El Gobierno de Nicaragua fijó en 197 los muertos en el marco de las protestas contra el Ejecutivo de Daniel Ortega que comenzaron el pasado 18 de abril, y acusó a los organismos humanitarios de manipular, con fines políticos, la cifra de fallecidos.
"Las organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, continúan manipulando, con fines políticos, los datos de personas fallecidas por diversas causas, haciéndolas aparecer como si todas se ocasionaran en el contexto del intento de golpe de Estado", denunció el canciller nicaragüense, Denis Moncada, en alusión a las revueltas populares.
En comparecencia con medios oficiales, el canciller sostuvo que esos organismos han ofrecido supuestamente una cantidad superior de muertos para promover "una percepción de mayor inestabilidad e inseguridad en perjuicio del Gobierno y del pueblo nicaragüense".
Según el reporte oficial, elaborado por la Policía Nacional y que tilda a todos los muertos como "víctimas del terrorismo golpista", entre el 19 de abril y el 25 de julio fallecieron en Nicaragua 450 personas: 197 "en el contexto del intento del golpe de Estado y 253 fallecidos producto de actividad delictiva común".
"De todas las 197 víctimas solamente hay cinco estudiantes universitarios, cuatro estudiantes de secundaria, y un estudiante de primaria, para un total de 10″, frente a 22 oficiales, indicó, por su parte, el inspector general de la Policía Nacional, Jaime Vanegas.
El jefe policial afirmó que los organismos han incluido en sus informes a las 253 personas que han fallecido en ese mismo lapso por la actividad delictiva común "para desprestigiar, difamar y dañar la imagen del Gobierno".
"Estos datos estadísticos señalan a quienes alentaron, dirigieron y ejecutaron estas sangrientas acciones terroristas, con el objetivo de cambiar inconstitucionalmente el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional democráticamente electo, cuyos responsables hemos venido denunciando y deben comparecer ante la justicia", complementó el canciller Moncada.
El 7 de junio la Conferencia Episcopal propuso a Ortega que adelantara a marzo de 2019 las elecciones fijadas para 2021 y que renunciara a presentarse a la reelección, pero Ortega lo rechazó.
Las próximas elecciones presidenciales en Nicaragua están fijadas para 2021, pero diferentes sectores de la sociedad civil han pedido un adelanto electoral y una reforma constitucional, lo que ha sido rechazado por Ortega, que denuncia un intento de "golpe de Estado".
La vicepresidenta nicaragüense, Rosario Murillo, dijo que exigirán que "los golpistas" paguen "por sus "crímenes".
La CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias", lo que Ortega ha negado.
Mientras, la ONG Human Rights Watch (HRW) criticó el despido de decenas de médicos nicaragüenses en una aparente represalia por haber participado en las protestas contra el Gobierno o haber expresado diferencias con su gestión.
Las protestas contra el Gobierno comenzaron el pasado 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia de Ortega, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
Con información de EFE
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