Dos enviados especiales del papa Francisco para investigar un escándalo de abuso sexual infantil en Chile se reunieron con sacerdotes y trabajadores de la Iglesia en una universidad en Santiago el mes pasado.
Cuando los asistentes entraron a la sala, se encontraron con una situación que los sorprendió: policías y fiscales estaban a punto de iniciar una redada en las oficinas de la iglesia.
Los enviados estuvieron 90 minutos en un seminario sobre cómo investigar las acusaciones de abuso sexual cometidas por otros clérigos tras las revelaciones de que cientos de niños podrían haber sido violentados.
Durante décadas, la Iglesia católica en Chile investigó silenciosamente tales denuncias sin alertar a la policía, pero ahora es acusada, incluso por el propio papa Francisco, de un encubrimiento que permitió a los abusadores operar con impunidad.
Uno de los clérigos que escuchaba a los enviados era Jaime Ortiz de Lazcano, asesor legal del arzobispo de Santiago. Los ayudantes corrieron a su lado y le dijeron: "Padre, vaya (a las oficinas de la Iglesia) porque va a haber una redada", relató más tarde.
La policía y los fiscales estaban organizando allanamientos simultáneos en oficinas de la Iglesia a menos de un kilómetro de distancia de la universidad y también fuera de la capital, en busca de pruebas de delitos sexuales que la Iglesia no había denunciado.
La sorpresa, ordenada por Emiliano Arias, un fiscal provincial, marcó el comienzo de lo que los expertos que rastrean crímenes sexuales en la Iglesia católica romana dicen que es una de las investigaciones más agresivas por parte de una autoridad judicial en cualquier parte del mundo.
Desde esa fría tarde de junio ha habido cinco incursiones más en las oficinas de la Iglesia para confiscar documentos, teléfonos y computadores, obligando al Vaticano a responder a un escándalo que se desarrolla rápidamente y que es la peor crisis de imagen de Francisco, actualmente en su sexto año de papado.
Liderando la acusación contra la Iglesia está Arias, de 45 años, quien cuenta con experiencia en la lucha contra el crimen organizado y demuestra una cierta afición por el espectáculo al llevar los equipos de noticias de televisión en los allanamientos.
Arias dijo a Reuters en una entrevista que los documentos confiscados por su equipo contenían 30 casos de presuntos abusos que datan de 2007 y que la Iglesia no había denunciado a la policía.
Aunque a Reuters se le permitió filmar a sus investigadores analizando detenidamente los documentos incautados, se negó a dar detalles de los archivos, porque dijo que aparecían nombradas víctimas de abuso.
También afirmó que algunos funcionarios locales de la Iglesia habían intentado destruir documentos, pero que su equipo, formado por dos fiscales, tres abogados y una unidad de policía especializada en delitos sexuales, los había salvado. Se negó a decir quién había intentado destruirlos o cómo habían tratado de deshacerse de ellos.
Reuters no pudo confirmar de manera independiente esas afirmaciones.
Víctor Villa Castro, jefe de comunicaciones del arzobispado de Santiago, dijo que no podía comentar ningún caso bajo investigación de la fiscalía.
"Sin embargo, diríamos que no tenemos conocimiento de la destrucción de documentos, ni del encubrimiento de crímenes", aseguró. "Las víctimas son las primeras y las más importantes en esto, y cooperaremos con las autoridades civiles de cualquier forma que pueda ayudar a llegar a la verdad de estos asuntos".
Arias dice que quiere arrestar tanto a quienes perpetraron el abuso como a quienes, según él, ayudaron a encubrirlo. Arrestó a Óscar Muñoz, uno de los principales asesores del arzobispo de Santiago, el cardenal Ricardo Ezzati, luego de confiscar documentos de la iglesia en los que Muñoz confesó haber cometido delitos sexuales.
El abogado de Muñoz ha reconocido que algunas de las acusaciones en los documentos son ciertas, pero dice que desacreditará otros.
Arias citó la semana pasada a Ezzati, el católico romano más antiguo de Chile, como imputado, acusándolo de encubrir los presuntos abusos de su ayudante. Ezzati ha negado cualquier acto ilícito y prometió cooperar.
Arias dijo que lanzó las redadas después de que los funcionarios de la Iglesia en Rancagua, la capital de la región de O'Higgins, le dijeron que tendría que hacer una petición formal al Vaticano para obtener la información que buscaba porque estaba protegida por un "secreto pontificio".
Un portavoz de la oficina del arzobispo de Rancagua dijo que el Vaticano les dijo que lo hicieran. El portavoz del Vaticano, Greg Burke, no quiso hacer ningún comentario.
La Iglesia católica dice que la disposición "secreto pontificio" en la ley canónica tiene la intención de proteger la privacidad de todos los involucrados en reclamos de abuso sexual. Los críticos dicen que los obispos lo han usado históricamente como escudo para bloquear las investigaciones de las autoridades civiles.
"No estamos hablando de un fraude o un robo, estamos hablando de crímenes contra los niños", dijo Arias en la entrevista en su oficina en Rancagua.
