La presión para que cese la violencia que deja más de 350 muertos en Nicaragua creció el lunes con pronunciamientos de la ONU, Estados Unidos y países de América Latina, mientras en Managua se denunció la muerte de 18 campesinos y se aprobó una ley que castiga por terrorismo a quien destruya o dañe bienes públicos y/o privados.
El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó de "inaceptable" la cantidad de muertos y el uso de la fuerza en el marco de la crisis en Nicaragua y afirmó que es responsabilidad del Estado proteger a los ciudadanos.
"Hay una cosa evidente, el número de muertes es chocante y hay un uso letal de la fuerza por parte de entidades ligadas al Estado que no es aceptable", afirmó Guterres durante una visita a Costa Rica.
El secretario general de la ONU añadió que "es absolutamente esencial que cese inmediatamente la violencia, que se revitalice el diálogo político, porque solo una solución política es aceptable".
Guterres aseguró que los buenos oficios de la ONU están a disposición para trabajar en una solución pacífica al conflicto, pero subrayó que la región también debe tomar liderazgo y contribuir.
El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, afirmó que "lo que sucede en Nicaragua demanda una reacción de la Organización de las Naciones Unidas para detener la ola de violencia generalizada".
Por su lado, el Departamento de Estado de EE.UU. condenó los recientes ataques contra estudiantes, periodistas y miembros del clero en Nicaragua y avisó al presidente Ortega de que cada nueva víctima en las protestas "mina aún más" su legitimidad.
El Gobierno de EE.UU., que ha sido muy crítico con Ortega, reiteró su petición para que se celebren elecciones "anticipadas, libres, justas y transparentes" como vía para salir a la crisis.
En tanto, el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aseguró en Bruselas que en Nicaragua "la situación va de mal en peor", y anunció que se reunirá con el ministro secretario privado para Políticas Nacionales de Nicaragua, Paul Oquist, para abordar la situación.
Mientras, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, en un comunicado conjunto, expresaron su preocupación por la situación de Nicaragua y denunciaron la "violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales" que se produce en este país.
Anunciaron así su "más firme" condena a los hechos de violencia en el país, exigieron el desmantelamiento de los grupos paramilitares e instaron a reactivar el diálogo nacional.
La Organización de Estados Americanos (OEA) celebrará el miércoles un Consejo Permanente para seguir abordando la crisis en Nicaragua y votar una resolución de condena a la violencia.
El último crimen del régimen: 18 campesinos muertos
En Nicaragua, el Movimiento Campesino denunció el "asesinato" de al menos 18 de sus miembros durante un ataque armado en la zona central del país ocurrido el sábado pasado, del que responsabilizaron a Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Por su parte, el Parlamento aprobó una Ley que castigará por terrorismo a quien destruya o dañe bienes públicos o privados, en medio de la revuelta popular que comenzó el pasado 18 de abril y que el Gobierno califica como un "gravísimo problema del terrorismo".
La oposición nicaragüense denunció que el Ejecutivo busca con esa Ley "criminalizar" la protesta cívica ciudadana y la persecución contra organismos cívicos y la iglesia católica.
Murillo dijo este mismo lunes que ni el "terrorismo" ni los "diabólicos" podrán gobernar este país.
Nicaragua está sumergida en su crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente.
Las protestas contra Ortega se iniciaron el 18 de abril pasado, por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años consecutivos en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
(Con información de EFE)
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