Reporteros Sin Fronteras y la SIP denunciaron un "retroceso" de la libertad de prensa y expresión en Nicaragua

Las organizaciones responsabilizaron al gobierno de Daniel Ortega por el acoso y una campaña de agresión sistemática contra los medios

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La prensa en Nicaragua está
La prensa en Nicaragua está siendo hostigada por el gobierno de Daniel Ortega

Las libertades de prensa y de expresión están en retroceso en Nicaragua, producto de la "agresión sistemática" del presidente Daniel Ortega, informaron hoy en Managua la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Reporteros Sin Fronteras (RSF).

Una delegación conjunta de la SIP y de RSF llegó a esa conclusión luego de sostener más de 30 reuniones con representantes de medios de comunicación, periodistas independientes, estudiantes, campesinos, empresarios, Iglesia Católica, diplomáticos y con el ex presidente Enrique Bolaños, esta semana.

Las organizaciones concluyeron que "las libertades de prensa y expresión están en retroceso, como consecuencia de una campaña de agresión sistemática, sostenida y permanente de parte del gobierno del presidente Daniel Ortega", en un comunicado, leído por el presidente de la SIP, Gustavo Mohme.

La SIP y Reporteros Sin
La SIP y Reporteros Sin Fronteras estuvieron en Nicaragua para analizar la situación de la libertad de expresión (AFP)

Según las organizaciones, la libertad de prensa "se halla en este país bajo un claro acoso por parte de autoridades y agencias policiales", y que dicha responsabilidad "corresponde en términos políticos, jurídicos e históricos al gobierno que encabezan el presidente Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo".

La SIP y RSF resaltaron que la "política represiva" del Gobierno contra la prensa inició desde que Ortega volvió al poder, en 2007, y que "se ha incrementado y agravado a través de los años".

Las organizaciones recordaron que Ortega prometió en 2001, en la Declaración de Chapultepec, y en 2006, ambas ocasiones como candidato a la presidencia, "un respeto irrestricto a la libertad de expresión" que supuestamente no había practicado cuando gobernó Nicaragua entre 1980 y 1990 por la guerra interna.

En su lectura, Mohme resaltó que la misión de la SIP y RSF vio "con alarma" las denuncias de periodistas y medios de comunicación "sobre los altos niveles de represión, incluso letal, por parte de fuerzas policiales", contra manifestantes y reporteros.

Entre las agresiones, fueron mencionadas las "amenazas, persecución, intimidación y campañas de difamación, en especial en casos que involucran a periodistas en el interior del país", como el asesinato del reportero Ángel Gahona o la explosión de Radio Darío.

También denunciaron las "prácticas oficiales de asfixia económica" o la discriminación contra medios independientes, así como la política de "discurso único y de propaganda", "cultura del secreto permanente sobre información oficial", lo que "suele generar autocensura".

Desde que estallaron las protestas
Desde que estallaron las protestas en Nicaragua, un reportero fue asesinado y un explosivo detonado en una estación radial

La SIP y RSF demandaron a Ortega "el cese inmediato de toda acción de agresión física, intimidación y amenazas", la investigación profunda de actos violentos contra periodistas y la aplicación "severa" de la ley a los responsables.

También exigió respeto y cumplimiento a las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la búsqueda de "un diálogo de respeto y tolerancia que permita una salida democrática a la grave crisis político social que se vive en el país".

El documento será enviado al "Grupo de Trabajo" sobre Nicaragua de la Organización de Estados Americanos (OEA), afirmó Mohme, quien fue acompañado por el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock, el director ejecutivo de la SIP, Ricardo Trotti, y por RSF participa Emmanuel Colombié.

Nicaragua atraviesa la crisis más sangrienta desde la década de 1980, también con Ortega como presidente, y que ha dejado entre 317 y 448 muertos, según varios organismos humanitarios, cifra que el Gobierno fija en 198.

Las protestas contra Ortega y Murillo, iniciaron el 18 de abril pasado, por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia de ambos, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.

Con información de EFE 

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