones a los derechos humanos", entre los que están que algunos son detenidos por fuerzas paramilitares; que se incumple el periodo en que deben ser puestos a la orden del juez; no les permiten comunicarse con sus familiares o abogados; y algunos han sufrido tratos crueles.

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