El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil recibió hasta la noche del miércoles, cuando vencía el respectivo plazo, un total de 16 impugnaciones contra la candidatura presidencial del ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso por corrupción, informaron este jueves fuentes oficiales.
Entre los que exigen que se vete la participación del líder socialista en las presidenciales del 7 de octubre, en su mayoría partidos políticos, destacan la propia Fiscalía General de la República y el Ministerio Público Electoral.
Pese a que lidera con gran ventaja todas las encuestas de intención de voto para las presidenciales, Lula, preso desde abril pasado para cumplir una condena de 12 años por corrupción, está virtualmente inhabilitado debido a que la legislación veta las candidaturas de condenados en segunda instancia por tribunal colegiado, como es su caso.
Pese a ello, el Partido de los Trabajadores (PT) inscribió su candidatura el 15 de agosto pasado con el argumento de que Lula fue condenado sin pruebas víctima de una persecución política y de que la democracia estaría amenazada con el veto del aspirante favorito a vencer las elecciones.
La última palabra la tendrá el Tribunal Superior Electoral, que aún no se ha pronunciado sobre el asunto y tiene de plazo hasta el 17 de septiembre, cuando faltarán 20 días para las elecciones.
De acuerdo con la legislación electoral, el Tribunal publicará en los próximos días un edicto en el que constarán todas las peticiones de impugnación contra Lula y a partir de ese momento la defensa del ex presidente tendrá un plazo de siete días para responder a todos los asuntos cuestionados.
De las impugnaciones, siete fueron presentadas por otros candidatos presidenciales, por partidos políticos y por coaliciones partidarias.
La más detallada es la presentada por la procuradora general de la República, Raquel Dodge, que también es la procuradora general electoral, y quien impugnó la candidatura de Lula pocas horas después de que fuera inscrita.
Dodge alegó en su recurso que el caso del ex presidente está claramente enmarcado en la llamada Ley de Ficha Limpia, sancionada por el propio Lula y que veta la postulación a cualquier cargo público de personas condenadas en segunda instancia.
Entre los que cuestionaron oficialmente la candidatura de Lula figura el diputado ultraderechista Jair Bolsonaro, candidato por el Partido Social Liberal (PSL) y quien lidera los sondeos de intención de voto cuando el ex presidente es excluido de la lista de posibles candidatos.
Según un amplio sondeo divulgado el miércoles por la firma Datafolha, en la simulación con el ex presidente en la lista de candidatos, Lula tiene el 39% del favoritismo y Bolsonaro el 19%.
En la simulación sin Lula, que es considerado por las encuestadoras como el escenario más probable, el favorito es Bolsonaro, con el 22%, seguido por la líder ecologista Marina Silva (16%), el diputado laborista Ciro Gomes (10%) y el socialdemócrata Geraldo Alckmin (9%).
Las demás impugnaciones fueron presentadas por abogados y ciudadanos comunes, a los que la ley permite alertar al tribunal sobre situaciones que puedan inhabilitar a un candidato.
El tribunal también recibió una impugnación contra la candidatura de Bolsonaro, presentada por un ciudadano que alegó que el diputado es inelegible por responder penalmente a un juicio por injuria y apología al crimen, y otra contra Alckmin, cuyo autor citó supuestas irregularidades en las convenciones de algunos de los partidos que anunciaron su respaldo a las aspiraciones del exgobernador de Sao Paulo.
Como ninguno de los otros diez candidatos a la presidencia fue impugnado, el Tribunal comenzó el mismo miércoles el proceso de aprobación del registro de sus respectivas candidaturas.
Entre los aspirantes cuyas candidaturas ya fueron oficialmente aprobadas, por decisión unánime de los siete miembros del Tribunal Electoral, figuran Marina Silva, el empresario Joao Amoedo y el líder del Movimiento de los Sin Techo Guilherme Boulos.
Con información de EFE
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