El caso Medardo Mairena: torturas, cargos falsos y juicio sin garantías bajo el régimen de Daniel Ortega

En una celda de máxima seguridad está Medardo Mairena, líder campesino nicaragüense. "En su caso tenemos lo que denominamos un cóctel de delitos", dice su abogado, Julio Montenegro, antes de detallarlos: terrorismo, crimen organizado, asesinato de cinco oficiales de policía y un civil, secuestro simple, robo agravado, entorpecimiento de servicios públicos, lesiones y daños.

En 65 páginas está detallada la acusación que la Fiscalía realizó contra Mairena y dos personas más: Pedro Mena, también dirigente comunitario, y Silvio Pineda, un ciudadano que asegura no haber participado en ninguna protesta antigubernamental. Están ofrecidas 60 personas, en su mayoría policías, para atestiguar contra los tres, y 4.5 gigabytes de videos que serán presentados en el juicio, que inicia el 1 de octubre.

Medardo Mairena era miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, el bloque con el que el gobierno de Daniel Ortega se sentó a dialogar en mayo para superar la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua desde el 18 abril, y que ha provocado severos daños a la economía, más de 250 muertos y más de 2.000 heridos. El diálogo, sin embargo, está suspendido desde el 16 de junio.

Llegó a la mesa de diálogo representando al Consejo Nacional en Defensa del Lago, la Soberanía y la Tierra, que agrupa a los campesinos que durante cuatro años han demandado al Estado la derogación de la Ley 840, que otorga una concesión para construir, administrar y operar un canal interoceánico a una empresa china. El Consejo ha realizado al menos 100 marchas a nivel nacional solicitando la derogación de esa norma jurídica, sin éxito alguno.

Su nombre empezó a sonar con mayor fuerza en los medios de comunicación nacionales a inicios de este año, cuando asumió la coordinación del Consejo.

Mairena promovió la instalación de barricadas y tranques como método de protesta contra el gobierno de Daniel Ortega. El 13 de julio al mediodía, cuando iba a salir del país rumbo a Estados Unidos, fue detenido por la Policía Nacional. Tras apresarlo, esa institución lo calificó como terrorista. Según organismos de derechos humanos, Mairena es un preso político, uno de los más emblemáticos.

Líder comunitario

Nacido en la Guinea, llegó al Polo de Desarrollo Daniel Guido, en Punta Gorda, en el Caribe Sur de Nicaragua, unos 20 años atrás. En 2014 organizó a la comunidad tras saber que una concesión para construir un canal interoceánico arrasaría con su poblado.

"En su momento los campesinos creímos que el proyecto era bueno, todo muy bonito. En diciembre de 2014 empezamos a despertar y nos encontramos que la ley canalera nos quitaba nuestras propiedades y se las cedía al chino", dijo en una entrevista con Radio Corporación en 2016.

El chino es Wang Jing, cuya empresa, HKND, obtuvo una concesión para construir y operar un canal interoceánico que estaba previsto arrancar en la comunidad de Punta Gorda, en el Caribe Sur de Nicaragua, donde habita Medardo.

"Nosotros íbamos a ser impactados, estamos en la mera raya de donde está señalado el estudio del canal, Daniel Guido iba a desaparecer. Como nosotros habitamos ahí, nos iban a sacar", relata Alfredo Campos, comunitario del Polo de Desarrollo Daniel Guido y quien tiene al menos 20 años de conocer a Mairena.

Desde antes de la aprobación de la Ley 840, Mairena ya era un líder comunitario. Cuenta su hermano, Alfredo Mairena, que era "alcaldito" de la comunidad, tanto del Polo de Desarrollo como de Atlanta, otra zona que estaba prevista a ser impactada por la construcción de la vía interoceánica.

"Luego fue candidato a concejal regional de la RAAS por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC)", detalla su hermano. "Es una persona humilde que ha trabajado por el bienestar del pueblo, su lucha ha sido ayudar a su comunidad, como alcaldito gestionaba proyectos. En Atlanta se construyó un muelle para embarcaciones a través de gestiones de él, se hizo también una trocha".

En mayo de este año terminaba su periodo como coordinador del Consejo. Aún es concejal regional. Mairena tiene unas 15 cabezas de ganado, según sus familiares, y cultivaba quequisque, yuca y maíz en las manzanas de tierra que posee en la zona.

Freddy Navas, miembro del Consejo, asegura que los campesinos se empezaron a organizar cuando conocieron el contenido de la Ley 840 y que a raíz de la crisis sociopolítica que empezó en abril le pidieron a sus miembros que se sumaran al tranque que instalaron en San Pedro de Lóvago, que fue el primero en todo el país.

"El gobierno está apostando a la violencia, creían que al agarrar a Medardo Mairena nos íbamos a volcar a la parte de violencia y guerrerista, pero tenemos cinco años de estar cívicamente, creemos en la protesta cívica, queremos un cambio radical pero no a través de las armas", asegura Navas.

Sandra Ramos, miembro de la mesa de diálogo por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, sostiene que Mairena representa "la fuerza, la energía y el coraje de los campesinos que durante más de cinco años han luchado contra la Ley 840 y por la soberanía Nacional".

"Su libertad y la de todos los prisioneros políticos es parte de la agenda vital de la Alianza por la Justicia y la Democracia", asegura Ramos.

El proceso

Las organizaciones de derechos humanos de Nicaragua registran más de 120 personas presas por razones políticas en el país. Las autoridades, sin embargo, acusan a los detenidos de haber cometido diversos delitos como terrorismo, portación ilegal de armas, secuestro, etcétera.

