Los tres meses que cambiaron a Nicaragua: hasta dónde puede llegar el estallido que puso en jaque a Daniel Ortega

La pulverización de la democracia nicaragüense fue un proceso lento pero emprendido con mucha constancia por Daniel Ortega desde su regreso a la presidencia, en 2007, tras pasar 17 años en el llano. Poco a poco, fue colonizando a la Justicia y a los principales organismos de control, y reduciendo el margen de acción de la oposición.

La primera etapa se completó con la reforma Constitucional de 2014, que habilitó la reelección presidencial indefinida y eliminó la segunda vuelta electoral. El siguiente paso lo dio la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dos años más tarde. Le quitó la personería al Partido Liberal Independiente (PLI), principal fuerza opositora. Luego, el Consejo Supremo Electoral (CSE) destituyó a 28 de sus diputados.

Ortega se presentó a una nueva reelección el 6 de noviembre de 2016 con su esposa, Rosario Murillo, como candidata a vicepresidente, para que nadie dudara de que su proyecto político es también familiar. Sin una oposición real y sin ninguna garantía de transparencia en los comicios, informó resultados aplastantes: 72% de los votos y más de dos tercios de los escaños de la Asamblea Nacional.

"La protesta de nuestros estudiantes tiene múltiples y profundas raíces. La cada vez más visible corrupción de la cúpula gobernante, las decisiones unilaterales e inconsultas de un gobierno que estuvo dispuesto a negociar la soberanía del país con un inversionista chino supuestamente interesado en la construcción de un canal interoceánico; y la consolidación de una dictadura de tipo familiar, similar a la del somocismo que fue derrocado por los sandinistas", explicó Andrés Pérez Baltodano, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Ontario Occidental, Canadá, consultado por Infobae.

Lo sorprendente es que, hasta hace tres meses, Ortega había recorrido todo ese camino casi sin sobresaltos. Más allá de los reclamos de los opositores excluidos y de algunos referentes intelectuales, la sociedad nicaragüense aceptaba pasivamente el descomunal recorte de sus libertades.

"Lo que había era una ilusión. Pero, por debajo del iceberg, crecía una sensación de malestar constante. Desde que volvió al poder, Ortega fue metiendo presión y presión, y tapando las vías de escape, hasta que todo estalló. Los estudiantes lideraron una protesta cívica a la que se sumó el resto de la población porque ya estaba harta de que se hubieran cerrado todos los espacios políticos", dijo a Infobae el politólogo Umanzor López Baltodano, que forma parte de la articulación de movimientos sociales movilizados.

La chispa

Como suele ocurrir cuando se contiene durante mucho tiempo, la ira se expresó en forma de estallido. En pocos días, una sociedad que estaba adormecida salió a la calle a conmover los cimientos de un régimen que parecía tener todo bajo control.

"Un factor ha sido el retiro del dinero fácil de Venezuela, que había servido para apaciguar resistencias y comprar voluntades. De pronto, el país tuvo que empezar a vivir de lo propio, lo cual estuvo acompañado por el rompimiento de la alianza que se había cultivado en años anteriores con la cúpula empresarial (COSEP). Ortega perdió su espacio y su capacidad de negociación por falta de recursos frente a la sociedad, y recurrió a la violencia para reprimir las protestas", dijo a Infobae Günther Maihold, especialista en las transiciones democráticas de América Latina y el Caribe del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad.

El disparador fue la reforma de la Ley de Seguridad Social, que reducía las pensiones un 5%, y aumentaba la contribución de trabajadores y empresas. El mismo día que entraba en vigencia, el 18 de abril, comenzaron las movilizaciones.

"Es verdad que en el imaginario comenzó con la reforma, pero seis días antes se había producido una crisis en la Reserva Biológica Indio Maíz, que es una de las más importantes de Nicaragua —dijo López—. Eso generó descontento entre los universitarios, que tienen una conciencia ecológica muy sensible, y salieron a la calle para reclamar contra el tratamiento gubernamental. El hecho de que ya hubieran probado la fuerza de su organización generó un efecto contagio cuando se presentaron los cambios en la seguridad social".

En un primer momento, los manifestantes eran un grupo no demasiado numeroso, compuesto fundamentalmente por jóvenes. Pero la brutalidad con la que se reprimió despertó una indignación mayoritaria. Entonces sí las movilizaciones pasaron a ser masivas y heterogéneas. Ortega quiso descomprimir derogando los cambios el 23 de abril, pero ya era tarde.

"La chispa fue la reforma de la seguridad social, pero este régimen había acumulado agravios contra todos los sectores. Agredía a los universitarios a través del control mafioso de la Unión de Estudiantes, porque acceder a becas o a matrículas exigía pasar por sus dedos. Lo mismo con los pobladores del campo y de la ciudad, que para ingresar a programas sociales debían anotarse en el partido de gobierno. Y cualquier empresario, para realizar una gestión, tenía que someterse a las argollas del poder político. Todo eso se terminó encadenando en una gran demanda democrática", dijo a Infobae el político y académico nicaragüense Edmundo Jarquín, ex candidato opositor a la vicepresidencia.

La respuesta oficial alternó entre el uso desproporcionado de la fuerza y los llamados al diálogo. Ortega y Murillo participaron de la mesa que se desarrolló a partir del 16 de mayo en el Seminario de Managua. Duró apenas una semana. Ante la continuidad de la represión y la negativa de la pareja a convocar a elecciones libres y limpias, se cortaron las negociaciones.