"Grave negligencia"
Las acusaciones de abuso sexual de menores por parte del clero no son nuevas, pero bajo la ley chilena, que rige la separación de la Iglesia y el Estado, la Iglesia Católica, una institución poderosa y políticamente influyente en la conservadora nación andina, no tiene la obligación legal de informar las acusaciones a la policía.
El escándalo de abuso sexual llegó a un punto crítico después de que el papa Francisco visitó Chile en enero, e inicialmente desestimó las afirmaciones de los que acusaban de encubrimiento a parte de altos funcionarios de la Iglesia. Una reacción violenta entre los defensores de los sobrevivientes de abusos lo llevó a enviar a un investigador, el arzobispo Charles Scicluna de Malta, quien produjo un informe confidencial de 2.300 páginas sobre las acusaciones.
Después de recibir el informe, el papa Francisco escribió una carta abierta a los fieles de Chile en mayo en la que denunciaba "la cultura del abuso y el sistema de encubrimiento" por parte de la Iglesia en Chile.
Convocó a los 34 obispos de Chile a Roma en mayo, donde estos ofrecieron renunciar en masa. Hasta ahora ha aceptado cinco dimisiones y se espera que acepte más.
Arias habla casi sin emoción durante la entrevista de una hora hasta de cómo, según acusadores, los sacerdotes convencían a sus víctimas de que no estaban haciendo nada malo. Luego muestra destellos de ira, a veces tan apasionados que se enreda con sus palabras.
"He visto algunos casos difíciles, pero lo que me sorprende de todo esto es el abuso de conciencia, cómo un acusado ha entrado en el alma de otra persona y es capaz de convencerlo de que satisfacer sus deseos ni siquiera es un pecado", dijo el fiscal, quien describe a su familia como "muy católica", aunque afirma que él ya no es practicante.
Arias dijo que puede enjuiciar a altos funcionarios de la Iglesia por encubrimiento si puede demostrar que sabían sobre el abuso sistemático y no hicieron nada para detenerlo, u ocultaron evidencia para evitar que las autoridades civiles los abordaran.
Pero primero debe enjuiciar a los abusadores, dijo María Inés Horvitz, abogada del Consejo de Defensa del Estado de Chile.
Para eso, debe encontrar casos dentro de los últimos 10 años, un potencial problema que ha agobiado a fiscales en otros países, o dirigirse al único tribunal en Chile que todavía maneja casos de antes del año 2000, que está con una lista de trabajo atrasado.
Celo fiscal
El fiscal nacional instruyó el mes pasado a todos los encargados provinciales buscar denuncias de abuso sexual con más vigor.
Pero Arias ha ido mucho más allá que sus colegas en su celo por procesar a los acusados. En repetidas ocasiones ha ampliado su mandato, de un puñado de casos a decenas, desde su base provincial a la capital, y de investigar denuncias de abuso por 14 sacerdotes en Rancagua a la presunta complicidad de Ezzati, el arzobispo de Santiago.
Como resultado de descubrir nuevos casos en documentos de la Iglesia, el fiscal nacional la semana pasada lo autorizó a expandir su investigación a otras regiones.
El sitio BishopAccountability.org, que rastrea acusaciones de abuso sexual por parte de sacerdotes católicos romanos, dice que la única investigación comparable fue en Bélgica en 2010 cuando la policía lanzó incursiones coordinadas en las oficinas de la Iglesia y el hogar de un cardenal. Esa investigación no dio lugar a enjuiciamientos debido a la prescripción.
Arias está llevando a cabo su investigación ante la ausencia de respaldo público por parte del gobierno de centroderecha del presidente Sebastián Piñera. Poco antes de asumir en marzo, Piñera criticó a la Iglesia por investigaciones "insuficientes" y una actitud "defensiva" ante el escándalo, pero desde ese momento ha permanecido en silencio respecto al tema.
Un portavoz del Gobierno no respondió a la solicitud de comentarios.
¿Por qué ahora?
Durante décadas, las acusaciones de abuso sexual por parte de los sacerdotes dieron vueltas entre la sociedad chilena, pero se hizo poco para abordarlas.
Pero este año eso cambió de repente.
Los observadores de la Iglesia dicen que varios factores contribuyeron a este momento decisivo: la atención internacional recibida por varias víctimas que se hicieron públicas; el pobre manejo inicial del Papa ante los reclamos; y el efecto del movimiento global #MeToo (Yo También).
La influencia de la Iglesia en Chile también se está debilitando, según muestran las encuestas de opinión pública, a pesar de que la nación predominantemente católica sigue siendo en gran medida conservadora en cuestiones sociales.
El decreciente apoyo para la Iglesia se hizo evidente cuando el Papa visitó Chile en enero. Había muchos asientos vacíos en sus misas públicas. Este fue "un punto de inflexión para el papado de Francisco", dijo un funcionario del Vaticano. "Fue cuando se dio cuenta de que estaba escuchando a las personas equivocadas sobre la situación real en Chile".
Para Arias, el siguiente mea culpa del Papa -reconociendo que la Iglesia había ocultado abusos- le dio el ímpetu que necesitaba para actuar. "Su descripción de lo que estaba sucediendo en Chile fue poderosa y debería preocuparnos a todos", dijo.
(Por Aislinn Laing y Cassandra Garrison – Reuters)
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