"Todos y todas son presos políticos, la gravedad es que están privados de su libertad sin causa legales que den credibilidad a las graves acusaciones que se les señalan. Entre los más reconocidos están Medardo Mairena, líder coordinador del movimiento campesino. También Pedro Mena y Víctor Manuel Díaz González, líderes campesinos, pero hay otros campesinos arrestados. Están los hermanos Fajardo, la líder comerciante Irlanda Jerez; los hermanos Esteban… Hay detenidas familias enteras, padres e hijos. El delito es protestar", declaró Gonzalo Carrión, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

El dos de agosto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indicó en un comunicado que recibió información "alarmante sobre la activación de prácticas de persecución judicial y criminalización contra las personas opositoras al régimen del Gobierno, manifestantes, estudiantes, activistas y defensores de derechos humanos".

La Comisión advirtió "que tras el levantamiento de tranques en diferentes lugares del país, mediante el uso de la fuerza, las autoridades habrían realizado numerosas detenciones arbitrarias, efectuadas con violencia por grupos encapuchados y armados, que habrían mantenido personas retenidas contra su voluntad. Estas personas reportaron que sufrieron malos tratos antes de ser entregados a comisarías de la Policía Nacional o al Auxilio Judicial, en Managua. Según la información recibida, las personas detenidas no son informadas de sus derechos al momento de la detención, ni de los cargos que se les imputan; no se exhiben órdenes judiciales, ni sus familiares reciben información sobre el lugar al que serán llevados".

Desde su detención, los familiares de Mairena solo lo han visto una vez. Sus hijos han recibido amenazas de muerte y la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CDPH), que lleva el caso, ha denunciado una serie de ilegalidades en el proceso.

Julio Montenegro, el abogado defensor de Mairena, relató que este fue detenido en el puesto de migración en el aeropuerto, luego "fue pasado a control de las autoridades de seguridad, y de acuerdo a lo que me dijo el 15 de agosto, estuvieron ahí aproximadamente 20 minutos".

"Me ha comentado que lo llevaron con los ojos tapados, no me precisó si con capucha o trapo, lo cierto es que no supo hasta que estaba en las instalaciones del Chipote. Comentaron que ahí fueron golpeados, los ponían de rodillas, los pateaban en diferentes partes del cuerpo", aseguró el abogado.

Mairena viajaba junto con Pedro Mena, otro líder campesino, y quien también está preso, acusado de cometer los mismos delitos.

Un día antes de su detención fueron asesinados cuatro policías de la delegación de Morrito, en Río San Juan. Según la versión de la Policía Nacional, los agentes fueron atacados por personas que se encontraban en el tranque de San Pedro de Lóvago, que sostenían los miembros del Consejo Nacional en Defensa del Lago, la Soberanía y la Tierra, que ese día realizaron una marcha. Estos últimos aseguran que el ataque provino de la alcaldía de Morrito.

"Medardo no estaba en ese lugar el día y hora en que las autoridades lo están implicando en el hecho (asesinato de policías). Aparentemente lo que quieren es implicarlo a través de contactos telefónicos", afirma el abogado.

Durante la audiencia preliminar ni Mairena ni Pedro Mena tuvieron asistencia legal. "A pesar que pidieron asistencia de Denis Darce, encargado de proyectos de la CPDH, y cuyo nombre manejaban ambos procesados, no se les permitió tener esa defensa. Ya se le había dicho al juez que yo iba a asumir ese caso. Ni siquiera tuvo un defensor público o defensor de oficio, lo que hubo fue una acusación de la Fiscalía, de la Unidad Contra el Crimen Organizado. El juez admitió la acusación, se le dio la tramitación compleja y la prisión preventiva", agrega el defensor.

El 15 de agosto se realizó la audiencia inicial. Según Montenegro, ese día fue la primera y única vez que ha hablado con Mairena.

"Me mantuvieron 40 minutos fuera de los juzgados, en ese momento que no me dejaban pasar, sí dejaron entrar a todos los medios de comunicación del gobierno. Hasta que hice un reclamo público pidiéndole al magistrado Gerardo Rodríguez que me dejara pasar, pude entrar" a la audiencia, relata.

En la audiencia inicial no permitieron la entrada de los familiares de los procesados, medios de comunicación críticos al gobierno y de las delegaciones de la CIDH, ONU y organismos de derechos humanos nicaragüenses.

"Los tres procesados estaban de espalda, cabizbajos. Están afectados, Medardo me preguntó cómo estaba la situación de su familia. Me dijo que está en un cuarto sin ventilar, sin luz, no le permiten salir a tomar sol, están en un cuarto donde hay cucarachas, garrapatas, en una celda de máxima seguridad. Él está separado de otras personas que igualmente están siendo acusadas por asuntos de índole política. Donde él está solo están los tres: él, Pedro Mena y Silvio Pineda. Este último se ha visto involucrado en este caso pero no ha participado en las protestas cívicas, es un ciudadano que estaba movilizándose en determinada zona del país, fue detenido e incorporado a este proceso, dice que no conocía a Mena ni a Mairena", precisó Montenegro.

En la acusación contra Mairena se señala que es el líder de un "grupo criminal" que ha planificado y orientado actos ilícitos, entre ellos robos, asesinatos y secuestros desde los tranques. Le atribuyen la captación de fondos para la compra de alimentos, armas, municiones y combustible para el mantenimiento de los tranques.

Mientras se acerca el inicio del juicio contra Medardo Mairena, Pedro Mena y Silvio Pineda, los comunitarios de Punta Gorda se preparan para marchar en su localidad solicitando la liberación.

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