"La escalada de violencia es notoria y se siente. El nicaragüense de todas las clases sociales se encuentra siempre en sensación de que algo le puede ocurrir. La Policía y los grupos paramilitares que el régimen ha sacado a la calle pueden atacar en cualquier momento. Tienen una política de terror y están en una cacería de líderes específicos, como Irlanda Jérez, referente de los comerciantes autoconvocados del Mercado Oriental, que fue secuestrada esta semana", contó López.

En algunos municipios, las comunidades empezaron a desafiar abiertamente el poder del Estado. El caso más emblemático es el de Masaya, una ciudad de 173 mil habitantes ubicada a 28 kilómetros de Managua, que el 18 de junio se declaró "territorio libre del dictador".

Pero el régimen redobló la presión en las últimas semanas. Paramilitares atacaron el 9 de julio la basílica de San Sebastián en la ciudad de Diriamba e hirieron a obispos que se encontraban allí. Luego desataron la "Operación Limpieza" para desalojar a Masaya y a otras cuatro ciudades tomadas por manifestantes. Después vino el desalojo de la Universidad de Nicaragua, en el que dos estudiantes fueron asesinados.

Al cabo de estos tres meses ya murieron más de 350 personas. Las negociaciones están caídas y el Gobierno parece confiado en que, a fuerza de terror, va a recuperar el control. Los movilizados, en cambio, están convencido de que su triunfo es inevitable. El miércoles sumaron el apoyo de la OEA, que condenó a Ortega por las violaciones a los derechos humanos y le exigió adelantar las elecciones.

"La invisibilidad del régimen autoritario de Ortega ante la comunidad internacional se ha acabado —dijo Jarquín—. No sólo por la resolución de la OEA, sino a nivel bilateral. Prácticamente toda América Latina ha expresado su condena, al igual que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Unión Europea. Está perdiendo en las calles y en el exterior".

Entre la ilusión y el espejo de Venezuela

Cuando se desata una crisis política como la que está viviendo Nicaragua suelen abrirse dos caminos. Si el régimen que es ostensiblemente repudiado por el grueso de la población opta por ceder relativamente rápido, para evitar que siga muriendo gente, hay muchas probabilidades de que haya una salida pacífica. Si, en cambio, se atrinchera y el conflicto comienza a prolongarse, puede ser muy peligroso. Sobre todo, en un país que tiene una pesada historia de guerras civiles.

"Dentro de la estrategia del gobierno está que la gente responda con violencia, trata de provocar eso. En Nicaragua hay muchas armas y es común que los ciudadanos estén armados. No obstante, hay que reconocer que la gente ha sido muy madura y no hubo una respuesta generalizada con violencia. La lucha por el regreso de la democracia se mantiene como cívica y no violenta. Si bien fueron tres meses muy duros, de muchas muertes, el pueblo logró poner contra la pared al régimen Ortega – Murillo. Se consiguieron grandes éxitos y esperamos que sigan para no llegar a un escenario de guerra civil", sostuvo López.

La escalada represiva de las últimas semanas sugiere que el clan Ortega no está dispuesto a irse, lo cual hace presumir que las muertes van a continuar. El objetivo es ir asustando y debilitando a los manifestantes, para que sean cada vez menos.

"Con las agresiones contra los obispos que trataron de facilitar el diálogo nacional y el rechazo de la intermediación por parte de la OEA, Ortega ha dado una clara señal de que no tiene intenciones de renunciar ni de facilitar una transición. Hay que considerar que la situación de Nicolás Maduro en Venezuela le muestra el sendero de cómo es factible sobrevivir con la desactivación de la sociedad civil. Este parece ser su plan", afirmó Maihold.

Hace poco más de un año, Venezuela estaba en una situación muy parecida. El régimen había cerrado los canales de participación democrática y se desató un estallido social. Fueron cuatro meses ininterrumpidos de protesta, en los que Maduro respondió con la fuerza de la Guardia Nacional y de los colectivos armados, responsables de más de 150 muertes.

Su caída parecía inminente, pero, gracias al apoyo del Ejército y de un núcleo duro muy cerrado, se sostuvo. En este momento, a pesar de que sumergió al país en la peor hiperinflación de la historia latinoamericana, cuesta imaginar su salida del gobierno en el mediano plazo. Ortega observa lo ocurrido y se ilusiona.

"Venezuela puede ser el espejo en el cual se vea el futuro de Nicaragua —dijo Jarquín—. Sin embargo, las diferencias son sustanciales. En primer lugar, es un país bastante más vulnerable a las presiones internacionales que Venezuela. Basta considerar la interdependencia que tienen los países centroamericanos, y todos condenaron lo que está sucediendo. En segundo lugar, hay que tener en cuenta la masividad y la heterogeneidad de las protestas. Además, hay que recordar que el sector privado nicaragüense tiene más peso que el venezolano, que había sido erosionado a lo largo de casi 20 años".

Es cierto, son países muy diferentes. Pero también es real que absolutamente nadie podía imaginar en abril de 2017 que Maduro iba a estar ahora en una posición tan consolidada en términos de su dominio sobre la política venezolana. Ese caso debería servir de ejemplo para no subestimar el poder de supervivencia de regímenes compactos, que tienen un control amplio sobre el aparato represivo del Estado, y que enfrentan a sociedades civiles relativamente débiles.

"¿Cómo terminará todo esto? Es muy difícil saberlo. La presión doméstica y la internacional se entrelazan hoy creando múltiples escenarios posibles para el futuro de la política nicaragüense. Lo que es claro es que habrá que decidir entre la confrontación política civilizada o la continuación de la barbarie en la que ha caído el país. En ambos casos, estamos hablando de un nueva Nicaragua, muy diferente a la que existió antes del fatídico Abril de 2018″, concluyó Pérez.

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