Varios movimientos sociales y organismos cívicos señalaron el martes al Estado de Nicaragua de estar realizando una "ilegal e inhumana redada masiva" contra jóvenes que se manifiestan contra el Gobierno que preside Daniel Ortega desde abril pasado, en el marco de una crisis sociopolítica.
"La Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil protesta enérgicamente ante la despiadada e ilegal redada de casi medio centenar de jóvenes, que la dictadura (Gobierno) ha lanzado en los últimos días, sobre todo contra mujeres y varones estudiantes que integran la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ), el Movimiento 19 de Abril y esta Articulación", denunció ese grupo social.
La denominada Articulación exigió, además, el cese de las torturas y tratos crueles, que a su juicio practican las autoridades con los detenidos, así como su inmediata puesta en libertad.
El martes, además, un tribunal nicaragüense declaró culpables a dos jóvenes por la muerte del periodista Ángel Gahona mientras transmitía en vivo las protestas antigubernamentales, en un proceso que abogados y defensores de derechos humanos califican de viciado.
El juez Ernesto Rodríguez, de Managua, declaró culpable a Brandon Lovo y Glen Slate la noche del lunes por el asesinato de Gahona el pasado 21 de abril en la ciudad caribeña de Bluefields.
Gahona de 42 años, murió tras recibir disparos en la cabeza mientras realizaba una transmisión en Facebook Live de las protestas contra una reforma a la seguridad social, que derivaron en una demanda política para la salida del poder del presidente Daniel Ortega.
Lovo y Slate, ambos afrodescendientes, fueron encontrados culpables de los delitos de asesinato, tenencia ilegal de armas y municiones, y asesinato frustrado de un policía.
Familiares de Gahona y de los procesados niegan la responsabilidad de los jóvenes en los hechos y han demandado su libertad.
Detenciones masivas
Al menos 28 personas, en su mayoría universitarios y una brasileña-estadounidense, fueron detenidos el fin de semana pasado de "manera arbitraria" por la Policía de Nicaragua en el marco de las protestas contra el Gobierno, según denunció la CUDJ.
Entre los detenidos se encontraba la documentalista brasileña-estadounidense Emilia Mello, que fue deportada el domingo.
Mello fue detenida el sábado pasado en el municipio nicaragüense de San Marcos, cuando viajaba junto con un grupo de estudiantes hacia la ciudad colonial de Granada donde participarían en una marcha contra el Gobierno, que ella iba a registrar para un trabajo audiovisual.
Tanto Mello como los otros 19 nicaragüenses, entre ellos dos documentalistas locales, fueron liberados horas después, al igual que un médico y un abogado.
"Denunciamos que estos secuestros y capturas masivas ilegales ejecutadas por policías y paramilitares armados y encapuchados, revelan la frustración y desesperación de los Ortega-Murillo, quienes inútilmente pretenden detener la insurrección cívica pacífica que ha continuado activa y beligerante en todo el país", continuó la denominada Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil.
La Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) exigió el domingo al Estado de Nicaragua respetar la libertad de expresión y el derecho a la protesta en el marco de la crisis que atraviesa este país centroamericano.
Desde abril, miles de nicaragüenses han salido a las calles a protestar contra el presidente Daniel Ortega, en el marco de una crisis que ha dejado entre 322 y 448 muertos, según organismos humanitarios internacionales y locales, mientras el Gobierno reconoce 198 fallecidos y denuncia un intento de golpe de Estado.
Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.
Con información de AFP y EFE
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